La nueva trama de corrupción que se cruza con fallos que beneficiaron a Dominga
Dos abogados que están siendo investigados por hacer lobby judicial y posibles sobornos para beneficiar al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) mediante fallos y resoluciones de la Corte Suprema también recibieron pagos de la empresa Andes Iron, detrás del polémico proyecto Dominga.
Según reveló el medio Reportea, el estudio de los juristas Mario Vargas y Eduardo Lagos -hoy en prisión preventiva- registran transferencias por más de $250 millones, aun cuando nunca figuraron como abogados litigantes de la minera.
En 2023, año en el cual se registraron los movimientos de dinero, la iniciativa de impacto ambiental promovida por el empresario Carlos Alberto Délano mantenía cuestionamientos y litigios judiciales que ponían en riesgo su aprobación definitiva.
El portal informó que un ministro clave en las decisiones que terminaron favoreciendo a Dominga es Jean Pierre Matus, «cuya esposa aparece en las cartolas bancarias del bufete de Lagos y Vargas percibiendo $18 millones en la misma época en que se recibieron los pagos de Andes Iron».
El reportaje también hace memoria sobre la investigación que se siguió ante un posible conflicto de intereses del expresidente Sebastián Piñera tras comprobarse que su familia vendió parte de Dominga en Islas Vírgenes Británicas, incorporando una cláusula que condicionaba uno de los pagos a que el terreno donde el proyecto sería edificado no obtuviese declaratoria de protección ambiental.
El fiscal que llevó adelante esa causa -sin éxito en términos de establecer la responsabilidad de Piñera- fue Manuel Guerra, quien trabajó con el equipo de Lagos y Vargas luego de renunciar al Ministerio Público.
El periodista Nicolás Sepúlveda, autor de la publicación periodística, señaló en una entrevista con El Desconcierto que aún no se saben detalles de las supuestas asesorías jurídicas realizadas por ambos profesionales del derecho a la empresa Andes.
Adicionalmente, afirmó que Matus, en el caso de haber conocido que Lagos y Vargas prestaban servicios a ésta, debió inhabilitarse de redactar fallos sobre Dominga.
Tras la denuncia, que forma parte de una arista derivada de la denominada «trama bielorrusa» que mantiene querellada a la exministra Ángela Vivanco y acusado constitucionalmente al exministro Diego Simpertigue, el propio Matus ha solicitado a la Corte Suprema la apertura de un sumario para despejar dudas sobre el proceder judicial.
