Demencia Hinzpeteriana: ¿La nueva ley maldita?

“Ya no va a ser gratis atentar contra el orden público, ya no va a ser solamente un control de identidad y al día siguiente todo sigue igual. El que atente contra el orden público, contra Carabineros y la policía de Investigaciones, contra la tranquilidad de los ciudadanos, la propiedad pública y privada, se va a encontrar con una legislación dura, firme, que va a imponer los castigos que corresponden”. Esas fueron las palabras de Sebastián Piñera al anunciar junto a su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el envío de un proyecto de ley que busca reformar el artículo 292 del Código Penal, para endurecer las penas contra quienes vulneren el “orden público” y la “paz social”, en un nuevo intento por criminalizar la protesta social.

La principal novedad del proyecto sería la tipificación del delito de “saqueo”. De inmediato, parlamentarios oficialistas emplazaron al Congreso a aprobar cuanto antes este polémico proyecto de ley. En alarmistas declaraciones que pretenden hacer creer que nuestro país se encuentra al nivel de Colombia o México, el diputado de la UDI, Iván Moreira, pidió a la Concertación “apoyar con firmeza las proposiciones que el Presidente de la República ha dado a conocer, y que lo único que pretenden es parar este espiral de violencia (sic), utilizado por el lumpen, el anarquismo a través de los saqueos, el caos, las barricadas, la destrucción de la propiedad pública y privada”.

Más allá de la creación de la figura penal del “saqueo”, que ha dominado la discusión en los medios, se encuentran otras disposiciones que constituirían un atropello a las formas de movilización social.

Por ejemplo, “invadir u ocupar ilícitamente diversos inmuebles, como: viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o de cualquier otra índole, sean privados, fiscales o municipales.” De aquel acápite se desprende que la toma será tipificada como delito. Es decir, una de las formas más tradicionales y emblemáticas en que se afirman las movilizaciones sociales será considerada un crimen. Según La Tercera, una “pena de cárcel de hasta tres años podrían arriesgar manifestantes que participen en tomas ilegales de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades”. Nada que envidiar a las despiadadas medidas del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, contra los estudiantes de su comuna. Ni qué hablar de las casas okupa que también se encontrarán entre las principales hostigadas de aprobarse este proyecto de ley.

También constituirá delito “impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”(es decir, el corte de calle) y la “interrupción de servicios públicos” entendiéndose por tales los “hospitalarios, de emergencia, de suministro eléctrico, agua potable, combustibles, comunicaciones o transportes”. En este último caso, queda por ver cómo respondería el gobierno ante movilizaciones en el transporte o en la salud, por ejemplo, ante paralizaciones como las realizadas en los últimos días por la CONFUSAM. Además, Uno de los agravantes en las penas será el actuar “encapuchado”.

El nuevo proyecto de ley sólo es la última de una serie de medidas que Rodrigo Hinzpeter ha impulsado desde hace meses en un intento por concentrar cada vez más poder en el Ministerio de Interior a la hora de reprimir al movimiento social y perseguir a activistas políticos, utilizando la lucha contra la “delincuencia” y el resguardo del “orden” como excusa. Desde que en febrero de este año la cartera de Hinzpeter se transformara en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Carabineros e Investigaciones pasaron a depender directamente de las órdenes del segundo al mando en La Moneda.

De particular importancia en la nueva estructura es la llamada División de Estudios, el departamento encargado de elaborar y desarrollar estrategias contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, pero también de “monitorear conflictos sociales y huelgas, en cualquier punto del territorio, que puedan tener impacto en el orden público”, de acuerdo a fuentes del ministerio citadas por La Tercera. Durante 2011, esta repartición ha estado realizando un catastro de “todos los conflictos en curso o que puedan manifestarse en el mediano o largo plazo” sean estos de carácter laboral, ambiental o social.

A la cabeza de la División de Estudios se encuentra el ex fiscal Alejandro Peña. Peña había ganado notoriedad pública con el llamado “Caso Bombas”, donde intentó responsabilizar a 14 personas – la mayoría jóvenes activistas – de la realización de una serie de atentados explosivos ocurridos en Santiago desde 2007. Las decenas de miles de presuntas pruebas recopiladas durante el caso – que iban desde una bolsa con pasas hasta un afiche de Axel Rose – fueron desechadas. Ya muy pocos dudan que se trató de un montaje y el próximo martes 4 de octubre comenzará el sobreseimiento de los imputados. Hay que recordar que Peña abandonó el caso cuando la investigación comenzó a mostrar sus debilidades y le fue ofrecido su actual cargo en el Ministerio del Interior, que dicho sea de paso, era una de las partes querellantes en el proceso, lo que levanta serias dudas sobre la probidad y neutralidad de Peña.

La versión chilena de la “guerra contra el terrorismo” impulsada por Hinzpeter no se limitó sólo a perseguir disidentes o grupos de activistas locales. En mayo del año pasado, se acusó al joven de origen paquistaní Saif Ur Rheman Khan de portar explosivos durante una visita a la Embajada de Estados Unidos en Vitacura. El “Caso Paquistaní” también le fue encomendado al fiscal Peña. Desde un primer momento, Hinzpeter no dudó en presentar el incidente como la prueba de que el “terrorismo islámico” había llegado a Chile y fue más allá, al declarar que Saif Kahn tenía vínculos con organizaciones subversivas locales como el Grupo Lautaro. Finalmente, en diciembre de 2010, la fiscalía decidió cerrar la investigación por “ausencia de pruebas”.

A pesar de los sucesivos intentos fallidos de atemorizar al público con la existencia de una presunta “amenaza terrorista”, Hinzpeter no se detiene cuando se trata de fortalecer el aparato represivo del Estado. En junio de 2010, el ministro del Interior viajó a Nueva York para entrevistarse con Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York e impulsor de las políticas anti-delincuencia conocidas como “Tolerancia Cero”. En aquella visita, Hinzpeter declaró que “el compromiso del Presidente Piñera es cambiar la mano en materia de delincuencia y yo siento que los delincuentes ya están de algún modo dándose cuenta de que la mano cambió”.

El pasado domingo, El Mercurio dio a conocer la “revolución” que el gobierno impulsa en Carabineros. “Expertos norteamericanos han estado trabajando en comisarías y otras unidades desde hace cuatro meses, aproximadamente”, la mayoría de ellos traídos del Departamento de Policía de Nueva York, impulsores de “Tolerancia Cero”. El proceso de reingeniería de Carabineros “cuenta con el total apoyo del Presidente Sebastián Piñera y está siendo liderado, no sin dificultades, por el subsecretario de Prevención del Delito Cristóbal Lira, junto al actual general director, Gustavo González Jure”.

También en junio del año pasado, comenzó el despliegue progresivo de 10.000 efectivos policiales adicionales en las calles, que busca aumentar en un 21% la planta para el 2014, bajo la lógica simplista de la “mano dura”, según la cual más carabineros se traduce menos delitos.

Y las cosas cambiaron, pero no en la dirección que pretendían en La Moneda. La sensación de inseguridad entre los chilenos crece día a día y la Intendencia Metropolitana ha reconocido que los asaltos en la capital han aumentado un 27% desde 2010. Piñera, quien prometió “terminar con la fiesta” de los delincuentes, finalmente reconoció que la lucha contra la delincuencia “nunca se podrá ganar”. A pesar de eso, las políticas de “mano dura” contra la delincuencia – tradicionales en el discurso de la derecha chilena – siempre servirán para otros propósitos menos democráticos.

Si se analiza en perspectiva, podremos concluir que la “Doctrina Hinzpeter” ha fracasado en el cacareado combate contra la delincuencia, pero en lo que sí ha sido muy útil es la hora de responder a la protesta social con cuotas crecientes de violencia policial. A las denuncias de torturas y vejámenes durante detenciones a estudiantes, controles de identidad viciados y otras evidencias de abuso se les suman la ya memorable jornada del 4 de agosto y la muerte por gatillo fácil del joven Manuel Gutiérrez durante el paro nacional de la CUT.

El nuevo proyecto de ley presentado por Hinzpeter es un paso más en la marcha hacia la institucionalización del abuso policial, la represión y la criminalización de los movimientos sociales en Chile.