Presentan amparo contra Carabineros por «fichar» a estudiantes movilizados en Coyhaique
La Corte de Apelaciones de Coyhaique decidió acoger a trámite un recurso de amparo interpuesto en contra del general director de Carabineros, Mario Rozas, el jefe de Zona de Aysén, general José Riquelme, y el director del Colegio Antoine de Saint Exúpery, Cristian Riveros, por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
El libelo acusa a la institución policial de atentar contra la libertad y seguridad de niños y adolescentes al presentarse en diferentes colegios de la comuna para solicitar «el listado de jóvenes que habrían participado en marchas, en el contexto de las movilizaciones sociales».
Los hechos habrían ocurrido a principios de noviembre, cuando un grupo de cuatro carabineros pertenecientes a la Prefectura Aysén, comandados por el coronel Pablo Capetillo, efectuaron diligencias para individualizar a los menores.
«De acuerdo a indagaciones realizadas con profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la organización de profesionales FENPRUSS, Carabineros de Chile habría solicitado esta información en al menos 6 establecimientos educacionales de Coyhaique: Colegio Antoine de Saint-Exupéry, Liceo Juan Pablo II, Liceo Josefina Aguirre Montenegro, Colegio Matter Dei, Colegio Diego Portales y Liceo San Felipe Benicio», relata el escrito.
Dichas solicitudes de información no se habrían realizado «en el marco de ninguna investigación penal que actualmente se encuentre vigente».
Aunque algunos directores se negaron a proporcionar los datos, la situación habría sido distinta en el Colegio Antoine de Saint-Exupéry, según confirmó su sostenedora, Jessica Sanhueza, a Radio Santa María, indicando que el director Cristian Riveros «entregó información a 2 carabineros de al menos 8 estudiantes que habrían participado en las movilizaciones».
«En el mismo reportaje, esta información es corroborada por el Seremi de Educación de la Región de Aysén, el Sr. Sergio Becerra Mera», enfatiza.
El recurso pide que Carabineros explique el fundamento de su actuar, que éste se declare ilegal, que se comparta la información recopilada y se tomen medidas frente a la «situación actual de amenaza de nuevas vulneraciones a los derechos de los amparados, dado el contexto que estamos viviendo».
