Corte de Santiago decidirá si accede a analizar registros telefónicos del director de la PDI
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró el sobreseimiento definitivo de la querella criminal interpuesta por un ex funcionario de la PDI que solicitó investigar penalmente una serie de hechos irregulares detectados en la institución por la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el abogado Miguel Ángel Reyes Poblete, representante del ex comisario Germán Vásquez Ortega, apeló ante el tribunal de alzada para revertir la decisión y ordenar que el Ministerio Público haga una serie de diligencias: entre ellas, acceder al registro de llamadas entrantes y salientes del director de Investigaciones, Héctor Espinosa.
El caso, difundido por el medio The Clinic con el nombre «Tiragate», se inició en 2019, cuando Vásquez denunció judicialmente la adquisición de un vehículo Hyundai Génesis exclusivo para el director Espinosa que costó $61 millones de pesos, el cual no habría pasado por ningún tipo de licitación, como descubrió Contraloría en su informe N° 148/2017.
Según el libelo, «el vehículo comprado tiene un valor en el mercado muy inferior a aquel por el cual se compró», alcanzando una cifra «no superior a 40 millones de pesos» de acuerdo a información disponible en línea.
También cuestionó los viáticos que la autoridad policial y otros mandos habrían recibido tras viajar al extranjero por «más de los días estrictamente necesarios para realizar sus cometidos funcionarios» a «España y Marruecos, New York, Estados Unidos; El Paso y Washington DC… Beijing en China, Bali en Insonesia, entre otros».
La jueza Isabel Correa Haeussler acogió la argumentación de la Fiscalía en orden a que los hechos denunciados ya habrían sido resueltos «en sede administrativa», no siendo constitutivos «de delito penal, ya que en ese caso, evidentemente el órgano administrativo habría remitido los antecedentes al tribunal de Garantía» -según la obligación de denunciar que establece el Artículo 175 del Código Procesal Penal-, «lo cual no aconteció».
El recurso de apelación, que fue puesto en tabla con fecha 30 de marzo, pone en duda el rechazo de una serie de diligencias requeridas al Ministerio Público que quedaron pendientes, tales como recabar los tráficos telefónicos de Espinosa y del propietario de Grisolia y Compañía Limitada, empresa que vendió el costoso automóvil del director.
Además, tampoco se accedió a «incautar boletas y/o facturas de compra de pasajes aéreos para los funcionarios activos y en retiro del Alto Mando de la PDI, desde el año 2014 al 2019».
