Funcionarios de Defensa apuntan a supuesto conflicto de intereses en proyecto secreto de la Armada
La Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Defensa (AFSSD) pidió un pronunciamiento a la Contraloría General de la República a fin de establecer posibles faltas a la probidad en la tramitación de un proyecto reservado para las Fuerzas Armadas.
La presentación fue ingresada por escrito a comienzos de mayo de 2023, y relata que en el «transcurso del mes de marzo de 2022 fue nombrada como Jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Defensa, la Srta. Loreto Quintana Meléndez», quien debía, en el marco de sus funciones, «analizar todos los antecedentes referidos a las propuestas de resoluciones ministeriales que la División de Evaluación de Proyectos remite para su análisis y posterior firma de la autoridad ministerial».
Posteriormente, en noviembre de 2022, la funcionaria comunicó que debía inhabilitarse en el contexto de una iniciativa de inversión dirigida a la Armada de Chile, puesto que su cónyuge era gerente comercial de la Sociedad Dymec, empresa proveedora de las FFAA, según plantea el escrito.
A la semana siguiente, el entonces subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, designó como revisor del proyecto en cuestión a Gustavo Ruz Muñoz, «quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete del Subsecretario de Defensa». Un día más tarde, Ruz pidió a la «entonces Jefa del Departamento de Auditoría de la Subsecretaría de Defensa, Sra. Ana Vargas Valenzuela, informar de manera urgente el alcance de la situación dada a conocer por la Sra. Quintana Meléndez».
Fue entonces cuando, a través de un memorándum, la jefa del departamento de Auditoría sugirió adoptar «medidas preventivas» urgentes, como eliminar «las visaciones y revisiones de antecedentes, y borradores de actos administrativos relacionados con proyectos de inversión, a la Jefa de la División Jurídica», añadiendo que, «si existieran antecedentes de proyectos de inversión que se encuentren en poder de la División Jurídica, éstos sean devueltos a la DEP (División de Evaluación), y que la división jurídica se abstenga de revisar esos proyectos».
«Que, dada la envergadura y naturaleza secreta y/o reservada de la información que forma parte de los proyectos de inversión, los principios de eficiencia y eficacia, y el racional y justo proceso, se hace necesario que el Jefe Superior del Servicio ordene una Auditoría especializada que pueda determinar con mayor precisión los riesgos, errores, y eventuales responsabilidades administrativas en la tramitación de dichos actos», señalaría el memo que cita la asociación.
El documento también habría expuesto que «el conocimiento de los expedientes de evaluación de proyectos que tenía la Jefa de División Jurídica aludida, la hacía contar con información privilegiada, que podía ser clave en la participación de ciertos proveedores en futuros procedimientos de contratación reguladas por la ley N° 21.174», agregando que ello cobra «mayor relevancia, si se considera que el cónyuge de la funcionaria mencionada, dada su actividad de lobista y gestor de intereses, de marino y de gerente comercial de la Sociedad Dymeq… tiene un claro conflicto de interés en las materias a las cuales hacemos alusión».
AFSSD enfatiza que luego del incidente, con fecha 31 de diciembre de 2022, la cuestionada jefa jurídica presentó su renuncia voluntaria al cargo, sin que, «pese a la advertencia de la auditora interna, haya sido investigada su gestión». Esto «a pesar de haber revisado todos los antecedentes de las iniciativas de inversión y gasto relacionadas con las capacidades estratégicas de la defensa entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2022».
