Nuevo seremi de Culturas del Maule recibió pagos cuestionados por Contraloría

Un examen de cuentas realizado por Contraloría en la comuna de Villa Alegre constató eventuales irregularidades en la contratación del comunicador Pablo Amaro Valenzuela, quien fue nombrado esta semana como el nuevo representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Maule por el gobierno de José Antonio Kast.

La entidad verificó que el organismo edilicio, durante el período comprendido entre los meses de enero y agosto de 2024, pagó a Amaro «la suma de $13.424.000, para desempeñarse en el Programa de la Juventud, realizando labores asociadas con la difusión de actividades afines a dicho programa», las cuales no contaron con respaldos suficientes para acreditar su desarrollo.

Se observó además que, entre enero y octubre de 2024, existió una contratación paralela en beneficio del mismo servidor, por un monto de $17.024.520, que le mandataba a desempeñar «servicios profesionales especializados en manejo comunicacional y apoyo técnico».

«De la revisión efectuada a los respaldos de los decretos de pago relacionados con el contrato de prestación de servicios… se detectó que, para los meses de enero, febrero, marzo y junio de 2024, los informes de actividades mensuales se basaron en actividades generales; en el mes de abril de 2024, no consta un informe de actividades elaborado y firmado por el prestador; y en el mes de mayo de 2024 no existen los medios de verificación», puntualiza el Informe N° 240/2025, publicado en octubre de 2025.

Asimismo, la Contraloría cuestionó la ausencia de un título profesional que se hubiere tenido a la vista para ejecutar las tareas, «hecho que permite inferir que no se dio cumplimiento con ello a lo exigido en el numeral 3, de los términos de referencia que regularon dicha contratación».

En ambos casos, las funciones encomendadas se referían a labores que ya debían ser desarrolladas por la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Villa Alegre.

«Sobre los dos resultados precedentes, ese municipio deberá efectuar una revisión exhaustiva con el objeto de determinar las tareas que efectivamente realizó, correspondiéndole respecto de las que no ejecutó determinar su cuantía e iniciar las acciones que en derecho procedan para obtener la restitución de esos fondos», sostiene el documento.

La fiscalización ordenó la instrucción de un sumario interno para perseguir las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas.

GESTIÓN DE CONCEJALA

Según documentos obtenidos por Verdad Ahora, el nombre de Amaro figuró no solo en denuncias realizadas por los diputados maulinos Francisco Pulgar (Distrito 17) y Consuelo Veloso (Distrito 18), sino que también por la concejala DC María Ignacia González, quien desapareció en junio de 2025.

En agosto de 2024, Veloso pidió oficiar a la contralora Dorothy Pérez luego de haber concurrido «en compañía de la señora María Ignacia González y el señor Horacio Lobos, ambos concejales en ejercicio de la comuna de Villa Alegre, a fin de hacer entrega (a la Contraloría de Talca) de un documento en el cual se daba cuenta de numerosas irregularidades que se habrían suscitado en diversos procedimientos realizados por la Municipalidad».

La presentación, que no había tenido respuesta por más de nueve meses, aludía a hechos ocurridos bajo la administración del alcalde Pablo Fuentes Vallejos, como tratos directos entre 2021 y 2023 -que representaban un 75% del total de las adquisiciones-, sobreprecio en la compra de un inmueble, retrasos en la ejecución de proyectos, anomalías en el servicio de alumbrado público, «asesores que cumplen roles idénticos a los que realizan funcionarios» y honorarios injustificados.

Uno de los puntos señalados en el documento decía: «Naturaleza de los Honorarios. Proporción, funciones, de los señores, Gerardo Castillo, Oscar Castro, Pablo Amaro».

Enseguida relataba que «la plataforma de Transparencia Activa describe las funciones de Amaro como ‘Programa comunicacional que integre el uso de las Redes Sociales, para socialización de servicios y trámites’, siempre como persona natural contratada a honorarios por parte de la Municipalidad. Los pagos al señor Amaro son de $1.500.000.- brutos los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2022, subiendo a $3.000.000.- brutos en noviembre (por el pago de dos meses)».

«Y en junio de 2023, recibió dos pagos de $3.448.000.- cada uno por el mismo mes, ambos correspondientes a pagos por trabajos del mes de mayo. Las funciones corresponden a ‘Orientación en manejo de redes y plataformas comunicacionales, realización de material audiovisual’ por un lado para Educación y por otro a la Municipalidad, ambos en el mismo mes y por el mismo monto», indica.

En septiembre de 2024, la Contraloría acogió la denuncia, ordenando a la Municipalidad de Villa Alegre evitar «la contratación de personas (a honorarios) para efectuar tareas que constituyen una función regular propia de la gestión interna municipal».

VÍNCULOS CON LA UDI

En los comicios de octubre de 2024, Pablo Amaro compitió con un cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) como candidato a alcalde por la comuna de San Clemente. En publicaciones difundidas por esa tienda, el actual seremi -quien ejerció el cargo de concejal- fue descrito como parte del «equipo de Evelyn Matthei», aspirante al sillón presidencial por Chile Vamos.

Tras no alcanzar los votos, en 2025, Amaro brindó su apoyo para ser reelegido como parlamentario del Distrito 17, en su calidad de militante de la UDI, a Felipe Donoso, yerno del senador Juan Antonio Coloma.

«Quiero mandar un gran saludo y todo mi respaldo a mi amigo y diputado Felipe Donoso, quien ha demostrado con creces levantar la voz y con fuerza en el parlamento defendiendo las tradiciones», señaló en un video de campaña.

Donoso tampoco resultó electo, ya que el escaño quedó en manos de Guillermo Valdés, integrante del Partido de la Gente (PDG) liderado por Franco Parisi. El resultado en cuestión ha sido confirmado por el Tribunal Electoral (Tricel) pese a los recursos de impugnación presentados por la UDI.