Condenan a exdirector de Inteligencia del Ejército por quema de archivos de DINA y CNI
La ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sentenció a tres oficiales del Ejército de Chile -entre ellos, dos generales en retiro-, involucrados en la destrucción de documentos microfilmados sobre actividades realizadas por los organismos de seguridad de la dictadura.
El delito ocurrió al interior de la Escuela de Inteligencia de la institución castrense, ubicada en la comuna de Nos, entre los años 2000 y 2001.
La causa fue iniciada tras una querella presentada en 2017 por la organización de memoria Londres 38 que acusó delitos de sustracción y supresión de archivos, además de encubrimiento de homicidios y secuestros calificados.
Uno de los antecedentes que fundó el libelo yace en una investigación sumaria encargada entre 2015 y 2016 por el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, que confirmó la incineración de registros asociados a la ejecución de actividades de inteligencia entre 1980 y 1982, así como también la carpeta operativa de acciones realizadas en contra del expresidente Eduardo Frei Montalva.
Dicho proceso acreditó una acción digitada por el jefe de la Dirección de Inteligencia (DINE), Eduardo Jara, que infringió los reglamentos internos asociados a la custodia de legajos, norma que obligaba a mantener indefinidamente «los documentos de información de inteligencia que sean probatorios de hechos importantes» en razón de su valor histórico.
En tal oportunidad se reconoció la destrucción de archivos que pudieron «corresponder a los años 1973 a 1990», abarcando expedientes relativos a la Central Nacional de Informaciones (CNI) y a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
LIBERTAD VIGILADA
La página web del Poder Judicial destaca que la ministra Plaza, por estos hechos, «condenó al otrora general Eduardo Abel Jara Hallad y a la entonces teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, accesorias legales de inhabilitación absoluta para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras duren las condenas; más el pago de una multa de 21 UTM y las costas, como autores del delito».
«En tanto, el general en retiro Carlos Patricio Chacón Guerrero recibió una condena de 200 días de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de un año, accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena y el pago de una multa de 21 UTM y costas, como encubridor del ilícito», añade.
