Ética, medicación forzada y vacunas: carta a la Corte Suprema y Servicio de Salud de Talcahuano

A los Sres. Aníbal Cea Henríquez, representante del Servicio de Salud de Talcahuano y a los ministros de la Corte Suprema Sres. Héctor Carreño, Carlos Cerda (suplente) junto a los abogados integrantes Emilio Pfeffer y Alfredo Prieto, quienes fallaron a favor de obligar a joven madre a la vacunación de su hija de 7 meses por la fuerza, desestimando los argumentos aportados por el ministro Sergio Muñoz, por la propia madre y por organizaciones ciudadanas.

La medicación forzada ha sido una de las prácticas más antiéticas aplicadas por gobiernos totalitarios y dictaduras militares durante la historia del siglo XX, en especial en campos de concentración. En nuestra historia reciente, basta con revisar las prácticas de medicación forzada aplicadas por médicos en centros de detención y tortura durante la dictadura militar.

Sobre este punto, los organismos médicos internacionales han establecido protocolos éticos claros que se basan en derechos humanos fundamentales: estos incluyen como principios éticos fundamentales la AUTONOMÍA y el CONSENTIMIENTO INFORMADO, que reconocen el derecho inalienable de las personas a decidir según su propio sistema de valores, así como a estar informados y decidir por sí mismos sobre todo acto médico, tanto en la práctica como en la investigación médica. Esto significa que las personas deben tener capacidad legal para dar su consentimiento, es decir deben estar en situación de ejercer una elección informada y libre, sin intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, engaño o coacción.

En el caso de la investigación científica es necesario que los participantes puedan conocer la naturaleza, duración y fines de la investigación, el método y los medios con los que será realizada, todos los inconvenientes y riesgos que puedan ocurrir, y los efectos sobre la salud y personas que puedan posiblemente originarse. En los casos en que exista evidencia de riesgos de efectos adversos graves derivados del acto médico, existe también el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, que establece que- aunque no exista consenso científico- la evidencia de posibles riesgos de efectos adversos graves amerita éticamente la suspensión del acto médico, ya sea medicación u otro tipo de procedimiento.

Para cualquier ciudadano mínimamente informado es claro que estos principios éticos fundamentales NO están siendo aplicados por parte de las autoridades de Salud, como ha demostrado recientemente el rechazo explícito del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, a aplicar el Principio de Precaución y retirar las vacunas con mercurio en virtud de la evidencia que señala posibles riesgos de efectos adversos graves en población vulnerable. Sin ir más lejos, gracias a las recientes reuniones del Presidente Sebastián Piñera con ejecutivos de la farmacéutica GlaxoSmithKline en Europa, se adelantará la vacunación contra meningitis W-135 en regiones, como consta en el sitio del Gobierno ChileCumple.cl:

“Gran parte de las vacunas las vamos a recibir durante el mes de noviembre y el remanente durante diciembre. Eso en lo relativo al Laboratorio GlaxoSmithKline. También vamos a tener una reunión durante esta semana con el laboratorio Sanofi Pasteur, para poder acordar con ellos los plazos de entrega. Quiero enfatizar que para poder anticipar esto, los laboratorios van a tener que recuperar vacunas que están dispersas en todas partes del mundo, para dar prioridad a la preocupación de proteger a nuestros niños”. (Presidente Sebastián Piñera).

Esto se llevará a cabo con dosis compradas directamente por el Gobierno de Chile por más de 60 millones de dólares a dos farmacéuticas, entre ellas la empresa GlaxoSmithKline, a pesar de que esta firma durante el presente año 2012 debió enfrentar diversas multas y condenas judiciales por experimentar ilegalmente con 15.000 niños en Argentina, de los cuales 14 bebés resultaron muertos, así como por distribuir antidepresivos no certificados en menores de 18 años, sobornar a médicos y manipular el precio de sus medicamentos en Estados Unidos, tal como revela el medio periodístico chileno VerdadAhora.cl.

A la luz de estos antecedentes, cabe preguntarse sobre el recurso del Servicio de Salud de Talcahuano y el fallo de la Corte Suprema que busca obligar a la madre Desireé Becerra Toledo a vacunar a su hija de 7 meses POR LA FUERZA, en base a una presunción: que la bebé de «no» recibir vacunas podría «eventualmente» desarrollar alguna enfermedad «grave o mortal», desestimando los antecedentes aportados por la madre y descalificándolos como «caprichosos»: ¿en realidad quiénes son los que están actuando de manera desinformada, arbitraria, totalitaria y antiética?

¿Una joven madre que,INFORMADA de la evidencia científica y judicial de prácticas antiéticas llevadas a cabo por empresas fabricantes de estas vacunas, así como de los posibles riesgos documentados de graves efectos adversos de estas, aplica el principio ético de precaución respecto a la salud de su hija y decide NO dar su consentimiento a la vacunación? ¿O las autoridades de Salud y Corte Suprema que, violando principios éticos fundamentales de autonomía, precaución y consentimiento informado, así como soslayando las evidencias judiciales de prácticas antiéticas con resultado de muerte de menores en Argentina por parte de GlaxoSmithKline, insisten en obligar a esta madre a vacunar a su hija POR LA FUERZA?

La Constitución Chilena consagra claramente en su Artículo 19 Nº6 el derecho a la Libertad de Conciencia- y con ello el principio ético de Autonomía- así como el derecho a la Protección de la Salud (Artículo 19 Nº9) que incluye el derecho de las personas a escoger libremente el sistema de salud que utilizarán. En Antropología Médica esto se refiere al ámbito de la Interculturalidad en Salud, que implica el reconocimiento y el respeto a sistemas médicos diversos y a sus respectivos sistemas de creencias, lo que supuestamente es uno de los objetivos perseguidos por el Ministerio de Salud en relación a la diversidad de sistemas médicos que coexisten en nuestro país.

Dada la postura del Servicio de Salud de Talcahuano y el fallo de la Corte Suprema, cabe preguntarse ¿estamos realmente en un Estado democrático de Derecho en que se respetan los principios de Libertad de Conciencia, Autonomía y Consentimiento Informado en las decisiones de salud, o nos encontramos bajo una dictadura brutal que violenta principios éticos y derechos fundamentales, imponiendo medicación «preventiva» forzada a quiénes se les antoje, en este caso incluso de un laboratorio acusado de prácticas antiéticas con posible resultado de muerte de 14 bebés en Argentina?

Especialmente en este contexto ¿les parece muy «noble» a las autoridades de la Corte Suprema, al Servicio de Salud de Talcahuano y al propio Gobierno de Chile defender tales prácticas antiéticas, ilegales e inconstitucionales como es la medicación forzada? ¿No les parece en algo similar a prácticas totalitarias del pasado no sólo penalizadas por la Justicia, sino también profundamente cuestionadas por la Historia y la propia ciudadanía? ¿Cuáles son entonces «sus» principios éticos?

El fallo de la Corte Suprema en contra de la madre Desireé Becerra Toledo sienta un alarmante precedente en democracia de prácticas médicas antiéticas e ilegales amparadas por el sistema de Justicia, como es la medicación forzada, más aún si es con fines meramente preventivos, ya que la menor se encuentra en perfecto estado de salud y su vida NO se encuentra concretamente en peligro.

La ciudadanía, en especial los padres, esperamos respuesta. Una respuesta diligente, informada, apegada al Derecho, y sobre todo ética por parte de las autoridades.