Director de la ANI rechaza el debido proceso en comisión investigadora del caso bombas

El director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gonzalo Yuseff Quiros, sostuvo este martes que el caso bombas quedó en manos de un “tribunal garantista”. A su vez, aseguró haber entregado más de 500 informes de inteligencia sobre el caso al presidente Sebastián Piñera.

Exponiendo ante la comisión investigadora del caso bombas en la Cámara de Diputados, el ex militante de RN, ex fiscal adjunto de Quillota y actual jefe de la ANI, planteó la necesidad de hacer cambios en el sistema judicial, criticando al Ministerio Público por el largo proceso que terminó con la absolución de los imputados por colocación de artefactos explosivos en Santiago.

El jefe de la agencia investigativa del Estado, creada en 2004 por el entonces presidente Ricardo Lagos, expresó que “puede haber una red de pedofilia investigada por diez años y hay un juez que tiene un cierto criterio y excluye toda la prueba y esos pedófilos van a quedar libres”, según consigna Cooperativa.

«Este caso se perdió cuando se perdió un incidente de incompetencia, porque cayó en manos de un tribunal que es, por decirlo así, más garantista que otros, y ese tribunal excluyó toda la prueba», dijo Yuseff.

Asegurando haber entregado más de 500 informes al presidente Piñera, Yuseff expresó que aún mantiene la convicción de que los 14 formalizados de agosto de 2010 son culpables por los delitos imputados, ignorando con esto el dictamen del Poder Judicial.

FALTA DE INTELIGENCIA

La Agencia Nacional de Inteligencia, según establece la ley 19.974, se encarga de “producir inteligencia para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado”, cumpliendo un “proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información”. Actualmente, las instalaciones del organismo se encuentran en Tenderini 115, próximas al Teatro Municipal de Santiago.

En febrero de 2012, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, señaló contradictoriamente que la Agencia Nacional de Inteligencia no existía. En respuesta a consultas de Radio Biobio, respecto a si el gobierno manejaba antecedentes sobre grupos radicalizados en la Araucanía, Ubilla fue categórico: “El Ministerio del Interior no tiene aparatos de inteligencia”.

Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es la función práctica de esta agencia, y cuán creíbles son sus informes?

En un documento emitido el 14 de mayo de 2010 y publicado en octubre por El Mercurio, el paquistaní Saif Khan, querellado por el ministro Rodrigo Hinzpeter tras un confuso incidente en la embajada estadounidense, es vinculado a una supuesta red terrorista operante en nuestro país.

Página tras página, la ANI vincula a Khan con una serie de ataques terroristas internacionales, como el tiroteo en la base militar de Fort Hood en 2010, el intento de atentado con bomba en un vuelo a Detroit en 2009, y el ataque al transporte público de Londres en 2005. ¿La razón para trazar estos vínculos? El paquistaní era musulmán, y frecuentaba una mezquita a la que también asistían presuntos salafistas de inclinación “jihadista”.

Posteriormente, el trabajo de la ANI fue desechado cuando el Ministerio Público desistió de su investigación por “falta de pruebas”. Saif Khan quedó libre y el ministro Hinzpeter se negó a dar disculpas públicas.

En un artículo recientemente publicado por AAInteligencia, el ex subdirector de la ANI, Luis Marco R., dio una mirada crítica al actuar del gobierno de Piñera en el caso bombas, el caso paquistaní y FARC-mapuche, aludiendo a una “sicosis sobre amenazas terroristas”.

Culpando al gobierno de haber “politizado la seguridad”, el ex jefe de la División de Análisis Estratégico de la ANI, que trabajó para el gobierno entre 2004 y 2010, aseveró que “el estilo imputado por esta administración en materia de seguridad seguirá mostrando vulnerabilidades severas, más aun si las autoridades competentes se mantienen reacias a asumir sus responsabilidades y decididas a persistir en los mismos criterios que han llevado a este estrepitoso descalabro”.

PRÁCTICAS ILEGALES Y VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

A principios de junio en el programa Tolerancia Cero, el abogado Mauricio Daza, defensor del caso bombas, criticó duramente a los aparatos de inteligencia del Estado. El jurista indicó que en el juicio oral, un director de inteligencia de la ANI, José Trujillo Soto, declaró no tener claridad sobre los procedimientos que su propia ley concede.

En el proceso, Trujillo debió declarar por la obtención de la prueba documental Nº 473 del Ministerio Público. Ésta consistía en una serie de correos electrónicos interceptados que pretendían probar la tesis del financiamiento terrorista. Según explicó el funcionario de la ANI, dichos correos fueron obtenidos por un “informante” anónimo, que nunca compareció en la causa.

Con respecto a esta vulneración de las comunicaciones privadas, el veredicto del caso bombas (DESCARGAR DOCUMENTO AQUÍ) señala: “Según los dichos de Trujillo Soto, aquella información se obtuvo por personal de inteligencia y le fue entregada directamente por el fiscal Alejandro Peña Ceballos en sus oficinas, y consistía en 4 correos electrónicos impresos en papel”.

Más adelante, el veredicto señala que el tribunal se ve imposibilitado de dar valor probatorio a la evidencia, puesto que fue obtenida de manera ilegal. El documento señala que “los funcionarios policiales sólo pudieron acceder a dichos correos electrónicos cumpliendo con el procedimiento establecido en el artículo 218 del Código Procesal Penal”, esto es, previa autorización judicial a petición del fiscal a cargo de la investigación, o recurriendo al “procedimiento establecido en el artículo 32 de la ley 19.974, que sólo corresponde a los directores o jefes de inteligencia”.

“Aquellos procedimientos no se cumplieron”, sostuvo el tribunal. A su vez, los jueces estimaron que se vulneraron garantías fundamentales dispuestas en el artículo 19 Nº 5 de la Constitución Política del Estado, que dicen relación con la “inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada”.

CONCLUSIÓN

En definitiva, es preciso señalar que la Agencia Nacional de Inteligencia recurrió a ilegalidades durante el proceso investigativo del caso bombas, a lo cual también se agrega el cuestionado rol que el organismo tuvo durante la injusta persecución de Saif Khan, filtrando informes a la prensa para acentuar su campaña de desprestigio.

Las recientes declaraciones del director de la ANI y subalterno de Hinzpeter, sumado a antecedentes de prácticas ilícitas de espionaje, negligentes labores de inteligencia y la politización de las mismas, sólo reflejan el repudio de este gobierno por el debido proceso y el cumplimiento de garantías constitucionales.