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Se cae montaje para ocultar crimen de Camilo Catrillanca: Jueza descarta enfrentamiento

En prisión preventiva quedaron este viernes, por decisión del Juzgado de Garantía de Collipulli, los cuatro miembros del GOPE de Carabineros implicados en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca Marín.

Según la Fiscalía, el disparo que asesinó a la víctima provino del arma que portaba el exsargento Carlos Alarcón Molina y, de acuerdo al testimonio de una perito de la PDI, fue directo y lineal, desechándose la posibilidad de un rebote que hubiere ocasionado la lesión fatal que recibió en el cráneo.

El Ministerio Público exhibió además un conjunto de videos que descartan la ocurrencia de enfrentamientos previos al baleo a Catrillanca y su acompañante, el menor de iniciales M. C., quien -de acuerdo a lo expresado en la audiencia- estaba más expuesto a recibir los proyectiles de guerra de Carabineros y sobrevivió al tiroteo «casi por azar».

Lo anterior, sumado a otro análisis que excluyó la presencia de pólvora en manos y ropas de Catrillanca, echan por tierra el contenido del parte policial firmado por todos los miembros de la patrulla sobre el hecho acontecido el 14 de noviembre en Temucuicui.

En el documento, los funcionarios habían relatado que el tractor manejado por Catrillanca quedó «en la línea de fuego», versión que, en opinión del tribunal, buscaba solo obstruir la investigación, ya que tampoco se condice con los registros de la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco).

«No hay situación que justificara el uso de armas», indicó el fiscal Roberto Garrido, subrayando que en el caso existe una evidente «violación de los derechos humanos».

El investigador observó que en sus primeras declaraciones, los imputados negaron la existencia de cámaras GoPro en el operativo, y que esos testimonios llevaron a la Fiscalía a omitir diligencias. Solo días más tarde el exsargento Raúl Ávila Morales reconoció la destrucción de una tarjeta de memoria adosada a su casco.

El fiscal Garrido también quitó credibilidad al testimonio del piloto de helicóptero que, a más de «700 metros sobre el nivel del suelo», informó que Catrillanca y el menor habían descendido de uno de los vehículos previamente sustraídos en un robo a profesoras de la Escuela Santa Rosa de Ancapi Ñancucheo.

Según Garrido, solo hubo «interpretación» de lo observado desde el aire, no «claridad» sobre la dinámica de los hechos.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Sandra Nahuelcura tuvo por acreditada la existencia de un «dolo homicida, con conocimiento y voluntad», de los exsargentos Alarcón y Ávila, quien fueron formalizados por homicidio consumado y frustrado, este último en la persona de M. C..

Al exsuboficial Patricio Sepúlveda y al excabo Braulio Valenzuela, en tanto, solo se les imputó el delito de obstrucción a la investigación, fijándose un plazo de dos meses para completar las pericias.

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