Malas prácticas laborales en Dipolcar: La denuncia que Carabineros ignoró

Pocas veces, a menos que sea por escándalos tales como la Operación Huracán, la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) llega a protagonizar noticias publicadas en los medios de comunicación. Incluso si lo hace, puede que nadie fuera del mundo policial identifique sus huellas.

El pasado 13 de abril, distintos canales de TV informaron el hallazgo de un funcionario muerto al interior de Dipolcar. El oficial que entregó los detalles fue el general de Tránsito y Carreteras, Manuel Valdés, quien explicó que la víctima estaba «de servicio», pero «en un momento» fue «al baño» y desapareció.

«Los compañeros lo empiezan a buscar y lo encuentran en las circunstancias mencionadas», señaló.

Aun cuando faltaba hacer peritajes para descartar la participación de terceros, en las filas circuló rápidamente la hipótesis de un suicidio por problemas sentimentales o conflictos con un superior. No era para menos: según documentos elaborados por el Departamento de Salud Pública de Carabineros, entre los años 2016 y 2017 el número de fallecidos por dicha causa aumentó.

La labor policial «es una profesión con altos niveles de estrés, derivados de la tarea realizada y de factores relativos a las condiciones de trabajo», asegura una cartilla liberada en el hackeo que impactó a la policía a fines del año pasado, y que se dio a conocer con el nombre de Pacoleaks.

Verdad Ahora logró acceder a documentos que apuntan a graves deficiencias en el tratamiento de denuncias por abuso laboral e inconductas funcionarias que salpicaron a un jefe de Dipolcar. Por si fuera poco, cuando este medio pidió obtener copia formal de los antecedentes, la institución de Mario Rozas contestó, faltando crudamente a la verdad, que no existían registros.

CHIPE LIBRE

Los hechos se sitúan en Villarrica. Año 2018. El agente de iniciales N. C. intenta por diversas vías comunicar al estamento superior los problemas que mantiene con el teniente Rodrigo López, encargado de la Sección de Inteligencia Policial (Sipolcar) de la ciudad cordillerana. López critica constantemente la calidad de sus informes, vitales para la proyección de contingencias sociales y delictuales que servirán para organizar los servicios policiales en La Araucanía.

Uno de los casos se vincula con Gendarmería. El teniente López indica que «a la fecha han transcurrido tres días de paralización… y usted no ha suministrado ningún antecedente para el análisis respectivo de este Jefe de Sección». El cuestionado -un suboficial mayor con larga carrera en Dipolcar- se defiende, enumerando las rondas y fuentes «reclutadas» en el ámbito penitenciario por las cuales ha conseguido información detallada de las protestas gremiales.

En su alegato, N. C. plantea que «no obstante el esfuerzo de búsqueda de información, el gremio de Gendarmería es sensible, toda vez que, de no ser debidamente tratada, la especialidad queda expuesta a ser denunciada a estamentos judiciales, por la intromisión en sus derechos laborales».

Más adelante, el funcionario expresa que se siente «afectado y estima que existe una animosidad… en cuanto a la gestión que realiza el suscrito, no así en otras situaciones que sí pueden tratarse de falta de compromiso».

Dentro de los oficios obtenidos por este portal de investigación periodística, N. C. enrostra al teniente Rodrigo López diversas anomalías en el funcionamiento de la unidad, que, según sus palabras, no eran perseguidas con el mismo ímpetu, como el caso de un suboficial de nombre Ricardo Cabello que «se llevaba el auto fiscal para la casa», o de otros funcionarios que tenían chipe libre para conseguir permisos de salida.

Incluso Cabello -recordaba N. C.- había confeccionado un informe curricular de un postulante a Carabineros de Chile que contenía «errores ortográficos y datos falsos», sin embargo, la sanción no había escalado a mayores.

«(Quiero pedir) que se realice una auditoría en relación a la entrega de los vales Sodexos, debido a que el Sr. Jefe de Sección tiene ordenado que los vales se entreguen todos juntos una vez al mes, independiente de los servicios que se realizan por parte del personal. Para ello, confrontar las tablas de servicio desde el año 2017 a la fecha, con el libro de novedades del Suboficial de Guardia y las planillas de alimentación», declararía más tarde el reclamante.

DESPROTEGIDO

Fueron varios los esfuerzos de N. C. por advertir oportunamente a altos uniformados sobre el «mal ambiente laboral» que imperaba en la Sipolcar Villarrica. Tales quejas, según fuentes policiales, llegaron a oídos no solo del coronel de la época Raúl Peña, sino del entonces general de inteligencia Patricio Escobar.

Se inició un sumario, sin embargo, Carabineros cometió un profundo error: estando un hombre estudioso en Derecho como Escobar al mando de Dipolcar, se pasó por alto la protección legal que ampara a los funcionarios que denuncian actos reñidos con la probidad, conforme lo establece la Ley N° 20.205.

Dicha norma, recogida en fallos de la Corte Suprema, expresa que los servidores públicos «no pueden ser trasladados de localidad o de la función que desempeñan… en el lapso que medie entre la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva tenerla por no presentada», o hasta 90 días después de haber terminado la investigación.

Esto no corrió para N. C., quien fue trasladado rápidamente a otra unidad, mientras que el denunciado por acoso, el teniente López, siguió como si nada encabezando la Sipolcar Villarrica, el mismo lugar sensible donde estaban poniendo en duda su gestión.

NO HAY NADA

A fines de 2019, Verdad Ahora solicitó por Ley de Transparencia acceder a toda investigación administrativa contra personal de la Sipolcar Villarrica que hubiese considerado como parte de las imputaciones «un mal uso de vehículo fiscal», pero esto fue negado. La causal: presunta inexistencia de la información.

El oficio, firmado por el coronel del Departamento de Información Pública, Juan Rodríguez, dice que «efectuada una exhaustiva búsqueda en los archivos digitales pertinentes, no existen antecedentes sobre lo consultado», ignorando así la Providencia N° 01, de fecha 6 de junio de 2019, de la Prefectura Villarrica N° 3, por medio de la cual se pidió indagar el punto referido.

Tras el bochorno, N. C. optó por acogerse a retiro. Del resultado de la indagatoria, nada se sabe.

Por Matías Rojas