Los otros parlamentarios que podrían correr la suerte de Isabel Allende por contratos con el Fisco

La destitución de la senadora Isabel Allende por la fallida compra de su casa a manos del Estado ha abierto la posibilidad de que otros miembros del Congreso puedan ser denunciados al Tribunal Constitucional (TC) para determinar su separación del cargo.

Como publica hoy The Clinic, existen al menos cinco parlamentarios de la Cámara Baja y la Cámara Alta que han mantenido acuerdos con el Fisco «que implicaron pagos con dineros públicos: los senadores Juan Castro (PSC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS), y los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Ximena Ossandón (RN)».

El escenario se plantea por la aplicación efectuada por el TC respecto al artículo 60 de la Constitución, el cual establece que «cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado».

El reportaje del medio cita el cúmulo de licitaciones adjudicadas por instituciones públicas -principalmente municipios de la Región del Maule, con 42 órdenes de compra pagadas desde marzo de 2018- a la empresa Constructora Indemma, integrada por la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva, de la cual era accionista el senador Juan Castro Prieto y esposa.

También se refiere a la situación de Fidel Espinoza durante su ejercicio como diputado de la Región de Los Ríos hasta 2018, período en el cual existieron diversas contrataciones de difusión radial por entidades como el Servicio de Salud de Reloncaví a la Radio Nuevo Amanecer, formada por Espinoza y un familiar en 2005. «Ese mismo año Espinoza salió de la sociedad, pero eso no quedó oficializado en el Registro de Comercio hasta 2018», indica.

Un tercer caso es el de Jaime Mulet, quien adquirió junto a su cónyuge, en abril de 2010, la sociedad Rodríguez y Compañía Limitada. En 2015, precisa la publicación, la empresa «aparece como proveedora del Estado en la plataforma de Mercado Público, prestando servicios como radiodifusión».

Aun cuando la firma siguió prestando el servicio de radiodifusora cuando Mulet asumió la diputación en 2018, el parlamentario señaló a The Clinic «que vendió su participación en la empresa en abril (de ese año)», a menos de un mes de asumir el cargo, venta que «fue hecha a una empresa de su esposa, Flavia Torrealba, por $9 millones».

De igual manera se observan los negocios realizados por la senadora Ximena Ossandón a través de la empresa Cumplo Chile S.A., dedicada a «levantar financiamiento para pymes y medianas empresas que tienen dificultades para acceder al financiamiento bancario» y que ha «recibido más de $28 mil millones de parte de organismos estatales». Según Ossandón, ella solo tiene el 1,14% de las acciones.

A eso se añade que en diciembre de 2018, «diez meses después que entrara por primera vez al Congreso como diputada, la empresa Asesorías Paul y Cía. Limitada -donde también comparte propiedad con su marido-, celebró un contrato con el Sistema de Empresas Públicas (SEP), para prestar asesorías a la institución en el funcionamiento de su directorio», todo por un monto cercano a los $9 millones en la época.

Finalmente se alude a un contrato de arrendamiento de inmueble suscrito por el exsubsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, y Luciano Cruz-Coke, diputado entre 2018 y 2022, con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), el cual tuvo «una duración de cinco años y venció el 9 de noviembre de 2020».

«Durante el tiempo en que Cruz-Coke fue parlamentario y mantuvo activo su contrato con la Junji -marzo de 2018 y noviembre de 2020-, recibió junto a su socio unos $147 millones por el arriendo», especifica la investigación periodística.