A un año de la desaparición de Julia Chuñil: Denuncian pérdida de videos de Forestal Arauco

La ONG Escazú Ahora informó que el Ministerio Público no accedió oportunamente a registros de cámaras de vigilancia que podrían arrojar luces sobre el paradero de la activista ambiental Julia Chuñil, de la comuna de Máfil, quien está desaparecida desde noviembre de 2024.

La organización señaló que el hecho quedó al descubierto durante la primera reunión presencial entre los fiscales del caso y la familia de la defensora mapuche, representada por la abogada Karina Riquelme, encuentro que «terminó exponiendo descoordinación interna y diligencias no realizadas más de un año después de haber sido solicitadas».

Una de ellas formó parte de la querella inicial que judicializó la investigación en diciembre del año pasado. Allí se pedía acceder a imágenes captadas por dispositivos a cargo de la Forestal Arauco, propietaria del terreno colindante al sitio donde se vio a Chuñil por última vez con vida.

La diligencia, que no habría sido ejecutada por la Fiscalía, consistía en “revisar el perímetro en miras de cámaras u otros dispositivos de registro audiovisual, ubicando el lugar de posición; individualizar el dispositivo y confiscar el contenido, otorgándole N.U.E. correspondiente, por delegación expresa del fiscal a cargo de la presente causa”.

Escazú Ahora plantea que esta acción ya no se podrá ejecutar con resultados útiles para la pesquisa, dado que las grabaciones, a la presente fecha y por el tiempo transcurrido, dejaron de existir.

La entidad también denunció que los fiscales Alejandro Ríos y Claudio Baeza, responsables de tramitar la causa, no tomaron en cuenta los antecedentes aportados por la familia sobre «ofertas de pagos irregulares y amenazas de acciones legales» que se atribuyen por medio de audios al empresario Juan Carlos Morstadt, el cual es investigado en calidad de imputado.

«Las transcripciones fueron aportadas por Escazú Ahora en enero de 2025 a través del sistema SIAU de Fiscalía, e incorporadas como antecedentes dentro de la carpeta investigativa, pero los fiscales reconocieron no conocer su contenido», señala una nota de la ONG.