Nueva denuncia de acoso laboral golpea a la PDI de Valparaíso: Funcionaria fue sancionada por casarse

Un año sin respuesta cumplirá un sumario interno de la Policía de Investigaciones de Chile abierto a raíz de una denuncia formulada por la inspector Daniela Zúñiga de la Maza contra jefes que han desempeñado cargos en la Región de Valparaíso.

En un escrito enviado a la Contraloría General de la República en diciembre de 2017, la funcionaria acusa por malos tratos al ex mandamás de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Quilpué, Pablo González, el mismo que habría tomado represalias contra un detective que le imputó incumplimientos a las órdenes de investigar de la Fiscalía y un ocultamiento de ello en el sistema informático de la PDI.

En el caso anterior, la Corte Suprema revirtió las sanciones aplicadas contra el también inspector Reinaldo Yáñez, al advertir una clara vulneración de la ley que protege a empleados públicos que denuncian corrupción.

De acuerdo al relato de Zúñiga -y que fue conocido en exclusiva por Verdad Ahora-, el subprefecto Pablo González no comulgaba con su «calidad de mujer y madre» y la discriminaba por ser hija de un magistrado, el juez civil de Quilpué, René Zúñiga. «Me señaló que apenas él se jubilara, me sacaría de la unidad… y me haría la vida imposible, cuestión que fue así», plantea.

El retiro del letrado calzó con su traslado a la Central de Informaciones Policiales (Cipol) de Valparaíso. Allí volvió a tener problemas con un superior, el comisario Hernán Cáceres, quien -sostiene- «me exigía realizar consultas personales al sistema GEPOL con mi clave, a lo cual me negué, siendo encarada e insultada por él, ya que no quería cumplir su orden antojadiza e irregular».

Zúñiga agrega que el jefe policial también le pidió ocultar información a la Cipol de Santiago, «relativa a unos colegas que estaban en la ciudad de Casablanca y que habían tenido un problema con Carabineros, donde según lo dicho por personas en ese momento, existieron balazos al aire».

La seguidilla de conflictos llevó a la oficial a presentar licencias médicas reiteradas, coincidiendo además con un embarazo que la mantuvo alejada del servicio, con reposo y posterior fuero maternal.

Aun así, «ya en junio de 2016, y estando con licencia médica, mi Unidad no respetó mi reposo, solicitándome que fuese a declarar a juicios y teniendo malos tratos por parte del Comisario Hernán Cáceres Pizarro… ya que me llamaba y me insultaba con frases como: ‘da la cara y no seas cobarde weona‘… Claramente una humillación profesional, familiar y social», enfatiza la inspector.

HOJA DE VIDA

Según Guillermo Flores Arias, abogado y cónyuge de la denunciante, las recomendaciones de especialistas no impidieron que efectivos de la institución comenzaran a hostigarla con visitas frecuentes a su domicilio, obligándola a firmar una hoja de vida que no se ajustaría a la realidad, ya que en ella no aparecen las constancias del acoso que informó en numerosas ocasiones.

En conversación con Verdad Ahora, Flores subraya que en una oportunidad, la comitiva de la Cipol amenazó al conserje del edificio por impedir su ingreso al hogar matrimonial, indicándole a éste que «ojalá te entren a robar y ahí nos llames».

«A medida que se van elevando las distintas denuncias, en vez de investigar el abuso laboral, investigan qué pueden sancionar de mi mujer. Y entre eso se le sancionó por no firmar la hoja de vida, pero hemos denunciado que no vamos a firmarla porque está adulterada y excluye las denuncias de acoso laboral», señala el jurista a Verdad Ahora.

En la última sanción de «tres días de permanencia en el cuartel», plasmada en el Dictamen (R) N° 36-2018/03-2018 de la Región Policial Valparaíso de agosto de este año, también se reprocha a la funcionaria Daniela Zúñiga el «haber dado cuenta en forma extemporánea… de la circunstancia de contraer matrimonio con don Guillermo Flores Arias», ello con cinco días de antelación y no con 30, como exige el reglamento de Investigaciones.

El abogado Flores plantea que la medida resulta incompatible con los tiempos actuales e insiste en que hay persecución, puesto que otros funcionarios, por cosas peores, no han sido sancionados.

«Nuestra Constitución lo que asegura y lo que debe propender siempre es el fortalecimiento del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, y no puede ser que una mujer por trabajar en la PDI sea sancionada por casarse. O sea, ya estamos entrampando a la familia», puntualiza.

CITACIÓN FANTASMA

La División de Investigaciones, a cargo de la Subsecretaría de Interior de la cual dependen las policías, ya conoció el caso que afecta a la inspector Daniela Zúñiga a través de una carta enviada por el abogado Guillermo Flores.

Sin embargo, de acuerdo a este último, el gobierno actuó como un simple buzón, ya que replicó en forma textual la explicación proporcionada por la PDI en cuanto que no habría acoso laboral, dado que en su hoja institucional no figuran constancias en ese sentido.

Flores critica el hecho de que la repartición avale un documento que no está suscrito por su esposa, quien justamente se ha negado a firmarlo porque omite incorporar registros del comportamiento acosador. «Las cuentas escritas están, hay correos… Eso es falso, y acá demuestran que son un mero mensajero», responde.

En la misiva, Flores también relató que Investigaciones concurrió a su domicilio para citarlo a declarar a nombre de la Fiscalía Local de Viña del Mar, en una causa penal inexistente e inventada solo con fines de intimidación. «El Ministerio Público, a través de su fiscal regional (Pablo Gómez Niada), a grandes rasgos me señaló que era un error y que eso quedaba ahí», explica.

Aunque Interior contestó que no puede inmiscuirse en lo que haga la Fiscalía, «como jerárquico debe fiscalizar y controlar a la Policía de Investigaciones», resalta Flores, y «no está fiscalizando para nada. Lo que está haciendo es justificar lo injustificable con un tecnicismo… Tengo documentos que acompañé y que acreditan que la Fiscalía de Viña del Mar jamás me citó».

El abogado señaló que pedirá una entrevista con el fiscal nacional Jorge Abbott para hablar sobre el caso.

Por Matías Rojas