Exagente de la CNI amenaza con querella a organización de DDHH de San Antonio
En el transcurso de la semana pasada, la Fundación por la Memoria de San Antonio denunció que un alto funcionario del municipio local de esa comuna, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac), Christian Ovalle Lyon, había pertenecido a la Central Nacional de Informaciones (CNI), hecho que fue calificado por la organización como «relevante y que debería estar en conocimiento de la comunidad».
La entidad, que defiende la declaración como Monumento Nacional del exbalneario popular de Rocas de Santo Domingo, reconocido como un lugar de nacimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), señaló que Ovalle estuvo relacionado con una causa judicial que indagó apremios ilegítimos contra estudiantes secundarios de Temuco, instando al alcalde Omar Vera a emitir un pronunciamiento y asumir la «responsabilidad de contribuir a la verdad, la justicia y la reparación».
Como subraya Diario Proa Regional, el concejal Milko Caracciolo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Antonio, se sumó a la solicitud de la fundación, indicando que “este es un asunto de máxima gravedad, que exige transparencia y una respuesta clara por parte de la administración municipal», pidiendo la «renuncia inmediata del actual secretario comunal de planificación».
NOMBRE OPERATIVO
En el expediente mencionado por la fundación -cuya sentencia puede ser revisada en la compilación Papeles de la Dictadura de Ciper- figuran declaraciones que sitúan al actual funcionario municipal de San Antonio, durante enero de 1986, en la Región de la Araucanía, donde es reconocido por el entonces jefe local de la CNI, Jorge Palacios Mery, como un integrante del organismo represivo que ostentaba el grado de teniente y usaba la chapa de «Ilabaca».
En el mismo sentido declaró el exagente Carlos Lagos Fuentes, cuyo nombre operativo era «Jorge Gutiérrez», quien admitió haber participado en la detención «de un grupo de jóvenes que formaba parte de una escuela de guerrillas en el sector rural de Lautaro» y haber conducido un furgón que transportó a personal de la CNI hasta un lugar donde habría visto «al Teniente Ovalle Lyon».
El fallo de segunda instancia recoge la versión que prestó Ovalle sobre dicho operativo: «recuerda que se encontraba en Temuco casualmente y que fue a entregarle el departamento al mayor Palacios Mery», oportunidad en la que «pudo ver a los detenidos en la unidad, pero no participó en los interrogatorios» y «le sugirió al mayor Palacios que viera la factibilidad de sacar a las mujeres del recinto», según manifestó.
RESPUESTA DEL EXCNI
El sábado, Ovalle tildó las acusaciones como «infamantes, injuriosas y sesgadas», indicando que éstas no solo buscarían «desacreditarme y cancelarme socialmente, sino que además, defenestrarme del cargo que ejerzo al interior de la Municipalidad de San Antonio», según expresó al diario El Líder.
«Al involucrarme en violaciones a los derechos humanos de las que no soy en absoluto responsable, en una acusación que se ha basado exclusivamente en exacerbar mi breve estadía en otro cometido y como simple testigo en una causa determinada», respondió, anunciando que requerirá al alcalde Vera interponer «una querella por injurias graves en (mi) contra».
En cuanto al concejal Carracciolo -añade la nota-, el director de Secplac anticipó que presentará «una denuncia por acoso laboral ante la Contraloría General de la República”.
