Desvinculan a director de la «Tía Rica» tras prendas a personas con antecedentes penales

El gobierno de Gabriel Boric, como consecuencia directa del informe de Contraloría que observó débiles filtros internos para detectar el posible origen ilícito de objetos en prenda, solicitó la renuncia al mandamás de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), Cristobal Sepúlveda Miranda, quien llegó al cargo a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Un comunicado emitido este lunes precisó que la subrogancia legal recaerá a partir de hoy «en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso».

La auditoría que motivó esta decisión logró evidenciar que, durante los años 2023 y 2024, un total de 160 personas con antecedentes penales entregaron joyas y alhajas a la denominada «Tía Rica», efectuando «transacciones que alcanzaron un monto $704.060.280», con una variación de «entre 10 y 111 prendas por individuo».

Adicionalmente, en idéntico período, se observó que beneficiarios en la misma situación «realizaron operaciones de mutuo, sin el posterior retiro de las joyas y alhajas entregadas en prenda». El informe detalla que, en 2023, hubo «834 personas que realizaron operaciones por $765.743.980 y en 2024 el monto ascendió a $ 741.282.400, asociado a 847 personas».

Asimismo, se observó «un número inusual de transacciones de joyas y alhajas por una misma persona. Al respecto, en el año 2023, 4.769 personas realizaron transacciones recurrentes que fluctuaron entre 10 y 229 operaciones por persona, por un monto de $7.139.044.380. Para el año 2024, 4.895 empeñantes, realizaron operaciones por $ 7.290.630.300, con una fluctuación entre 10 y 230 transacciones por persona».

La Contraloría recordó que las «superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.575 -entre los que se incluye la DICREP-, estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones», lo que no se cumplió por parte de Dicrep.

«Se constató que la Dirección General de Crédito Prendario no presenta procedimientos y controles mínimos sobre la verificación de datos personales de los empeñantes; sobre la generación de alertas u otros mecanismos sobre la reiteración de entregas de especies en prenda por las mismas personas y de la procedencia lícita de los bienes recepcionados», afirma el resumen ejecutivo.

Finalmente, se verificó que el servicio no mantiene mecanismos de coordinación con organismos policiales, conclusiones que han derivado en la instrucción de un sumario y en el envío de antecedentes al Ministerio Público.