Rina Montt desde el autoexilio en México: «Sigo siendo el chivo expiatorio del caso Spiniak»

A continuación reproducimos una carta abierta enviada a nuestro buzón por la ex funcionaria del Servicio Nacional de Menores (Sename), Rina Montt Marchant, desde el Distrito Federal de México:

Este sábado la nostalgia me invade entera. Estoy lejos de mi familia, mis hijos, y de los pocos amigos y amigas que permanecieron junto a mí, aun cuando era pública y horrorosamente atacada, denostada, injuriada y calumniada, por figuras de la UDI y por el ex senador Nelson Ávila.

Es inevitable tener sentimientos de rabia, impotencia y dolor por verme obligada a sobrevivir al autoexilio. Los recuerdos me vienen de golpe.

Mi tragedia comenzó el 13 de octubre de 2003, cuando por intermedio de Marcela Neira Vallejos, actual jefa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, recibí órdenes perentorias de Delia del Gatto, directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), para que concurriera a la iglesia del sacerdote José Luis Artiagoitía y entrevistara a una supuesta niña de nombre Gemita Bueno que señalaba haber asistido a las fiestas de Claudio Spiniak.

Jamas imaginé, por un momento siquiera, que eso destruiría mi vida, especialmente por la escasa protección que me dio Sename como funcionaria pública en una labor que realizaba a diario, como era entrevistar a menores de edad posibles víctimas de delitos sexuales.

Fui acusada por la UDI de asociación ilícita terrorista, sedición por astucia y ejercicio ilegal y usurpación de funciones. Por el senador Nelson Ávila de inducción a menores a mentir, falsificar documentos públicos, falso testimonio, y de complicidad con Claudia Fuentes para estafar a Sename en 96 millones de pesos, todas acusaciones sin ningún medio de prueba y que sólo se sostenían por la palabra de los políticos.

En el año 2013, cuando fui condenada en Chile por ejercicio ilegal de la profesión, nunca tuve la posibilidad de defenderme. La justicia chilena guardó en su bolsillo la Constitución y la Convención de Derechos Humanos firmada en 1963 y ratificada en 1991.

Tanto la UDI, experta en montajes, como el senador Ávila, el obsecuente capitán de Carabineros perteneciente a la Dirección de Inteligencia Policial, Gonzalo Alveal Antonucci, y la perversa jueza del 33 Juzgado del Crimen de Santiago, Eleonora Domínguez, lograron destruir mi vida civil, obligándome a subsistir en México.

Y es que en 2007, tanto Delia del Gatto, actual gerente de Fundación Mi Casa, y el “honorable” senador Ávila, llamaban diariamente a la subsecretaria de Justicia, María Teresa Infante, solicitándole mi despido del Sename, cosa que Paulina Fernández acató sin someterme a un sumario administrativo justo para deslindar responsabilidades.

¿Qué es lo que temía tanto el senador Ávila? Hoy puedo responder esa pregunta. Aunque por ahora, me la guardaré.

México, este querido país, me ha permitido desarrollarme, adquirir estrategias psicológicas para no caer en depresión y, lo más importante, me ha dado la tranquilidad de ver mi caso a la distancia, sin que periodistas como Javiera Matus del diario La Tercera publiquen reportajes mentirosos sobre mí, por el sólo hecho de ir, sentarme y presenciar algunas audiencias orales, como el tan bullado caso de Enrique Orellana, el alto ejecutivo del Banco Central acusado de abusos.

Afortunadamente, antes de venirme de Chile, logré extraer fotocopias de la causa Nº 57.379 por ejercicio ilegal y usurpación de funciones, proceso que siguió fieramente el abogado gremialista Cristian Letelier, hoy ministro del Tribunal Constitucional, en mi contra, haciendo que incluso la Interpol me buscara tanto en Venezuela como en México.

Todavía no sé cómo pude cometer el delito de usurpación de funciones, cuando el cargo de Coordinadora de la Unidad de Intervención en Crisis me fue asignado por la propia directora del Sename, Delia del Gatto, independiente de que luego dijera que no me conocía.

El delito de ejercicio ilegal lo cometí gracias a la ayuda del capitán Gonzalo Alveal, quien agregó un pie de firma donde dice “Ps. Rina Montt Marchant” a informes de recepción de denuncias telefónicas a la línea 800 del Sename, del año 2001. Yo había obtenido mi licencia de psicóloga en los primeros meses de 2002. Pero él tenía que justificar esta ayuda: tenía que interrogarme y adulterar mi declaración. Al recordar y analizar este momento me doy cuenta de que todo fue planificado entre la jueza Domínguez, el obsecuente capitán y la actuaria Paula Verdugo.

Así las cosas, quedé a merced de mi torturador y de un tercero, también funcionario de Carabineros del cual desconozco su nombre, ya que lo he preguntado muchas veces a la oficina de Transparencia de esa institución policial pero se han negado reiteradamente a entregarlo bajo el pretexto de que cada cinco años queman los antecedentes. Tengo que entender entonces que cada cinco años se elabora una hoja de vida nueva de los funcionarios.

A pesar de toda la intimidación ejercida por Alveal, como sus gritos neuróticos, la cercanía de sus genitales a mi cara, su ofrecimiento de agua y dulces, no pudo conseguir que yo declarara en contra de personas como el ex presidente Sebastián Piñera, para implicarlo en un supuesto montaje detrás del caso Spiniak. Era urgente y necesario cambiar mi declaración, para informarle al abogado Letelier de la UDI que yo estaba confesa del delito de ejercicio ilegal.

En ningún momento la jueza, ni este señor, me leyeron mis derechos. Para facilitar el interrogatorio, la magistrado salió a atender a un imaginario señor Carrillo. En ese instante, mi mente estaba inmersa en una gran confusión producto del pánico. No lograba asimilar en qué momento había confesado un delito que no había cometido.

Recién tuve acceso a la causa en 2011 y entendí muchas cosas, como lo extraordinariamente bueno que era este valiente oficial Alveal para fabricar pruebas y cambiar declaraciones. Esto me llevó a que en México estudiara documentología.

Ahora me pregunto: ¿qué delito comete un funcionario público, que sin ser funcionario del Poder Judicial fabrica en el propio espacio físico del tribunal, en complicidad con la jueza y la actuara, pruebas dolosamente falsas y altera una declaración, con el propósito de aparecer como buen investigador policial o como respuesta a sus patrones del momento?

En Chile las personas que reclaman justicia son locas, las rebeldes que no se conforman con los fallos injustos y falaces de los dioses del Poder Judicial.

Yo seré – como dijo el senador Nelson Ávila – “bipolar”, “loca”, “puta”, “inductora”, “psicóloga marmicoc”, “engendro del diablo”, “sicaria”, pero jamás mentirosa, obsecuente, artera y corrupta.

Distrito Federal, 28 de febrero de 2015