Viña del Mar: Suprema ordena reintegrar a inspector de la PDI que acusó irregularidades
La Corte Suprema decidió acoger un recurso de protección que buscaba frenar el despido del inspector de la PDI Reinaldo Yáñez, quien fue sancionado tras denunciar presuntas faltas cometidas por el ex jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, subprefecto Pablo González, en el cumplimiento de órdenes de investigar emitidas por la Fiscalía.
En 2017, el funcionario puso en conocimiento de la Inspectoría General de Investigaciones que su jefe directo, para ocultar una mala gestión, pedía alterar en el sistema computacional las fechas de los decretos y diligencias requeridas por autoridades de justicia.
Aunque la irregularidad fue comunicada oportunamente al mando, Yáñez fue imputado por hacer «acusaciones tendenciosas e infundadas», se abrió un sumario para establecer cómo accedió a la base de datos que le permitió dar cuenta de la anomalía y, finalmente, se le expulsó de la institución.
Según el máximo tribunal del país, lo anterior fue arbitrario e ilegal, ya que la PDI infringió la protección legal que ampara a los funcionarios que denuncian actos reñidos con la probidad, según el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, incorporado a través de la Ley N° 20.205.
La Suprema resolvió que éstos «no pueden ser trasladados de localidad o de la función que desempeñan, sin la autorización por escrito, en el lapso que medie entre la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva tenerla por no presentada», o hasta 90 días después de haber terminado la investigación.
«Dichos funcionarios, tampoco pueden ser objeto de calificación anual si el denunciado fuese su superior jerárquico, durante el lapso antes indicado, salvo que expresamente lo solicitare el denunciante», agrega el fallo con el rol 5156-2018.
Concluye así «que tanto el traslado del recurrente de la localidad en que se desempeñaba, como la calificación que a su respecto efectuó la Junta Calificadora y que derivó en su separación del cargo son ilegales, razón por la cual se hará lugar al recurso de apelación interpuesto por el recurrente, las que además, transgreden la garantía de igualdad ante la ley».
«La recurrida deberá proceder al reintegro al servicio del Sr. Yañez, en el lugar que éste se desempeñaba antes de su traslado y a pagarle en forma íntegra sus remuneraciones desde la fecha en que fue separado del servicio hasta la de su reincorporación, todo lo cual deberá cumplir en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que esta sentencia quede a firme», puntualiza.
¿Caso aislado?
Verdad Ahora tuvo acceso a un documento ingresado al despacho del ministro del Interior Andrés Chadwick el pasado 20 de julio. Se trata de una carta escrita por el abogado Guillermo Flores, cónyuge de una funcionaria que habría sido víctima de acoso laboral por parte del mismo oficial que se denuncia en el recurso del inspector Reinaldo Yáñez.
El jurista explica que el subprefecto Pablo González «no comulgaba con su calidad de mujer y madre, y la discriminaba directamente por ser hija de un juez de la República… le señaló que apenas su padre se jubilara la sacaría de su Unidad de Quilpué y le haría la vida imposible, cuestión que fue así».
En el documento, Flores señala que «diversas conductas de parte de la Policía de Investigaciones de Chile y omisiones e inactividad por parte del Ministerio Público, están afectando a mi familia, al punto de que mi cónyuge está en tratamiento desde el 2016, los síntomas que presenta son ansiosos y depresivos que se reportan asociados a hostigamiento y a un inadecuado ejercicio del poder en su lugar de trabajo».
El denunciante expone que los canales internos de denuncia «no están al servicio de los funcionarios», recordando el caso del subcomisario Alejandro Vignolo, quien dio a conocer al fiscal nacional Jorge Abbott presuntos delitos de cohecho y fraude al Fisco al interior de la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol), donde se estarían pagando clases no realizadas y nombrando a profesores a dedo.
Ello pues su esposa, «el mismo día que presentó una denuncia en la Contraloría Regional de la República por acoso laboral, lo hizo de igual manera en el Departamento V de Asuntos Internos, sin resultado alguno desde el 7 de diciembre de 2017».
Agrega que al ver lo sucedido con ella, teme por la integridad psicológica «de otros funcionarios que no tienen abogado que los pueda proteger» y que «sucumben a las amenazas de sus superiores». En particular cita los nombres de dos miembros de la PDI que cometieron suicidio en menos de un mes: el inspector J. B. F. de Policía Internacional, fallecido el 14 de julio, y la comisario C. P. C. de la Brigada de Robos Centro Norte, el 17 de julio.
Por Matías Rojas
en el año 2007 el subcomsario hector guzman dio cuenta a la fiscalia y a sus superiores de una red de pedofilia al interior de la pdi en valparaiso. Hoy 2018 el Estado de chile aun tramita el caso en tribunales. Funcionario que denuncia corrupcion es despedido con falsificacion de la destitucion.