Sospechas de fraude en Hospital de Carabineros: Se querellan contra general de Salud

El proceso de instalación de un nuevo sistema de gestión informática en el Hospital de Carabineros (HOSCAR) sigue generando problemas.

En septiembre del año pasado, Verdad Ahora informó sobre la investigación que llevaba la Fiscalía Metropolitana Oriente por supuestas coimas pagadas a funcionarios que adjudicaron el proyecto de renovación tecnológica a Upgrade S.A..

El proceso fue cuestionado «porque al menos uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, coincidiendo con el Mundial de Fútbol de 2014, viajó a Brasil con pasajes supuestamente financiados» por la empresa aliada de Upgrade, MV, lo que derivó en la apertura de un sumario interno y una denuncia presentada en el Ministerio Público por el coronel Hernán Martínez Jaramillo, en aquel entonces director del HOSCAR.

A ello se sumaron retrasos de cronograma en la ejecución de los módulos del Sistema E.R.P. y la ficha clínica electrónica, todo lo cual debía ser supervisado por el Departamento de Gestión de Salud a cargo del coronel Héctor Rojas Gaete, hermano del ex oficial César Rojas que pronto enfrentará un juicio por supuesto fraude y cohecho en la construcción de cuarteles de Carabineros.

El último capítulo de esta historia lo escribió la propia Upgrade, al presentar -con el patrocinio del abogado Ciro Colombara- una querella criminal contra el actual general de Salud, Luis Soto Barrientos, quien fuera designado en el cargo con la venia del director Mario Rozas Córdova, además del oficial que lo antecedió en el puesto, el hoy general en retiro Ricardo Contreras Faúndez.

UNA TRAS OTRA

Según la presentación, admitida en febrero por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y que imputa supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude al fisco, la adjudicada Upgrade habría corroborado que las bases en función de las cuales se tramitó la ejecución de las prestaciones tecnológicas para el HOSCAR «eran bastante escuetas o, en definitiva, mal formuladas a la luz de los requerimientos del servicio«.

«En términos simples, a medida que se iba ejecutando el proyecto adjudicado a nuestra representada, el HOSCAR fue constatando que para un correcto desarrollo del sistema, el Hospital requería de funcionalidades adicionales no incluidas o solicitadas en las bases; las que, por lo demás, importaban significativos cambios en el costo y plazo del proyecto«, reseña.

A fin de «sanear las omisiones o falencias», las partes acordaron tres modificaciones de contrato que hicieron extender los plazos de ejecución determinados en la Carta Gantt. Sin embargo, en la marcha, habría surgido otro obstáculo: la falta de un cambio de cultura interna para el uso del nuevo sistema.

Su oferta, indica Upgrade, contemplaba un plan mayor a las tradicionales capacitaciones, ya que «incorporaba el desarrollo de liderazgos y la formación de agentes de cambio» que «permitirían incidir de manera más profunda en el trabajo de las personas». Sin embargo, como la propia Contraloría detectó en su Informe Final N° 918/2017 luego de revisar el avance del sistema, los funcionarios del HOSCAR se abstuvieron de participar en las reuniones, generando un atraso «que se debió a causas ajenas a Upgrade», alega.

«Principalmente, esta negación al cambio se vio reflejada en dos actitudes que adoptaron los funcionarios del HOSCAR que terminaron por provocar evidentes retrasos en el proyecto: (i) sus constantes negativas a asistir a las capacitaciones…; y, (ii) la poca disposición de tiempo que mostraron para participar en etapas claves para el correcto desarrollo del proyecto», señala el escrito.

A ello se agregó que «cada vez que nuestra representada hacía entrega de un hito o etapa del proyecto, el HOSCAR realizaba posteriores cambios de interlocutor, entendiendo por tal al encargado por parte del Hospital de recepcionar la etapa respectiva y tomar conocimiento de su debida implementación; cambios que importaron duplicidades en la información e instrucciones correspondientes, y asociado a ello, aplazamientos en la debida ejecución de los sistemas«.

FRAGMENTADO

En este contexto se enmarca la principal acusación de la querella: numerosas órdenes de compra (13 en total) realizadas por el Fondo para Hospitales de Carabineros a la empresa Deloitte Touche Tohmatsu Limited con el fin de entregar los mismos servicios de auditoría y seguimiento del proyecto que ya habrían estado contemplados en las bases adjudicadas a Upgrade, lo que para ésta refleja «una duplicidad de funciones y de disposición del presupuesto público«.

Respecto a los pagos a Deloitte, conocida competidora de Upgrade y que entregó los análisis que sustentaron multas cursadas a ésta por supuesto incumplimiento de contratos, se acusa a Carabineros de fragmentar la adquisición de auditorías eludiendo el procedimiento de Grandes Compras, «sin la competitividad que dispone el legislador y, más grave aun, sin que el Fondo para Hospitales pudiera obtener las mejores condiciones para sus necesidades».

Además se denuncia la presunta existencia de saldos que aún quedan por facturar a Upgrade, consistentes en $2.842.140.033 por el monto total del contrato original, además de $250.240.043 por las modificaciones introducidas, «totalizando una deuda de más de tres mil millones de pesos por servicios que nuestra representada efectivamente prestó«, refiere el libelo de Colombara.

«Habiéndose consignado la eventual desviación de los fondos previstos para el pago de los Servicios prestados por nuestra representada al Fondo de Hospitales de Carabineros, dependiendo de si la aplicación de los mismos importa su destinación a fines privados o públicos diferentes de los previstos en la partida presupuestaria correspondiente… resultará aplicable el tipo penal de malversación establecido en el artículo 235, o el de aplicación pública diferente tipificado en el artículo 236, los dos del Código Penal«, puntualiza.

En cuanto al resto de los actos dictados contra Upgrade, la mayoría de los cuales tienen la firma del ex general Ricardo Contreras, la empresa imputa el delito de prevaricación administrativa, además del «ilícito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal«, para todos aquellos que hayan tomado intervención durante «el proceso de contratación de la empresa Deloitte».

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, pidiéndose entrevistar, además de los imputados, a los ex directores de Salud de Carabineros Rafael Jiménez Salazar y Ana Nilo Valledor.

Por Matías Rojas