Diputados valoran apertura de causa penal por eventuales coimas en proyecto Dominga
La Fiscalía Nacional confirmó el inicio de una investigación penal para dilucidar eventuales delitos de cohecho en los pagos detectados por el medio Reportea que vinculan a la minera Andes Iron, detrás de Dominga, con los dos abogados que están siendo objeto de indagatoria por la denominada «trama bielorrusa», donde existen sospechas fundadas de tráfico de influencias en las altas esferas del Poder Judicial.
La decisión es adoptada a raíz de una denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini que solicita aclarar las 10 transferencias por más de $250 millones en total dirigidas al estudio de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, pese a que éstos no formaron parte del equipo litigante en causas relacionadas con la iniciativa industrial.
La noticia fue bien recibida por los parlamentarios, quienes también pusieron el foco en los documentos enviados por la propia empresa para defender a los juristas, donde figuran presuntas «asesorías» que se nutren de información disponible en internet.
«Es evidente que nadie paga 250 millones por informe de copy paste. Entonces se debe aclarar: ¿para qué era el dinero que les pagó Dominga a estos abogados? ¿Hubo coimas a jueces en los fallos a favor de Dominga? ¿Qué rol tuvo Jean Pierre Matus considerando que su esposa recibió pagos de estos abogados? ¿Qué pasó en los tribunales ambientales con esos polémicos fallos a favor de Dominga? Este caso huele podrido a corrupción», señaló Manouchehri.
En tanto, la diputada y también senadora electa Ciccardini sostuvo que «cuando el dinero, los abogados y los fallos judiciales se cruzan, lo responsable es despejar todas las dudas. Por eso la Fiscalía hace lo correcto al investigar».
Según Radio Bio Bio, los antecedentes aportados desde el Congreso fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Los Lagos, la cual quedó a cargo de realizar las diligencias.
En paralelo, desde la Corte Suprema y producto de una «autodenuncia» presentada por el ministro Jean Pierre Matus, se anunció la instrucción de un sumario.
Sobre la conducta del supremo, Radio Universidad de Chile destacó que en mayo de 2022, el máximo tribunal del país «le dijo que no a los opositores cuando estos presentaron recursos de casación en contra de una decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que nuevamente había favorecido a Dominga. El voto de minoría fue de Muñoz, mientras que el de mayoría estuvo firmado por la destituida Ángela Vivanco y lo ministros Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, quien además fue el redactor del fallo.
«En enero de 2024, la Suprema declaró inadmisible otro recurso de casación, que esta vez había sido presentado en una disputa paralela que abrió la ciudadana Nancy Duman, representante en Chile de la organización Sphenisco, opositora al proyecto minero. Ella buscaba por la vía judicial que se declarara nula la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que en 2021 había dado luz verde a Dominga. Entonces el redactor del fallo también fue Matus», subrayaron.
Ayer, Andes Iron difundió un comunicado en el cual rechazó los cuestionamientos a su actuar, denunciando lo que calificó como «publicaciones tendenciosa, inexactas y completamente descontextualizadas» que inducirían a «interpretaciones erróneas».
«Los supuestos hechos denunciados no son constitutivos de delito alguno y son una maniobra comunicacional y política de los detractores del proyecto Dominga para obstaculizar su próxima puesta en marcha», dijeron.
