Exministra de la Corte Suprema es detenida por eventual cohecho y lavado de activos
Un equipo del OS7 de Carabineros realizó la detención de la exintegrante de la Corte Suprema de Chile, Ángela Vivanco, quien será formalizada en el marco de la indagatoria que involucra al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáver, y que ha sido conocida a nivel nacional como la trama de la «muñeca bielorrusa».
El procedimiento fue encabezado la noche de este domingo por la Fiscalía Regional de Los Lagos y busca poner a la imputada a disposición del tribunal. Ello, luego de acogerse una querella de capítulos que habilitó la comunicación de cargos en su contra por presunto cohecho y lavado de activos.
La acción judicial expone que, desde el año 2022, Vivanco y su conviviente, Gonzalo Migueles, «mantenían una cercana amistad con los abogados Mario Andrés Vargas Cociña y Carlos Eduardo Lagos Herrera, quienes visitaban frecuentemente el domicilio de la pareja en la comuna de Las Condes, en contextos tales como reuniones sociales, cumpleaños y reuniones privadas, relación que se extendió a lo menos hasta el 23 de julio de 2024».
Prosigue señalando que, durante el curso de dicha relación, en marzo de 2023, ambos juristas «asumieron la representación del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec SPA» en la interposición de recursos de protección contra la empresa estatal Codelco, a fin de «obtener la entrega y restitución de equipos y maquinarias… y dejar sin efecto la retención de pagos» de la cuprífera.
Durante la tramitación de tales libelos ante el máximo tribunal del país, se reprocha que la entonces ministra Vivanco haya intervenido y resuelto las causas a favor de los intereses de Vargas y Lagos, sin haberse inhabilitado, sumado a que, según la investigación de Fiscalía, los patrocinantes de dicho consorcio procedieron a dar «beneficios económicos» a la magistrada y su pareja.
«Se detalla un patrón de recepción de beneficios económicos (dinero en efectivo, dólares americanos) por parte de la querellada y su pareja provenientes de los abogados de CBM (Belaz Movitec), y la posterior realización de operaciones para ocultar o disimular el origen ilícito de estos fondos», recoge la sentencia que acogió la querella.
