Piñera será defendido por abogado de SQM en querella por «crímenes de lesa humanidad»
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al Ministerio Público indagar las acusaciones plasmadas en una querella criminal interpuesta en contra del presidente Sebastián Piñera por eventuales delitos de lesa humanidad.
El libelo, patrocinado por abogados de la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica, apunta a una serie de homicidios, torturas, apremios ilegítimos, abusos sexuales, violaciones, heridas graves y mutilaciones de globos oculares, retenciones injustas y detenciones selectivas, ocurridas en el período de estado de excepción decretado por el mandatario en diversas regiones del país.
El libelo indica que, «en esta situación fáctica… las Fuerzas Policiales y Armadas procedieron a cometer una serie de acciones que tuvieron por finalidad la restricción ilegal de derechos y libertades, como así también la perpetración organizada, generalizada y sistemática de delitos que se concentraron en un período de tiempo de 17 días».
Al respecto, el documento afirma que hubo más de 20 muertes, 16 de las cuales habrían acaecido, según datos de la Fiscalía, «durante la presunta comisión de delitos comunes». Sin perjuicio ello, agrega, en «a lo menos en dos de los casos existen dudas razonables de cómo realmente ocurrieron los hechos»: el de Manuel Jesús Muga Cardemil, cuya familia apunta a una asesinato cruel de policías, y el de Yoshua Patricio Osorio Arias, quien presentaba tres orificios en el tórax detectados por el SML.
También está el caso de César Rodrigo Mallea González, quien fue «encontrado muerto el día viernes 25 de octubre al interior de la 56° Comisaría en Peñaflor», luego de ser detenido durante el toque de queda.
Además se repasan los crímenes de José Miguel Uribe Antipani, fallecido por «impacto de bala de un fusil del Ejército» en Curicó, supuestamente percutado por el soldado Juan Carlos Reyes; de Álex Andrés Núñez Sandoval, quien perdió la vida en la ex Posta Central «a raíz de graves heridas que fueron provocadas por personal de Carabineros» en Maipú; del músico Kevin Patricio Gómez Morgado, abatido por un cabo del Ejército en Coquimbo; del ecuatoriano Romario Veloz Cortés, baleado por militares en La Serena, y de Manuel Rebolledo Navarrete, quien atropellado por un infante de marina en Talcahuano.
El resto del texto menciona denuncias por abusos sexuales cometidos en «la 51° Comisaría de Carabineros de Chile, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda», al igual que otras acusaciones ya judicializadas por el INDH contra «funcionarios de la 14° Comisaría de San Bernardo, lugar donde la víctima fue desnudado completamente y obligado a hacer sentadillas en presencia de un funcionario».
La querella también pide que se indaguen los relatos de presuntas víctimas de tortura en el cuartel de Metro Baquedano, en cuya inspección los jueces determinaron que existían elementos que debían ser revisados por la PDI; el caso de cuatro detenidos «crucificados» en la antena de la 23° Comisaría de Peñalolén; y el de un estudiante de psicología que alega vejaciones de militares de la VI División de Ejército de Iquique, cuyas lesiones fueron constatadas por el SML.
Para los querellantes, los hechos serían constitutivos de aquellos delitos contemplados en la Ley 20.357, a saber, actos cometidos «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil», y que obedecen a «una política del Estado o sus agentes» sobre un territorio en control.
Aunque originalmente la causa fue enviada al fiscal metropolitano occidente, José Pérez Calaf, dicho persecutor optó por inhabilitarse, argumentando que un abogado de esa Fiscalía tuvo una relación laboral con Juan Domingo Acosta, quien ejerció como defensor de Piñera.
Esta semana, el fiscal nacional Jorge Abbot designó a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para iniciar las diligencias.
Según Radio Biobío, Piñera decidió tomar los servicios de Samuel Donoso, abogado clave de Patricio Contesse, gerente de la minera no metálica del ex yerno de Pinochet, SQM, a la cual se atribuye el financiamiento irregular y transversal de la política a través de boletas ideológicamente falsas.
