Corte Suprema quita patente a industria de manjar que contaminó aguas en Región del Maule
Ratificando la existencia de anomalías en los primeros permisos visados por el ex director de Obras de Teno, Sergio Espinoza, la Corte Suprema decidió no acceder a la renovación de la patente industrial de la planta de manjar Dulcelé, ubicada en el sector de La Aurora, por carecer de una autorización básica de cambio de uso de suelo establecida por la Seremi de Vivienda y Urbanismo.
Según reporta Teno Informado, el máximo tribunal del país confirmó una resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Talca en causa rol 619-2020 que rechazó un recurso de protección deducido por la empresa Mundo Sur SpA contra la Municipalidad de Teno luego que ésta, una vez detectada la irregularidad de Obras, optara por no seguir validando el desarrollo de su actividad económica.
Dulcelé ya había perdido un litigio en diciembre del año pasado, cuando la Corte acogió un recurso presentado en su contra por la Comunidad de Aguas La Aurora, en causa rol 2802-2019, frente a malos olores y descargas contaminantes sobre un canal de regadío que vulneraban el derecho constitucional de los vecinos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
«Teno Informado» consultó a la Dirección de Obras Municipales si la industria «ha obtenido alguna patente industrial nueva, o bien, bajo qué condiciones se mantiene» funcionando. «Respecto de lo anterior, informo a usted que no existen nuevos ingresos de expedientes a la DOM por parte del propietario del inmueble Dulcelé, ni tampoco por parte de la Unidad de Rentas Municipales a esta DOM», contestó hoy la jefa del ramo, Claudia Gutiérrez.
LOBBY EN EL CONCEJO
Frente al posible cierre inminente de la planta, y según pudo corroborar este medio, el representante legal de Dulcelé, Gert Frank Sepúlveda, contactó a los seis miembros del Concejo Municipal de Teno (Manuel Solís, Paulo Donoso, José Luis Cáceres, Wildo Farías, Sandra Améstica y Matías Díaz), en busca de apoyo.
Posteriormente, con fecha 6 de octubre, la empresa envió una carta a la alcaldesa Sandra Valenzuela tildando de «injusto» el criterio urbanístico que le impide funcionar en la zona, argumentando que en la actualidad «trabajan del orden de 30 personas en nuestra fábrica y otras 80 más en sucursales, la mayoría jefes de familia que dependen directamente de la empresa y más de 1000 personas de forma indirecta».
A su vez, Frank solicitó colaboración para que «podamos regularizar este tema, para lo cual nos den patente provisoria y el tiempo suficiente para normalizar nuestra situación y evitar así el cierre de la planta y el consiguiente despido y cesantía de nuestro centenar de colaboradores en estos momentos extremadamente difíciles para la economía local y nacional».
La misiva fue discutida al abrir la sesión del día 7 de octubre, cuando el concejal Paulo Donoso transparentó la comunicación recibida en su teléfono. «Yo le señalé que no podía seguir hablando con él por un tema de (Ley del) Lobby. Creo que tenemos que ser súper responsables cuando nos llaman las empresas que además tienen ciertas situaciones de complicación con el municipio», afirmó.
Tomando también la palabra, el concejal Matías Díaz señaló: «De cierta forma no creo que sea muy productivo comunicarse con nosotros siendo que no somos nosotros quiénes tenemos mayor injerencia en la documentación que corresponde para que esta planta funcione de manera correcta, pero de todas formas yo creo que no habría problema con que a través de la Ley del Lobby nos reuniéramos en caso de que pudiéramos, tal como lo hiciera cualquier ciudadano».
¿ELUSIÓN AMBIENTAL?
Otro golpe a Dulcelé provino esta semana desde la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). A través de una extensa resolución exenta, la N° 1940 del 5 de octubre de 2020, el organismo confirmó las sucesivas denuncias presentadas contra la fábrica de lácteos por vertimiento de líquidos malolientes en 2019, constatando «la superación de los límites establecidos en el D.S. N° 90/2020… específicamente para los parámetros Coliformes Fecales y DBO5».
Las fiscalizaciones dieron cuenta que Mundo Sur SpA «operó una planta de tratamiento de RILes, realizando descarga de RILes tratados (efluente) a un cuerpo de agua superficial, sin realizar la tramitación de calificación de fuente emisora… ni dar cumplimiento a los respectivos instructivos dictados por la Superintendencia del Medio Ambiente para su aplicación».
Se observó además que «con fecha 11 de noviembre de 2019… (la industria) suprimió la descarga a cuerpos de agua, optando por un sistema que consideraría el envío de los RILes a terceros para su tratamiento, disposición final y la recirculación de las aguas de enfriado», sin embargo, el titular no especificó el destino final del lodo.
Por la implementación de este sistema y la existencia de cargas contaminantes del proyecto ascendentes «a 11.047 g/día», la SMA ha dado 15 días hábiles a la empresa para «hacer valer las observaciones, alegaciones o pruebas que estime pertinentes» a fin de evaluar si el proyecto está eludiendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
