Denuncian eventual corrupción tras proyecto minero en Colliguay
Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso llegaron representantes de la organización “Colliguay sin mineras”, acompañados por el diputado Diego Ibáñez, la consejera regional María Elena Rubilar y la concejala Paula Castro, para solicitar que se investiguen posibles conflictos de intereses en la aprobación de una faena de explotación de oro en la comuna de Quilpué.
El proyecto es impulsado por la Sociedad Minera Carmelita y ha concitado el rechazo de grupos ambientalistas y agricultores locales por haber obtenido el visto bueno del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin) sin pasar por la evaluación de organismos técnicos como la Dirección General de Aguas (DGA), CONAF y la Seremi de Salud, pese a encontrarse ubicado en la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas.
Según dio a conocer un reportaje de El Ciudadano, el ingeniero Rodrigo Herrera, profesional que elaboró el proyecto para la empresa a través de una consultora privada, es cónyuge de la funcionaria Camila Parra, la cual participó en la revisión y posterior otorgamiento de luz verde para el funcionamiento de una planta de lixiviados que empleará cianuro en sus procesos, generando un alto riesgo de contaminación para los recursos naturales del valle de Colliguay.
Tanto Herrera como Parra trabajan al interior de Sernageomin. De hecho, el primero ejercía funciones en la Seremi de Minería de Valparaíso, como revisor de proyectos, al momento en que también asesoraba a la minera.
“Nos parece que este acto constituiría una vulneración al principio de probidad y transparencia en el actuar de los organismos públicos cuando se entregan este tipo de permisos”, señaló el diputado Diego Ibáñez sobre este nexo.
El municipio local ya había aplicado un decreto de clausura sobre la mina, argumentando incumplimientos a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y tala de vegetación que dañó la “formación xerofítica regulada en la Ley de Bosque Nativo, en especies tales como corontilo, huañil, pichiromero, puya y litre”, según refiere el documento.
