Informe de defensores ambientales genera alerta por casos de Julia Chuñil y Ramón Chiguay

La ONG Escazú Ahora publicó esta semana un informe que aborda la situación de personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el año 2024, resaltando «deficiencias del Estado en materia de protección».

«La persistencia de agresiones físicas, el uso sistemático del hostigamiento judicial y la falta de diagnósticos objetivos demuestran que, por acción u omisión, las autoridades no han cumplido con su deber de proteger a quienes, con su labor, fortalecen nuestra democracia y garantizan un futuro sostenible», asegura el documento.

Según el estudio, en relación al año 2023, hubo un incremento en conflictos asociados a la industria forestal de 17,4% a 38,3%, posicionando «al sector forestal como el de mayor incidencia en las amenazas contra defensores» y un «aumento de la violencia física».

«Del total de casos de agresiones físicas registradas en 2024 un 91,3% estuvieron vinculados a conflictos con el sector forestal, lo que sugiere una relación directa entre la expansión de estos conflictos y el uso de la fuerza como mecanismo de intimidación», señala.

Otro sector que experimentó un crecimiento significativo de amenazas obedece al de saneamiento ambiental, «que pasó de representar el 4,3% de los casos en 2023 a un 17% en 2024» respecto a casos que tienen relación «con la construcción de acueductos y la gestión de residuos, ámbitos en los que los defensores ambientales han denunciado irregularidades y posibles impactos negativos en los ecosistemas».

Además de subrayar la aparición de conflictos asociados a la invasión de espacios de protección como humedales -que representan un 8,5% de los casos registrados-, se observó amenazas a defensores de áreas tales como la pesca y acuicultura (6,4%), la minería (2,1%), la agricultura (2,1%) y la extracción de áridos (2,1%).

«En particular, la vinculación de la acuicultura y la extracción de áridos con la violencia física es un punto de alerta, ya que estas actividades representaron el 4,3% de los casos de agresión física registrados en 2024.

El texto evoca la muerte no esclarecida del lonko Ramón Chiguay en julio, así como la desaparición de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil en noviembre, como dos casos todavía inciertos y con procesos judiciales en curso donde se «han tomado en cuenta las amenazas y actos de presión que ambos defensores recibieron… lo que refuerza la gravedad del contexto de violencia e intimidación en el que operan quienes defienden el medio ambiente».

«La escalada en la violencia física es una señal de que las amenazas están dejando de ser advertencias y se están convirtiendo en agresiones reales que ponen en riesgo la vida de quienes defienden el medio ambiente. Sin una respuesta inmediata y decidida por parte del Estado, esta tendencia podría agravarse aún más, consolidando un escenario de impunidad que sólo incentiva la repetición y el recrudecimiento de los ataques en el futuro», acentúa.

Este lunes, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 7 votos a favor y 4 en contra la idea de legislar un proyecto de ley que establece mayor protección a defensores ambientales, en línea con los compromisos adquiridos por Chile a través del Acuerdo de Escazú.

La iniciativa, presentada por el diputado Luis Malla (Partido Liberal), fue rechazada por los diputados Sara Concha (Partido Social Cristiano), Eduardo Cornejo (UDI), Cristóbal Ramírez (UDI) y José Carlos Meza (Partido Republicano).