Extravían sumario contra enviada de Carabineros a Italia por consumo de alcohol: Jueza ordena investigar
Desaparecido está un expediente de Carabineros abierto en 2015 contra la sargento Jacqueline Zamorano Herrera, quien fuera destinada a Europa por decisión del ex general director de la institución, Hermes Soto Isla, previo al estallido del caso Catrillanca.
Al momento de ejercer Soto la facultad contenida en el artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que otorga a la máxima autoridad uniformada el poder de «proponer al Presidente de la República la comisión de servicio al extranjero del personal de planta», Zamorano estaba ejerciendo funciones de secretaria en la Dirección General.
De hecho fue ella, en su condición de «ayudante personal» del director, quien respondió oficios enviados por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Operación Huracán para coordinar la asistencia del general Hermes Soto a dicha instancia.
Fuentes policiales comentaron a Verdad Ahora que el envío de Zamorano al extranjero, a un lugar de privilegio como Italia y que fue concretado al asumir el cargo el actual mandamás de las filas, Mario Rozas Córdova, llamó fuertemente la atención del personal, considerando un episodio que dicha funcionaria protagonizó en la Región de Aysén, previo a su traslado a Santiago, cuando fue encontrada a bordo de un vehículo en aparente estado de ebriedad.
Si bien la Fiscalía no adoptó mayor medida que remitir los antecedentes al juez de Policía Local de Coyhaique, Juan Soto Quiroz, archivando éste la causa producto de la condición «atípica» del caso -indicó-, el mando de la época instruyó abrir un sumario breve, designando como investigadora a la oficial de Carabineros Marioli Fortunatti Bustos, quien propuso sancionar a Zamorano con una «reprensión».
Más tarde, por resolución de fecha 5 de octubre de 2015, el entonces jefe de la XI Zona, Gerardo Concha Ortega, rebajó la medida disciplinaria de la sargento a un «llamado de atención», estimando que no era «posible acreditar que la involucrada conducía el móvil en el cual fue fiscalizada por personal policial».
En enero de 2019, este medio solicitó una copia del sumario por la Ley de Transparencia, no obstante, la jefa del Departamento de Información Pública y Lobby, Anita Serrano Tello, informó que éste se había «extraviado», iniciándose por parte de la jefatura un nuevo proceso indagatorio para «establecer las eventuales responsabilidades administrativas por la pérdida de la investigación».
Con dicha respuesta en mano, este portal comunicó los hechos al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, señalando que podía existir un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Al cabo de unos meses, el fiscal Luis González Aracena pidió al Juzgado de Garantía de Coyhaique no iniciar pesquisa, afirmando que los hechos relatados, supuestamente, no constituían delito. Sin embargo, la jueza del tribunal, Cecilia Urbina Pinto, desestimó la solicitud del persecutor.
«Que SE RECHAZA el ejercicio por la Fiscalía, de la facultad de no iniciar investigación respecto de estos hechos, por estimar el Tribunal que aquéllos pueden constituir delito», versa la resolución judicial emitida el pasado 31 de mayo.
Por Matías Rojas
