En Chile:

Las cuatro mentiras del general Mario Rozas, el posible sucesor de Hermes Soto en Carabineros

El presidente Sebastián Piñera exigió este jueves la renuncia del director de Carabineros Hermes Soto, quien podría convertirse en el general de Orden y Seguridad con menor permanencia en el cargo desde el golpe de 1973. Sin embargo no hay nada formal, ya que aún la medida tiene que ser conocida por el parlamento y visada por la Contraloría, puesto que Soto, en un hecho sin precedentes bajo la actual Constitución, se negó a abandonar el timón.

La tensa jornada venía anticipándose desde el miércoles, luego de la filtración de un video inédito que acabó por derrumbar la versión oficial divulgada a horas del asesinato del mapuche Camilo Catrillanca por el gobierno y Carabineros, y que apuntaba a un supuesto enfrentamiento que había justificado la acción de la patrulla del GOPE. El registro desmintió -además- la presunta inexistencia de imágenes sobre el momento exacto en que ocurrió el baleo.

Las lecturas del hecho fueron múltiples: quedaba al descubierto una nueva fractura en el control jerárquico de Hermes sobre aquellos subalternos que habían mentido no una, sino varias veces, apoyando relatos que habían dejado en ridículo al Ministerio del Interior, o bien, todo era parte de una operación digitada por el sector «villalobista» para debilitar aún más la gestión de Soto, en aras a recuperar el espacio que éste quitó al desarticular bastiones importantes del aparato de inteligencia y reductos de la corrupción verde oliva al asumir el mando.

Las diferencias internas fueron comentadas por el propio Piñera en una entrevista concedida a Ahora Noticias poco después de anunciar que junto a Soto se irán también otros 10 generales del Alto Mando. «Estoy consciente que hay ciertas divisiones y enfrentamientos al interior de Carabineros, entre distintos liderazgos, lo cual es muy malo para la institución», afirmó.

Según La Tercera, en el círculo del ex director Bruno Villalobos, quien recientemente fue procesado como cómplice de las torturas contra el fallecido estudiante Patricio Manzano en 1985, interpretan que la situación es al revés, que hay interés de La Moneda -observable en la petición de la Subsecretaría de Derechos Humanos al ministro Mario Carroza- de «cobrarle cuentas pendientes (a Villalobos) por su histórica cercanía con la expresidenta Michelle Bachelet y desviar la atención del actual Alto Mando».

En tanto, análisis de partidarios de Hermes Soto apuntaron esta jornada a una supuesta gestión realizada ante el abogado del mayor Patricio Marín -quien es cercano a Villalobos y está imputado por el supuesto montaje de la Operación Huracán- para conseguir una copia del video que posteriormente se filtró a la prensa y afectó a Soto. Sería el mismo jurista que defiende al sargento Raúl Ávila, formalizado en el caso Catrillanca, expuso el medio de Copesa.

SE BUSCA SUPLENTE

En su esperado discurso durante la tarde de ayer, donde respaldó el actuar del ministro del Interior Andrés Chadwick ad portas de ser acusado constitucionalmente por la oposición, Piñera sostuvo que para superar la crisis en Carabineros, iniciada con el Pacogate, condimentada con Huracán y profundizada con el crimen de Catrillanca, debía surgir un «nuevo liderazgo».

En la quina de posibles reemplazantes ha aparecido en forma rimbombante el nombre del actual general de Bienestar, Mario Rozas Córdova, quien se desempeñó en la era del director Gustavo González Jure y de Bruno Villalobos como jefe del Departamento de Comunicaciones de Carabineros. Anteriormente fue edecán del actual mandatario, lo que aumentaría sus posibilidades de reemplazar a Soto como un rostro no vinculado a los escándalos que aún tienen flancos abiertos en la justicia.

A Rozas, por esto último, jugaría en contra el hecho de no haber dado explicaciones convincentes ante la comisión del Congreso que indagó a las Mutuales de Carabineros y las FFAA por la ambigua rendición de $23 mil millones de pesos en excedentes, hecho detectado por la Contraloría en un informe que llegó al escritorio del fiscal nacional Jorge Abbott. Rozas dijo que todo tenía respaldo en operaciones inmobiliarias y que la documentación de ello, originada en períodos anteriores a él, había sido destruida por norma interna. «Es grave», señaló el diputado PS Leonardo Soto.

Pero también habrían otros requisitos para el perfil: tener tacto con la tropa, algo que en principio destacó en la personalidad de Hermes Soto y que estaría ausente en las cualidades de la carta presidencial, como se concluye a partir de comentarios publicados por ex funcionarios de Carabineros en un video de Youtube que contiene una entrevista realizada por Tomás Mosciatti a Rozas en 2015, donde éste último niega una serie de acusaciones de irregularidades en la institución, previo al estallido del Pacogate.

Verdad Ahora enumeró cuatro afirmaciones altamente cuestionables, a la luz de un cotejo con la información que actualmente se dispone, realizadas por el entonces coronel de Comunicaciones Mario Rozas en defensa de la hoy mal mirada gestión de González Jure, misma que no previó el fraude -ascendente a 28 mil millones y fracción- que gatilló un quiebre en la confianza pública hacia Carabineros.

1. Uso indebido del personal

Mosciatti consultó a Rozas por los dichos del ex cabo de Carabineros Hernán Leiva Suazo, quien días antes había criticado privilegios que existían para algunos oficiales, como el uso irregular de personal de menor jerarquía para labores de conducción, jardinería u otras privadas. El uniformado planteó que las acusaciones  eran «infundadas» y «malintencionadas», y que los casos eran «marginales» y había que mirarlos «de acuerdo al contexto».

Hay al menos dos ejemplos que desvirtúan lo señalado por Rozas, uno de los cuales fue denunciado por el ex cabo Leiva y que la Contraloría, de hecho, pudo comprobar, según da cuenta el Informe Final de Investigación Especial Nº 493 de 2016: el empleo de dos cabos y 15 estudiantes de la Escuela de Formación Policial (Esfocar) de Valdivia para una mudanza particular del mayor Richard Gutiérrez Lamilla, comandante de ese plantel.

Por otra parte está el caso que en 2016 gatilló el retiro del jefe de Zona de Aysén, Gerardo Concha Ortega, por utilizar a un cabo para limpiar la alfombra de su casa, funcionario que se accidentó las manos y batalló duramente para reconocer su dolencia como fruto de un acto de servicio.

Fuentes policiales indicaron a Verdad Ahora que la Dirección de Justicia, comandada en la época por el general Juan Gutiérrez Silva, facilitó abogados de la institución para defender a Concha en un juicio particular iniciado por su nana, quien reclamó por sueldos impagos. Ya jubilado, Concha fue nombrado por el ex director Bruno Villalobos como gerente de la Cooperativa de Carabineros de Iquique.

2. Control deficiente

En otro fragmento de la entrevista, el hoy general Mario Rozas indicó que todos los funcionarios cuentan con resguardos para denunciar faltas o delitos de corrupción cometidos por superiores, y que a diferencia de lo señalado por el ex cabo Hernán Leiva, éstos «no» son expulsados ni perseguidos. «Cada vez que se formula una denuncia en forma seria y responsable, la obligación de cualquier mando de Carabineros es investigar», sostuvo.

En la plataforma de comentarios de Youtube, el ex carabinero Eduardo Suárez negó lo dicho por el coronel. «Yo denuncié por escrito a la dirección general, a un comandante por malos tratos y hurto de dineros fiscales, siguiendo todos los conductos regulares y apegado 100% al reglamento… En primera instancia antes de siquiera comenzar a investigar, me trasladaron lejos de mi hogar. Casi al finalizar la investigación, estábamos sancionados mi testigo principal y yo, el comandante imputado, nada, ninguna sanción. Por dignidad, opté por pedir mi retiro, pues como policía no podía seguir recibiendo órdenes de delincuentes» (sic).

Lejos de reconocer la existencia de casos como aquél, Rozas también planteó a Mosciatti que «nuestros mecanismos de control, que son bastante eficientes, día a día están controlando, están verificando, revisando, todos nuestros procesos», dichos que no son concordantes con lo hallado por la comisión parlamentaria que indagó el Pacogate, y que concluyó que en el período aludido por Rozas se dio exactamente lo contrario.

«En cuanto a quienes se encontraban al mando de la institución en la época en que se verificaron los hechos investigados al tener aquellos la dirección superior institucional, a juicio de esta comisión les asiste la responsabilidad por su funcionamiento y la correcta administración de los recursos financieros asignados… se estima que las palabras de su actual General Director (hoy ex, Bruno Villalobos) al atribuir la raíz del problema a una ‘cultura de control deficiente’, son de la mayor gravedad», subrayó el informe de la Cámara Baja.

3. Falta de protección de la maternidad

«Decir que en Carabineros no se respeta el fuero maternal es una irresponsabilidad y es una mentira», indicó tajante el coronel Rozas a Mosciatti. El solo caso de la teniente Andrea Neira, quien fue expulsada de la institución a pocos días del nacimiento de su hijo en 2015, bajo la causal de «imposibilidad física», contradice lo indicado por quien hoy se muestra como el favorito de La Moneda para suceder a Hermes Soto.

Lo ocurrido con Neira fue una «injusticia», expresó la primera dama Cecilia Morel en compañía del propio Soto, en abril de 2018, cuando se anunció que la oficial sería reincorporada como señal del fortalecimiento de la equidad de género al interior de Carabineros, informó Emol.

En la ceremonia, el general director señaló que al conocer lo sucedido con Neira, «lo revisamos, analizamos y estimamos que había que corregir un error que se había cometido, era injusto y afectaba a una familia completa y a la institución», gesto que fue agradecido por la uniformada, quien aseguró que Hermes representaba «un cambio… nos está escuchando como funcionarios, está acogiendo nuestras peticiones».

Después de la arenga negacionista del coronel Rozas también hubo situaciones complejas que comprometieron la maternidad en Carabineros. En 2017, la capitán Paula Mella Leiva fue grabada protagonizando una discusión con una funcionaria que solicitaba tiempo para amamantar a su bebé. Mella negó el derecho, e irónicamente, dos días después, fue trasladada a la plana mayor de la Zona de Prevención y Protección de la Familia.

4. Impedimentos para casarse

El punto más álgido de la entrevista de Tomás Mosciatti fue al consultar a Mario Rozas sobre el grado de control que ejercerían determinados jefes policiales sobre funcionarios que contraen matrimonio.

Rozas señaló que al personal -que debe informar dicha situación al mando respectivo- no se le autoriza o rechaza nada, como indicaban los denunciantes, sino que solo se le «hace una sugerencia para el nuevo estado que va a contraer… porque si se casa una princesa con un príncipe de un país determinado, lo más probable es que tenga que irse de la institución».

Luego de enredar aún más su explicación, el coronel terminó reconociendo parte de lo denunciado, al afirmar que incluso características culturales o de clase social de la futura o futuro cónyuge pueden generar obstáculos para la unión marital, y que tales elementos eran motivo de análisis por parte de superiores.

«Son sugerencias para que se tenga presente que si usted contrae matrimonio con un hombre o una mujer que tiene ciertas características, cierto estado, cierta posición social, económica, cultural, pueda en un momento dado estar impedido de postular a algún lugar, a algún traslado o a algún cargo», contestó Rozas, quien no logró ejemplificar los rasgos culturales que aludió.

Mira la entrevista completa acá:

Por Matías Rojas

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