Inteligencia del Ejército fichó a cabo denunciante del Milicogate
El comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, admitió haber compilado información relativa a la «conducta» de un funcionario que declaró como testigo en el caso Milicogate y que denunció por eventuales delitos al ex comandante de la División de Mantenimiento, general (r) Héctor Ureta, quien más tarde fue procesado en la investigación del fraude.
El reconocimiento quedó plasmado en un recurso interpuesto por la máxima autoridad castrense ante la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 528-2018), vía por la cual se intenta impugnar una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar al cabo Sergio Tudesca antecedentes contenidos en la «carpeta de seguridad» del mismo y «copia de los documentos dirigidos a los organismos de inteligencia de la institución» relacionados con su persona.
Allí, la institución pide mantener en secreto los documentos, al versar «sobre las vulnerabilidades que para la seguridad militar importan las conductas de dicho Clase» e infringir, con su publicidad, el artículo 38 de la Ley de Inteligencia.
«Que, en lo que respecta a proporcionar al peticionario ‘copia de los documentos dirigidos a los organismos de inteligencia de la Institución, relacionados con el reclamante’, ello no es legalmente posible, ya que dicha actividad dice relación con el intercambio de información de inteligencia con que las Secciones II de Inteligencia de las Unidades a lo largo del país alimentan a sus respectivos Mandos y a la Dirección de Inteligencia del Ejército», fundamentó el general Martínez.
En su fallo, el Consejo para la Transparencia había recordado que la inteligencia comprende «procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico».
«Es posible concluir que el Ejército no ha señalado de qué manera el conocimiento de dicha información (del cabo Tudesca) podría generar una afectación que, a su vez, pudiese revelar actividades propias del sistema de inteligencia. Según lo ya señalado, el hecho que dicha carpeta o dichos oficios se encontraren bajo la tenencia o control de la Dirección de Inteligencia del Ejército no basta por sí mismo para erigirse en causal de secreto o reserva», sostuvo la corporación.
A comienzos de este año, Tudesca logró hacer valer ante la Corte Suprema su derecho a pedir información pública al Ejército en su calidad de empleado activo, lo que el general Martínez intentó bloquear, sin éxito, judicialmente, al imponer como condición que todas las solicitudes fueran hechas por conducto regular.
Por Matías Rojas
