Niños robados en dictadura: Presentan querella por adopción irregular de ciudadana sueca
Esta semana, en la Corte de Apelaciones de Santiago, fue ingresada una nueva acción judicial que denuncia la existencia de una política impulsada por el régimen militar de Augusto Pinochet, la cual tendría relación con los miles de casos de menores chilenos que fueron adoptados irregularmente en el extranjero y que tuvieron como principal destino el continente europeo.
La querella, interpuesta por el abogado Roberto Ávila en representación de la ciudadana sueca Anna Bohrn y su madre biológica Francisca Cifuentes, quienes pudieron reencontrarse en 2024, plantea que en Chile existió un plan diseñado por agentes de Estado para «exportar» niños pobres, los cuales «eran los más fáciles de sustraer y vender, pues sus padres no reclamarían con la vehemencia, constancias y apoyos que suscitarían hijos de militantes políticos o sociales».
El documento acompaña un acta de la Junta Militar de Gobierno, presidida el 15 de abril de 1974 por Pinochet, donde el entonces ministro de Justicia invita a un excoronel de Carabineros de apellido Vicuña para discutir acciones encaminadas a resolver la problemática de «menores en situación irregular».
En el registro, el oficial en retiro asevera que el «niño en situación irregular es un caldo de cultivo del marxismo, y esto nos lleva necesariamente a deducir que este problema no se puede atacar con las estructuras tradicionales».
En la misma secuencia, el titular de la cartera de Justicia reafirma los dichos del uniformado, agregando que los «65 mil niños en condiciones subhumanas de que habla el Coronel Vicuña son verdaderos animalitos, son niños que muchas veces no entienden nuestro lenguaje ni nuestras costumbres y eso es un criadero de marxistas».
«En esta reunión participa el general Augusto Lutz, director de Inteligencia, que pocos meses después sería asesinado por la propia dictadura, crimen motivado por ciertas conductas humanitarias de este general, como liberar a los menores de edad existentes en Isla Dawson como Carlos Parker Almonacid y Aristóteles España«, indica la presentación.
CASOS EN LA JUSTICIA
En 2017, como informaron diversos medios de comunicación, el ministro Mario Carroza abrió indagatorias para esclarecer la adopción de hasta 20 mil niños en dictadura. Luego, en 2019, la Corte Suprema decidió radicar las causas por adopciones irregulares en el ministro Jaime Balmaceda, quien ha puesto en duda que los casos tengan relación con fines de represión política.
«Para mí, no existe ningún vínculo con el régimen de Pinochet», declaró Balmaceda a Mediapart, un portal de investigación francés, donde también afirmó que en cinco años de pesquisas no había logrado establecer la comisión de delitos.
En marzo de 2024, Anna Bohrn criticó la actitud del investigador. «Escribimos una carta abierta el 15 de febrero desde Suecia, donde demostramos que su investigación criminal no es válida según la legislación», comentó a Radio Bio Bio, agregando que «entre 1973 y 1991, más de 30 millones de coronas suecas pasaron de Suecia a Chile. La prueba está ahí. Cualquiera que sepa leer puede verlo, pero como es corrupto ha dejado de leer».
En la querella de esta semana, Bohrn apunta al rol de Ana María Elmgren, conocida también como «Aja», quien cumplía funciones en la agencia de adopción sueca «Adoptionscentrum».
«La jueza Tatiana Romano en Temuco otorgó mi custodia temporal a Ana María Elmgren. Luego, ella se encargó de que yo recibiera una nueva identidad en una oficina en Perquenco, una ciudad al norte de Temuco. Al mismo tiempo que me registraron allí, también registraron a otra niña con nombres suecos. La pequeña estación de policía funcionaba como una oficina de registro ilegal, donde se inscribieron varios niños adoptados por suecos con documentos falsos», relata en el libelo.
