En Chile:

Investigan escucha telefónica a juez que recibió denuncia por supuestas torturas en Baquedano

El magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien ha sido activo en la persecución de eventuales violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en Chile, pidió a la Fiscalía Centro Norte indagar la posible interceptación de sus conversaciones telefónicas privadas.

Una publicación de Radio Biobío indicó hoy que «tanto su teléfono personal como el que le entrega el Poder Judicial, presentaron problemas inusuales mientras desarrollaba su trabajo, en medio de las protestas del movimiento social. Por ello entregó los dos aparatos para que sean periciados».

Urrutia, quien ya prestó declaración por estos hechos ante el fiscal de Alta Complejidad, Jaime Retamal, solicitó que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago encargados de resolver peticiones de organismos policiales y de las Fuerzas Armadas por la Ley de Inteligencia, «informen si los números telefónicos de los celulares que entregó a la fiscalía, aparecen dentro de peticiones para ejecutar medidas intrusivas».

De igual forma habría requerido al Ministerio Público oficiar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para dilucidar si ésta posee «una carpeta de análisis y recopilación de información con su nombre y determinar de esta forma la existencia de revisión del trabajo de los jueces». Lo mismo para Carabineros y el Ejército.

Es precisamente esta última institución la que ha estado en la mira del fiscal Retamal a propósito de la denominada Operación Topógrafo, donde personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) espió a funcionarios militares, activos y en retiro, que denunciaron actos de corrupción cometidos por altos oficiales.

Últimamente, Urrutia ha mantenido un papel clave en la fiscalización de situaciones que vulnerarían derechos humanos, permitiendo, por ejemplo, que el director de la ex Posta Central levantara la insólita prohibición de ingreso a dicho centro asistencial que pesaba en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), además de acusar detenciones ilegales y «terrorismo de Estado», en sus propios dichos.

El juez también fue uno de los dos funcionarios del Poder Judicial que se constituyeron en el cuartel de Carabineros de Estación Baquedano del Metro para verificar si había rastro de torturas contra detenidos, conforme a una denuncia presentada por el estudiante Nicolás Lüer (22 años) a través de la académica de la Universidad de Chile, Myrna Villegas.

Un amparo interpuesto por el INDH en razón de ese testimonio fue rechazado al no constatarse la presencia de detenidos, sin embargo, la justicia remitió los antecedentes al Ministerio Público. Por su parte, Carabineros abrió un sumario para esclarecer versiones de su propio personal.

Sobre el caso, la vocera de la Fiscalía, Marta Herrera, señaló que «no habían personas en ese lugar, pero sí, efectivamente, habían ciertos elementos que a nosotros no hicieron iniciar una investigación, y esa investigación está vigente».

En una entrevista con Tele13Radio, el juez Daniel Urrutia corroboró la existencia de tales indicios y afirmó que es un «error» indicar que el Ministerio Público descartó de plano el relato del denunciante.

«Yo quiero ser muy claro y enfático. En la comisaría (60°), esta tiene una entrada por Bustamante, como la salida trasera… Eso es un túnel de entrada al metro. Esa entrada, que son aproximadamente 30 metros… no tiene cámaras de seguridad, por lo tanto, cuando nosotros revisamos las cámaras de seguridad, ese es un punto ciego», relató.

Urrutia agregó que los «latones» que describió el universitario, donde supuestamente se había colgado a detenidos, «sí existen», y que también «se encontraron siete cartuchos percutados de escopeta» y uno sin percutar, además de «dos amarras» de plástico utilizadas por el Ejército para inmovilizar detenidos.

«Es imposible descartar una investigación en curso. No es cierto que la Fiscalía haya descartado estos hechos. Por eso quiero ser preciso, porque escuché que el ministro de Justicia había descartado esta situación… Eso es falso», subrayó.

A comienzos de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió una denuncia de vulneraciones presentada por Urrutia y pidió dejar sin efectivo sanciones en su contra por criticar el rol que tuvo el Poder Judicial durante la dictadura cívico-militar.

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