Pacoleaks: Más seguimientos a dirigentes de la CUT, profesores, No+AFP, infancia y vivienda
Una sistemática vigilancia de líderes no solo ambientales, sino vinculados a protestas por la defensa de trabajadores, docentes, mejora en las pensiones y derechos de la niñez y la vivienda, aparece reflejada entre los más de 30 mil documentos de Carabineros filtrados por hackers.
Luego de una exhaustiva revisión, Verdad Ahora logró acceder a numerosas fichas elaboradas por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) que amplían lo conocido a comienzos de esta semana: instrucciones directas para recolectar información de dirigentes sociales, llenando tablas con datos personales y fotografías de sus actividades.
Tal como han venido publicado otros medios como Interferencia, en un conjunto de memorándums e informes -liberados en el último hackeo de documentos- se leen los nombres de «dirigentes tales como Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT; Mario Aguilar, del Colegio de Profesores; Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No+AFP, la presidenta interina de la Fech, Emilia Schneider y el presidente de Confusam, Esteban Maturana».
Un archivo corresponde al Informe de Diligencia código 190901GI26534-3GA, de fecha 1 de septiembre de este año, que relata los movimientos de «la Asociación de Comités de Allegados ‘Los Sin Tierra’, de la comuna del Bosque, liderada por la Concejal Margarita Urra Valerio», quien «convocó a sus adherentes y todas las organizaciones sociales del área de la Región Metropolitana a participar de una marcha familiar denominada ‘Por el Derecho a una Vivienda Digna'».
Siguiendo la tónica de otros casos, el informe no registra ninguna participación de los «vigilados» en actos delictivos o desórdenes públicos. «(A las) 11:25 horas, la marcha llega a la Plaza Los Héroes, lugar donde se encuentra instalado un escenario, con la finalidad de hacer alocución a sus demandas, permaneciendo cerca de 1 hora 25 minutos aproximadamente, dando por finalizada la actividad a las 12:50 horas, para luego retirarse en forma paulatina, no registrándose alteraciones al orden público ni detenidos, como asimismo daños a la propiedad pública y privada», reseña.
A continuación, se incorpora un listado completo de «blancos de interés detectados» en la manifestación -Figueroa de la CUT, Aguilar del Colegio de Profesores, Maturana de Confusam, Mesina de No+AFP, Schneider de la Fech, entre otros-, como también de «agrupaciones» participantes en la misma: una larga secuencia de comités de allegados. «Se mantiene activado el PBI (plan de búsqueda de la información)», redondea el funcionario de la Dipolcar.
Más adelante, un anexo muestra «fotografías operativas» del evento y una flecha apuntando a la concejal comunista Margarita Urra; datos privados del Registro Civil de los ya mencionados, como nombres completos, apellidos, cédulas de identidad, edades y domicilios, y pormenorización de antecedentes policiales, penales y de inteligencia en las bases de datos de Carabineros.
El trabajo de los grupos que luchan por una vivienda digna también capturó la atención de Carabineros el 14 de agosto, cuando «70 personas aproximadamente, todos pobladores pertenecientes a los Comités de Allegados Nueva Esperanza, Comité de Allegados Newen, Comité de Allegados Juanita Aguirre, Comité de Vivienda Los Naranjos Conchalí, integrantes de la denominada “Coordinadora Norte de Comité de Allegados” liderados por Jessica Triviño Fritz (Presidenta), Ignacio Huaiquimil Millanao (Secretaria), comenzaron a reunirse en el exterior de la estación de Metro Cardenal Caro, ubicada en Av. Cardenal José María Caro con Avda. Independencia, comuna de Conchalí, con la finalidad de trasladarse hasta el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad de Valparaíso».
Así lo relata el Informe de Diligencia código N° 190814GI328390-2GA, referencia «ámbito poblacional», que analiza una manifestación contra el Proyecto de Integración Social y Urbana del gobierno de Sebastián Piñera. En sus averiguaciones, Carabineros se encargó de registrar las placas patentes y propietarios de las máquinas que trasladarían a los pobladores.
«Posteriormente, a las 07:40 horas los buses inician desplazamiento por Avda. Independencia en dirección al Norte, para posterior hacer ingreso a la Autopista Vespucio Norte en dirección al poniente hasta la Autopista CH-68… Es cuanto se informa, manteniendo activado el PBI, informándose oportunamente cualquier antecedente de interés», finaliza.
INFANCIA
Otro documento que desnuda las prácticas de la dirección que hoy está a cargo del general Patricio Escobar Torres, corresponde al número 225, el código 190901GI79407-4IA, del primero de septiembre de este año.
En él se relata la concreción de una «actividad proyectada (previamente por Carabineros) en relación a manifestación convocada por la ‘Red Infancia Chile’, ante el descontento que mantienen por la delincuencia, sobre todo por delitos como portonazos y abusos sexuales cometidos a menores de edad».
El informe ficha como participantes de la convocatoria en Avenida Florida con calle Lago Yelcho, Región Metropolitana, a la presidenta y vocera de la Red Infancia, Lorena Bustamante Medina, quien «solicita de forma urgente la instalación de un retén de Carabineros en el lugar, señalando además que no cesarán en la lucha en conjunto con todos los vecinos, para visibilizar su problemática».
Acá también se llena una tabla con datos personales de Loreto Fernández, vocera de la agrupación vecinal. Cabe señalar, nuevamente, que ninguna de ellas registra antecedentes policiales ni penales.
«Es importante hacer presente que dicha agrupación vecinal está cada vez logrando reunir más adherentes a sus convocatorias, por lo que el compromiso adquirido por todos los asistentes de seguir realizando movilizaciones hasta que sus peticiones sean escuchadas por la autoridad, manifestando que están buscando una nueva fecha para movilizarse y doblegar la cantidad de asistentes del día de hoy», puntualiza.
Esa misma semana, la Subdirección de Asuntos Internos de Carabineros, dependiente de la Contraloría General de la institución, emitió un boletín de actividades proyectadas que podían comprometer la «seguridad institucional». En su análisis mencionó por ejemplo la realización de una audiencia de juicio oral contra 10 funcionarios imputados por el supuesto delito de «facilitar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, por omisión».
«Conforme a los antecedentes obtenidos por el tribunal, los menores de edad ejercían el comercio sexual en la comuna de ‘La Cisterna’, no adoptando el respectivo procedimiento policial», detalla el informe.
La lista da cuenta de las destinaciones actuales del personal acusado y sus nombres: subteniente Manuel Álvarez Arjel (7ma Comisaría Mirasol), subteniente Richard Espinoza Catrián (38 Comisaría de Puente Alto), suboficial Erwin Cárdenas Toledo (12 Comisaría de San Miguel), sargento 2do Jorge Peña Arenas (12 Comisaría de San Miguel), cabo 2do Cristian Garcés Salazar (10 Comisaría de La Cisterna), cabo segundo Cristian Cea Navarrete (56 Comisaría de Peñaflor), cabo segundo Jorge Sánchez Zúñiga (10 Comisaría La Cisterna), y los carabineros Diego Aguilar Cossio, Javier Lagos Jiménez y Aníbal Paredes Silva, todos de la 10 Comisaría La Cisterna.
«Dada la alta sensibilidad que provocan los delitos y denuncias que involucran al personal policial, puede ser explotado comunicacionalmente de forma negativa, sumando más animadversión hacia la imagen Institucional, emergiendo nuevas críticas y reproches, cuestionando el profesionalismo con el que se lleva a efecto la función policial operativa, sobre todo con aquellos grupos sociales más vulnerables, donde la afectación hacia los menores es atendida con especial consideración y preocupación por parte de las autoridades y diversos actores del acontecer nacional, dado los cuestionamientos al SENAME», reflexiona el boletín.
INFILTRACIÓN
En otros papeles detectados por Verdad Ahora también se descubre la recopilación de antecedentes a través de fuentes cerradas, es decir, aquellas que no están abiertas al público y necesariamente requieren su explotación con métodos encubiertos.
Es el caso de los informes secretos N° 344 y N° 345, código 190815GI760270-GA, del «ámbito ecológico», relatando que el día viernes 2 de agosto se notificó «por el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago a las partes que presentaron un Recurso de Reclamación Administrativo el 17.02.2017, representados por Hugo Moreno Rozas, Bianca Rojo Astudillo, Janet Mena Cortes, el Consejo Comunal y Social Medio Ambiente, Sabina Martínez Zamora y la organización Acción Ambiental y Salud, quienes habían realizado las observaciones durante la etapa de participación ciudadana» en contra de «la construcción del ‘Proyecto CIGRI de la empresa Ciclo Chile S.A.’, que pretende instalar un Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales en la comuna de Til Til.
«Se tomó conocimiento que circula por grupos de la red social “Whatsapp”, que habitantes de la localidad de Rungue, comuna de Til Til, están haciendo un llamado a confeccionar lienzos y carteles, con la finalidad de manifestarse ante el citado proyecto… Se recomienda mantener un estado de alerta, producto que puedan retomar nuevamente las manifestaaciones y/o acciones radicalizando aún más su actuar», subraya.
El siguiente documento de la secuencia, que explícitamente identifica el origen de la fuente como «cerrada», monitorea una protesta ocurrida el jueves 15 de agosto que congregó a 10 personas de la Junta de Vecinos de Rungue, comuna de Til Til, «quienes extendieron un lienzo con la leyenda ‘No a Ciclo’ y bandera de Chile» en el kilómetro 54 de la Ruta 5 Norte, «sin registrarse detenidos, lesionados ni daños a la propiedad pública ni privada».
En este caso, Carabineros elabora una tabla similar a la confeccionada con el resto de los «blancos de interés» ya individualizados, «pantalleando» a la presidenta de esa junta de vecinos, Maritza Moreno Hidalgo, con sus datos personales.
Cabe recordar que a fines de septiembre, el jefe de Análisis de la Dirección de Inteligencia Policial ordenó a todas las unidades del área a lo largo del país informar las comunas que se autodenominaban «zonas de sacrificio ambiental», detallando las empresas involucradas, estado del conflicto y organizaciones y líderes medio ambientales que pudieran participar en manifestaciones.
Se espera que la filtración de documentos continúe. El Colegio de Profesores ya anunció acciones legales y Carabineros todavía no se pronuncia.
Por Matías Rojas
