Director de Gendarmería pide ocultar lista de presos en Punta Peuco
El director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, presentó un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago contra la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que le ordenó entregar la «nómina actualizada de los internos del penal de Punta Peuco y de los reos condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en el penal Colina 1, incluyendo aquellos hospitalizados».
El requerimiento fue ingresado en julio de 2018 por la periodista Pascale Bonnefoy, quien presentó un amparo ante el CPLT cuando el servicio tachó la identidad de los reclusos al dar respuesta a la solicitud con un archivo Excel.
Luego, el Consejo acogió la presentación y decidió que los datos revisten carácter público al provenir de los registros que deben existir «en cada centro penitenciario del país con la sentencia definitiva ejecutoriada por la cual se encuentran privados de libertad».
A partir de este criterio, el CPLT indicó en su resolución que «no resulta aplicable el régimen general de protección relativo al tratamiento de los datos personales, puesto que, tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen el carácter público de los antecedentes relativos a condenas penales, las que, además, actualmente se encuentran en cumplimiento».
Pese a esto, el máximo oficial de Gendarmería arguye que el organismo de transparencia «efectúa una interpretación errónea de las normas aplicables al caso, que no hacen sino exponer al Servicio y a sus funcionarios a incurrir en vulneraciones al principio de Responsabilidad Administrativa, y a infringir los derechos de las personas involucradas».
Alveal afirma que la determinación de dar publicidad a aquellos nombres tiene la probabilidad de generar «un daño colateral a las familias de los condenados, quedando en una situación de vulnerabilidad frente a terceros que puedan tener ideas o pensamientos contrarios… como por ejemplo verse expuesto a ‘funas'».
Agrega que aun cuando se eliminen los RUT, dicho dato puede ser recabado de otras fuentes disponibles en internet, y así los «condenados quedan en la indefensión y vulneración de sus derechos, tanto personales como los de su vida privada, honra y autoestima, atentando directamente a la recuperación social y efectiva ya que la aplicación de estas medidas se concibe como una manera de disminuir la probabilidad de reincidencia delictual».
El director, quien fue ratificado por Piñera en el mes de diciembre, empleó los mismos argumentos para interponer otro reclamo de ilegalidad contra una decisión similar del Consejo para la Transparencia que dispuso entregar al abogado Álvaro Aburto información general sobre la privación de libertad de personas involucradas en delitos contra los derechos humanos.
Por Matías Rojas
