Caso AMIA: Por qué la investigación del fiscal Nisman carecía de imparcialidad

Conmoción ha causado la muerte del fiscal trasandino Alberto Nisman, quien llevaba el caso de la bomba que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, causando 86 muertos y más de 200 heridos.

Nisman fue encontrado muerto en su apartamento, con un disparo en la sien, portando un arma que no era de él y sin rastro de pólvora en las manos, pocas horas antes de presentarse a declarar en el parlamento para dar a conocer su versión del atentado: que altas autoridades de la República Islámica de Irán estaban involucradas en la planificación de la masacre y que el gobierno argentino de Cristina Fernández había pactado su impunidad.

A su acusación de casi 300 páginas, el fiscal acompañó transcripciones de pinchazos telefónicos a agentes de la SIDE (el servicio de inteligencia argentino), los que a su juicio demostraban que el gobierno kirchnerista negoció una salida irregular del caso AMIA con los iraníes, en virtud de un acuerdo económico de trigo por petróleo. A esto se sumaba un presunto montaje para inculpar el ataque a una célula local de poca monta que dejara fuera al país negociador.

Nisman se jactaba de haber conseguido sus pruebas con el apoyo en el ex director general de la SIDE, Antonio Stiusso, quien curiosamente escapó de la Argentina previo al supuesto “suicidio” del fiscal. Stiusso era, según el periodista Santiago O’Donnell, el enlace del fiscal con la CIA y el Mossad. Fue de dichas fuentes de inteligencia que Nisman se nutrió para potenciar la “pista iraní” del caso AMIA frente la opinión pública.

Reaccionando ante la muerte del fiscal, en una extensa nota difundida a través de su cuenta de Facebook, la presidenta Cristina Fernández planteó una serie de preguntas sobre el tráfico desenlace del investigador y el vuelco que está experimentando la causa judicial. “¿Quién fue el que ordenó volver al país al fiscal Nisman el día 12 de enero, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares (para lanzar su acusación)?”, fue una de ellas.

La mandataria señaló que “curiosa y sugestivamente” se le intentaba convertir ahora en una encubridora por “tratar de que se le pueda tomar declaración a los imputados iraníes mediante un Tratado Internacional aprobado por ley del Congreso”, justo cuando además estaba a punto de iniciarse el juicio oral de encubrimiento del caso AMIA en contra del ex juez Juan José Galeano y el ex presidente Carlos Ménem, entre otras connotadas figuras públicas acusadas de desviar la investigación de la bomba en la mutual judía.

Lo cierto es que Nisman – que a todas luces fue asesinado por razones que aún deben ser esclarecidas – estaba lejos de investigar todo en la causa AMIA: como también reveló el periodista Santiago O’Donnell en sus libros “Argenleaks” y “Politileaks”, el fiscal recibía órdenes periódicas de la embajada de Estados Unidos para acotar su indagatoria única y exclusivamente a los iraníes.

Hace algún tiempo O’Donnell – a quien Julian Assange le confió cables diplomáticos ‘reservados’ de la Argentina – publicó una colección de evidencias oficiales que apuntaban a que el FBI se mostró muy enojado cuando Nisman intentó orientar la investigación hacia la llamada “pista siria” y la conexión local con Menem. “No hay que orientarse a la pista siria ni a la conexión local. Seguir esas pistas podría debilitar el caso internacional en contra de los acusados iraníes”, versa un cable del 27 de febrero de 2011, muy similar a otro que dos años antes criticaba al fiscal por pedir la detención del ex presidente riojiano.

Un tercer documento mostró que “en noviembre de 2006 Nisman le adelantó a la embajada que el juez Canicoba Corral procesaría a los sospechosos iraníes. En diciembre 2007, Nisman les presentó un borrador de una orden de captura de dos carillas, pero no les satisfizo a los funcionarios norteamericanos. Dos meses después llevó otro borrador de nueve páginas que sí fue aceptado.”

La hebra israelí

La negativa a practicar diligencias que posiblemente permitieran sacar del camino la “pista iraní” se traduce en otro punto débil de la investigación que llevaba adelante el fallecido Alberto Nisman.

En 2009, el abogado de uno de los imputados del caso AMIA solicitó a Nisman que verificara la pre-existencia de la famosa Renault “Traffic” blanca que habría sido utilizada como coche-bomba en el atentado. Después de todo, un supuesto pedazo del motor del vehículo, encontrado en los escombros por un agente del servicio de inteligencia israelí, había llevado a un vendedor de camionetas llamado Carlos Telleldín y luego a un empresario sirio, en cuya agenda estaba el nombre de Moshe Rabbani, el consejero cultural de la embajada de Irán que estaba en la mira de Nisman y que esta semana dio material a periodistas chilenos para elucubrar una eventual conexión de financiamiento del terrorismo con nuestro país.

El fiscal, sin embargo, se negó a comprobar lo anterior. Cabe señalar que en el proceso hay sólo un testigo que fija la presencia de la Traffic, y dudas respecto de si los explosivos se encontraban dentro o fuera del edificio atacado.

Según escribe el analista Adrian Salbuchi, el caso AMIA también puede ser interpretado en el contexto de lo que ocurría en Israel durante la década de los noventa. En 1991 había comenzado la Conferencia de Paz de Madrid que buscaba resolver el conflicto palestino-israelí y que avanzó rápidamente tras la victoria electoral del general Isaac Rabin.

A principios de julio de 1994, Rabin permitió que Arafat regresara a Palestina tras 27 años de exilio. Los colonos sionistas, escribe Salbuchi, “estaban locos de furia; literalmente pues ya en febrero de ese año, un sionista militante neoyorquino perteneciente al grupo Kach, de nombre Baruch Goldstein, irrumpió en una mezquita en Hebrón abriendo fuego con su ametralladora asesinando a más de 40 musulmanes mientras oraban.”

“Dentro del marco de esta secuencia cronológica se produce el 18 de julio de 1994 la voladura de la AMIA, precisamente en un punto sumamente crítico de la lucha intestina intra-sionista y dentro del propio Israel”, agrega, describiendo lo ocurrido más tarde en Tel Aviv, cuando el primer ministro Rabin fue asesinado en la vía pública por Ygal Amir, joven estudiante de la ultraderecha judía.

El argentino concluye que “este atentado bien pudo haber sido un disparo de advertencia de la extrema derecha sionista contra Rabin para que cesara en sus esfuerzos de lograr la paz por territorio con los palestinos.”

O Nisman no quiso investigar lo anterior, o sus contactos en la embajada de Estados Unidos no se lo permitieron.

¿A quién le conviene?

Roberto Navarro, director del diario argentino El Destape, señaló esta semana que “si la acusación a la presidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento del atentado a la AMIA a cambio de petróleo generaba serias interrogantes, afirmar que la muerte del fiscal Alberto Nisman le sirve al gobierno para tapar la acusación, merece al menos un análisis riguroso”.

Navarro enfatiza que la acusación de supuesto encubrimiento de iraníes no ha dejado de estar en el expediente, y que por tanto la causa sigue: en ella trabajan ahora el fiscal Alberto Gentili y el juez Ariel Liko. “Si el Ejecutivo quería sacarse de encima al fiscal Nisman, por qué pone en su lugar a Gentili, su mano derecha en la fiscalía, que estaba a cargo mientras Nisman vacacionaba con su hija”, destaca.

“Este hecho evidentemente a quien más perjudica es al gobierno nacional, al cual lo que le convenía era que Nisman intentara explicar la denuncia de la semana pasada sobre supuesto encubrimiento”, escribió por su parte Mariano Saravia, de La Mañana de Córdova, señalando que la denuncia «no tenía ningún sustento», y eso no según el gobierno, «sino por el propio juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral, por las organizaciones involucradas (principalmente familiares de las víctimas de la Amia), por Interpol y por los gobiernos de terceros países.”