Los detalles del juicio que condenó a oficiales de Gendarmería por títulos falsos

Luego de una larga investigación que duró más de dos años, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó como autor de estafa y adulteración de documentos al representante de la Sociedad Jorquera y Compañía Limitada (SILJOR), Patricio Silva Espinoza, acusado de embaucar a gendarmes «con la atractiva oferta de realizar una carrera profesional a través de un mecanismo no presencial y de corta duración» que a la larga llevaría a aumentar sus remuneraciones en perjuicio del Fisco.

También halló culpables de estafa -considerando que promovieron el engaño- a los dirigentes gremiales del servicio Juan Yáñez Guerrero, Alex Catalán Meneses, Leandro Tegler Aguilera y Rodrigo Luna Luna, los últimos dos fundadores de la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales de Gendarmería (ANOPRO).

Según el fallo, el empresario educacional Patricio Silva se valió de un convenio de «cooperación institucional» suscrito el 14 de abril de 2011 con la Universidad La República (ULARE), instrumento que, de acuerdo al testimonio prestado por el ex vicerrector de finanzas del establecimiento vinculado a la masonería, Guillermo Castro Jofré, «permitía allegar nuevos fondos… en un momento de crisis».

Pese a la firma del acuerdo en cuestión, distintas autoridades de la época y otras actuales de la universidad, como su rector Alfredo Romero Lucuime, el ex vicerrector académico Fulvio Ciaffaroni Jara y su fiscal Macarena Carvallo Silva, fueron «contestes en señalar que no se aprobaron los programas académicos para las carreras que se indicaban en ese convenio, que nunca contrataron profesores y que menos aún se nombró a Silva como director de una carrera».

Conforme a ello, a principios del año 2012, la ULARE dispuso devolver todos los pagos que se habían efectuado a la casa de estudios, ordenando desautorizar, por ende, a Silva, quien no respetó aquello y siguió «utilizando los símbolos de la universidad y su nombre para seguir impartiendo las supuestas ‘carreras on line’ hasta mediados del año 2013».

De este engaño, según el tribunal, se hizo parte en 2015 la ANOPRO, que «puso en conocimiento a posibles asociados, todos oficiales, la existencia de un convenio suscrito por su presidente de la época, Rodrigo Luna Luna, y SILJOR Ltda., representada por Patricio Silva, mediante el cual reconocía la malla de estudios de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios o Escuela de Gendarmería para obtener ‘diversas carreras o continuidad de estudios'».

Lo anterior en la forma de un plan especial de titulación para la carrera de ingeniería en prevención de riesgos de la Universidad SEK, la cual obtendrían solo cursando un año académico.

«La atractiva presentación de los dirigentes gremiales tenía dos elementos más para convencer a los oficiales. Este gran beneficio solo aplicaba para quienes se incorporaran a la ANOPRO y los papeles para la convalidación se tramitarían por su cuenta luego del pago de $800.000, que podía incluso diferirse por algunos días. Los oficiales mencionados dispusieron del dinero solicitado mediante depósitos o transferencias electrónicas en las cuentas bancarias personales de los acusados», indica la sentencia.

Para completar los antecedentes que exigía la Universidad SEK, «en cada expediente de los alumnos inscritos se adjuntaron certificados de egreso y/o de notas supuestamente emitidos por la Universidad La República», forjados por Patricio Silva.

«Todos los oficiales de Gendarmería víctimas declararon en el juicio indicando que los certificados de egreso y/o concentraciones de notas no se ajustaban a la realidad porque ellos nunca habían estudiado en la ULARE, precisando que el dinero que habían pagado a Tegler o a Luna era para la matrícula y para la convalidación de estudios de la Escuela de Gendarmería. Además señalaron que les pagaron a Tegler o Luna $800.000 por concepto de matrícula y convalidación de estudios», precisa la condena.

Tras la investigación se asentó además «que la Universidad SEK no cobraba matrícula por este plan especial de titulación, estando todos los testigos contestes en que los $800.000 eran cobrados para supuestamente pagar la matrícula (que no existía) y la convalidación de los estudios (que no procedía), dinero traspasado a los dirigentes de ANOPRO».

CUENTAS BANCARIAS

En sus alegatos, los representantes de los dirigentes imputados por la Fiscalía negaron que éstos hayan sabido, de antemano a la promoción de los cursos, la falsedad de los documentos presuntamente emitidos por la Universidad La República. En el caso del líder de la ANOPRO, Leandro Tegler, su abogado planteó que nadie involucró o entregó elementos que pudiesen vincular a su representado con tal conocimiento.

Agregó además que «el poder tratar de mejorar las condiciones económicas y educacionales de los miembros de su gremio no es ningún delito», en sintonía con la Ley 19.296 que establece normas para asociaciones de funcionarios del Estado.

Específicamente el artículo 7, letra g), de dicha norma, autoriza a los organismos realizar «acciones de bienestar, de orientación y de formación gremiales, de capacitación o de otra índole, dirigidas al perfeccionamiento funcionario y a la recreación o al mejoramiento social de sus afiliados y de sus grupos familiares.

«Ellos son dirigentes sindicales… Una función inherente como tal es la de buscar afiliados, lo que no se puede inferir que sea una captación para consumar una estafa, con pleno conocimiento que sus afiliados no se iban a poder titular», indicó por su parte la defensa de Juan Yáñez y Alex Catalán, ligado a la Asociación de Gendarmes Técnicos Profesionales (AGETPRO).

En cuanto a los depósitos que fueron realizados a dirigentes de la ANOPRO, se argumentó a su favor que «en la época era imposible poder depositar en otra cuenta corriente porque tenía menos de un año de existencia esta agrupación, y en consecuencia ningún banco les iba a abrir una cuenta corriente o cuenta vista para poder manejar los dineros de la asociación gremial».

Se añadió, enfatizando que Tegler y Luna también habrían sido víctimas del entuerto, que todas las sumas depositadas por los funcionarios «captados» -$800.000 cada uno- habría ido a parar a las cuentas de Patricio Silva, no quedándose ANOPRO con ningún dinero, versión que tendría sustento en un certificado del mes de diciembre del año 2015 agregado por la misma Fiscalía en su lista de pruebas.

Respecto a lo anterior, el tribunal estimó que el mismo no resultaba «suficiente para determinar que los dineros que recibió Leandro Tegler ingresaron en SILJOR» y que «este documento más bien es una potente prueba que incrimina a ambos acusados (Silva y Tegler), ya que en él se admite la existencia de dineros y la relación entre SILJOR y ANOPRO».

La coordinación exacta entre ANOPRO y SILJOR no logró ser precisada, ya que la Fiscalía perdió evidencia contenida en los teléfonos que incautó durante la pesquisa.

FUEGO CRUZADO

La audiencia, que se extendió por varias semanas, no estuvo exenta de cuestionamientos al proceder del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (DIAP) de Gendarmería, unidad que en la causa efectuó diligencias por instrucción de la Fiscalía. Uno de los testigos de la defensa, Jean Paul Perales Zúñiga, indicó en estrados haber sido presionado por el DIAP, «y que su declaración fue tomada manuscrita».

Perales fue «contrastado con un acta de lectura de derechos, en que se lee que el testigo hizo uso de su derecho a guardar silencio, y frente a este contraste… indica que la firma del documento se parece a la de su carnet, pero niega haberla firmado», evocó el tribunal. Por tal motivo, se instruyó al Ministerio Público abrir una nueva indagatoria por el supuesto delito de falsificación.

A raíz de dos querellas presentadas por el hoy condenado capitán de la ANOPRO Leandro Tegler ya existen pesquisas para determinar si existieron vicios en el proceso. La primera, denuncia un eventual falseamiento de firmas del ex director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas Flores, en el sumario administrativo. La segunda, acusa al capitán Álex Amigo García y al mayor Bernardo Olivares González, ambos agentes del DIAP, por el supuesto delito de obstrucción a la investigación.

Esta última, que fue admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, relata que con fecha 16 de noviembre de 2015, el fiscal adjunto César Urzúa Miranda «solicitó a la Universidad SEK realizar entrega voluntaria al equipo investigador de Gendarmería, de todas las carpetas académicas de los alumnos de Gendarmería de Chile que se encontraban estudiando la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos mediante este programa especial (que involucraba a SILJOR)».

Los archivos fueron entregados por el rector de la Universidad SEK, Óscar Acuña Poblete, al personal del DIAP, quienes informaron a la Fiscalía que, en la carpeta académica de Tegler, existía copia de un certificado de egreso de la Universidad La República.

Al respecto, la querella plantea que «esa información es completamente errónea», dado que el oficial «jamás estudio en la Universidad La Republica, jamas presentó ante la Universidad SEK certificado de egreso alguno de dicha Universidad, y en definitiva no existe este certificado con respecto a él». Ello por cuanto solo ingresó al programa «en razón de su título profesional de Ingeniero de Ejecución en Seguridad Privada del Instituto Profesional Arturo Prat, según consta en su Certificado de Título de fecha 26 de agosto de 2013, el cual por supuesto estaba contenido en su carpeta de alumno».

«La inexactitud de la información entregada, según los hechos descritos, habría llevado al Ministerio Público a tomar una serie de decisiones procesales sin el adecuado fundamento, lo que en la práctica ha significado un grave entorpecimiento a la correcta administración de justicia. En efecto, a raíz de la inclusión de mi defendido a los alumnos con Certificados de Egreso de ULARE firmados por SILJOR (presuntamente falsos), inmediatamente se le vincula a esta Empresa, y a su representante coacusado», remata la acción legal.

Por Matías Rojas