En Chile:

Corte ordena abrir secretos tributarios de ex Endesa en caso de platas políticas

Un importante precedente judicial marcó esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago al desestimar una acción legal presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que buscaba mantener en secreto los registros tributarios de empresas sospechosas de financiar la política.

El caso partió a fines de 2017, cuando el periodista Matías Rojas, editor de Verdad Ahora, solicitó mediante Ley de Transparencia información respecto a la posible existencia de boletas o facturas ideológicamente falsas en la contabilidad de Endesa Chile -hoy Enel-, pidiendo acompañar “copia digital de todos los actos administrativos” sobre la materia en poder del SII.

Ello teniendo presente la auditoría efectuada en 2015 por el estudio Cariola Diez Perez-Cotapos, que detectó pagos de honorarios y servicios sin respaldo a figuras tanto de la derecha como vinculadas a la precampaña de Michelle Bachelet. Entre ellas, el geógrafo Giorgio Martelli, recaudador de la Nueva Mayoría condenado en la arista SQM de la investigación que partió con Penta.

Impuestos Internos se negó a entregar los documentos, por lo que Rojas ingresó un amparo enel Consejo para la Transparencia. Esta última corporación, luego de escuchar a ambas partes, ordenó al SII proveer el expediente completo que dio lugar al proceso de recopilación de antecedentes y fiscalización al contribuyente Enel, tachando solo información de carácter sensible.

La determinación fue resistida por el SII a través de un reclamo de ilegalidad que fue resuelto el pasado 3 de enero de 2019.

Ratificando la decisión del CPLT, el tribunal de alzada capitalino estimó que la publicidad de los documentos no lesiona los derechos tributarios de Enel, por cuando ésta no accionó tempranamente en resguardo de los mismos y tampoco se puede reconocer “al Servicio de Impuestos Internos capacidad para intervenir en nombre o representación de una empresa privada”.

“Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 21, N° 2 y 5 y 28 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la Información Pública y 8 de la Carta Fundamental, se declara que se rechaza, sin costas, el reclamo de ilegalidad presentado por Miguel Andrés Zamora Rendich, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, en contra de la Decisión de Amparo Rol C-3419-2017, del Consejo para la Transparencia, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho”, versa la sentencia (rol 408-2018).

BAJO SOSPECHA

Cabe consignar que la revisión del estudio Cariola Diez Perez-Cotapos a las cuentas de Enel reveló aportes fuera del marco legal hechos “al abogado Pedro Yaconi (asesor del ex presidente Frei) en 2009, por al menos $100 millones” y a Giorgio Martelli “por $50 millones”, según informó el diario El Mercurio en junio de 2015.

Tras conocer el hecho por la prensa, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) pidió a la compañía aclarar la veracidad de la información. A través de un oficio, la requerida admitió la destinación de recursos a Personas Políticamente Expuestas (PEP) “por la suma aproximada de CL$333 millones” en 2012 y “por CL$216 millones a proveedores que han sido señalados públicamente por medios de prensa por estar relacionados con el financiamiento de campañas políticas”.

En la lista aparecieron transferencias de dinero al ex senador RN Ignacio Pérez Walker “por US$200 mil entre 2013 y 2014; al miembro del parlamento mapuche, Raúl Acán, por US$80 entre 2012 y 2014, y al ex gobernador de Valdivia, Christian Cayuqueo, por US$100 mil entre 2012 y 2015”, indicó la Revista Pulso. Otro de los mencionados fue el entonces senador del Maule Norte, Andrés Zaldívar (DC), quien había cobrado cerca de 100 UF mensuales -entre 2008 y 2010- a la Fundación Huinay, lugada a Endesa.

Zaldívar contestó que no había irregularidad, ya que eran trámites legales cobrados en el ejercicio de su labor profesional de abogado -y no de funcionario público- para normalizar concesiones marítimas.

La hebra de pagos políticos de Endesa comenzó poco a poco a decaer, y pese a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) reconoció un perjuicio fiscal de $127.943.403 por pagos a proveedores sin respaldo -C2P Consultores de Pedro Yaconi, Asesorías e Inversiones IPEWA del ex senador Pérez Walker y Martelli y Asociados Limitada-, la entidad recaudadora se abstuvo de presentar querellas, posibilitando que varias compañías rectificaran la documentación tributaria y pagaran solo multas, evitando así llegar a tribunales.

EL NEXO ESPAÑOL

En 2016, la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno que Endesa era objeto de una investigación judicial, luego que la OCDE se enterara que la compañía, para obtener determinados permisos ambientales, había donado 3,5 millones de dólares a políticos chilenos durante el período electoral de 2013.

El fiscal español Juan Pavía Cardell pidió aclarar “si es que existe o ha existido algún procedimiento judicial en Chile, o alguna investigación a cargo de la Fiscalía Nacional o de otra autoridad competente chilena, en relación con la sociedad española Endesa S.A… por hechos que pueden constituir algún acto directo o indirecto de corrupción de funcionarios públicos… con el fin de obtener o conservar algún contrato o negocio de la Administración Pública”.

El requerimiento impulsó un conjunto de diligencias a cargo de la persecutora de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, que ordenó a la PDI hacerse con toda la contabilidad de la empresa desde el año 2009. De esa investigación todavía no se saben resultados.

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