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Gobierno despliega nuevos «zorrillos» mientras Ley Hinzpeter avanza en el parlamento

Mientras el proyecto del gobierno para resguardar el «orden público» – conocido popularmente como «Ley Hinzpeter» – se apronta a comenzar su discusión en la Cámara de Diputados, por las redes sociales han comenzado a circular imágenes de la presunta llegada de nuevos vehículos lanza gases a Santiago.

Según se comenta en las redes sociales, la fotografía habría sido tomada mientras estos vehículos se encontraban en camino desde Antofagasta a Santiago y ya habrían arribado a la capital.

El nuevo «zorrillo» correspondería al modelo Mahindra Marksman de origen hindú, con cubierta antibalas y «capacidad para ser utilizado en anti terrorismo así como en papeles convencionales».


Los nuevos carros lanza gases, de camino a Santiago

La llegada de estos nuevos vehículos antidisturbios se suma a la renovación del parque de carros lanza agua de Carabineros, con la compra en abril pasado de 10 nuevos «guanacos» por un valor de 5 millones de euros a la empresa austríaca Rosembauer AG, adquisición que no estuvo exenta de polémica.

Todo esto tras una masiva marcha estudiantil con una convocatoria de 150 mil personas que el gobierno y los medios han demonizado para impulsar su agenda represiva de “orden público” y conseguir la aprobación de la draconiana ley Hinzpeter.

La ley Hinzpeter no es una idea de exclusiva autoría del Ministro del Interior. En realidad, el grueso del proyecto fue preparado por la Cámara Nacional de Comercio semanas antes de ser dado a conocer al público por Rodrigo Hinzpeter, lo que pone de manifiesto los poderosos intereses corporativos detrás de esta medida.

Tambien está en sintonía con una oleada represiva global, donde leyes similares están siendo implementadas en países como Canadá y España en respuesta a movimientos estudiantiles y sociales.

Como ya se ha advertido, el único objetivo del proyecto de ley es criminalizar al movimiento social y fortalecer el aparato represivo del Estado.

Por ejemplo, el proyecto contempla tipificar como delito «invadir u ocupar ilícitamente diversos inmuebles, como: viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o de cualquier otra índole, sean privados, fiscales o municipales.» De aquel acápite se desprende que la toma de un liceo o facultad – una de las formas más emblemáticas de movilización – será tipificada podría acarrear una pena de hasta tres años de cárcel. Las casas okupa también se encontrarían entre las principales hostigadas de aprobarse este proyecto de ley.

Asimismo, constituirá delito «impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes» (es decir, el corte de calle) y la «interrupción de servicios públicos» entendiéndose por tales los «hospitalarios, de emergencia, de suministro eléctrico, agua potable, combustibles, comunicaciones o transportes», volviendo más difícil la realización de paralizaciones por parte de funcionarios públicos.

Además, uno de los agravantes en las penas será el actuar «encapuchado».

Los diputados de la UDI, Cristian Letelier y Arturo Squella, anunciaron que presentarán indicaciones para endurecer aún más el proyecto de ley. Por ejemplo, hacer que «personas que reiteradamente participen en estas marchas solamente para realizar actos de violencia, [les] pueda ser prohibido su ingreso al centro de Santiago».

En resumen, el gobierno busca dotarse de nuevas herramientas, tanto técnicas como legales, para robustecer su brazo represivo ante la emergencia de los movimientos sociales.

Vea un resumen de las principales modificaciones de la ley Hinzpeter, cortesía de Pikete Jurídico