Argentina: denuncian espionaje político de gobernador Alperovich y acusan vínculos con el Mossad

A inicios de septiembre, el gobernador de la provincia argentina de Tucumán, José Alperovich, se vio envuelto en una grave denuncia periodística. Citando fuentes reservadas, el diario La Nación acusó al tucumano de dirigir una red de espionaje contra dirigentes sindicales, políticos y universitarios, la cual tendría vínculos con el servicio de inteligencia israelí, Mossad.

Según la publicación del medio argentino, agentes la Dirección de Inteligencia Criminal de Tucumán (D-2) “se infiltran en agrupaciones políticas, sociales, culturales y universitarias para reportarlas a diario al poder político de la provincia”. Un resumen de la información recopilada, conocida en jerga policial como “esquela”, es pasada bajo la puerta de la Secretaría de Seguridad de la provincia cada noche, según tres comisarios retirados del D-2.

Pese a que José Alperovich negó tajantemente las acusaciones en su contra, prontamente reflotaron antiguas denuncias sobre los vínculos del gobernador con el Mossad.

De acuerdo al testimonio de dirigentes opositores y ex empleados encargados de la seguridad del gobierno de Tucumán, “Alperovich mantuvo un estrecho vínculo con la inteligencia de Israel desde que comenzó su mandato frente al Poder Ejecutivo provincial, en 2003”, señala el medio electrónico El Intransigente.

Las denuncias se refieren a los lazos entre la policía de Alperovich y la empresa Security and Intelligence Advising (SIA), una organización paramilitar internacional compuesta por ex agentes de la inteligencia israelí. La SIA tiene filial en Buenos Aires y en varios otros países del mundo entre los que se cuentan Chile, Uruguay, Brasil, México y Colombia, informó el medio tucumano Contexto.

Como señala el libro “El Zar tucumano” de los periodistas José Sbrocco y Nicolás Balinotti, Alperovich habría recurrido a la empresa mencionada ya que “no confiaba ni en su propia sombra”. El libro cita palabras de Jaime Salamon, presidente de la Kehilá (comunidad judía) y miembro de la DAIA, quien aseguró que el gobernador recurrió a los servicios de ex agentes del Mossad para “supervisar que no hubieran micrófonos en la Casa de Gobierno”.

El espionaje denunciado por La Nación incluiría seguimientos y escuchas telefónicas a dirigentes sociales, lo cual vulnera la ley 25.520 de seguridad interior argentina, que prohíbe de manera taxativa la realización de ese tipo de actividades a las fuerzas de seguridad. “Se hacen infiltraciones, seguimientos personales y hasta tareas de hostigamiento y chantaje”, dijo un ex comisario del D-2 citado por el medio argentino.

Lo anterior coincide con acusaciones desde el mundo sindical. La secretaria de Derechos Humanos de la Central Argentina de Trabajadores (CTA), Clarisa Alberstein, señaló que existe “gente desconocida que aparece en las marchas filmándonos y después permanentemente sentimos los teléfonos pinchados”.

Una práctica similar de la policía fue denunciada en Chile por el Depto. de Derechos Humanos de la CUT. En julio de 2011, acompañado por el suboficial (r) Esteban Infante, el abogado Rubén Jerez Atenas presentó antecedentes sobre la intervención ilegal de teléfonos de parlamentarios, abogados, dirigentes sindicales y periodistas chilenos. Las escuchas habrían sido efectuadas por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), que también ha sido atrapada infiltrando marchas estudiantiles y realizando seguimientos a actores del mundo social.