En Chile:

Bachelet recibió carta en Washington por caso de torturas en la PDI

El ex detective Ricardo Bopp Negrete, quien denunció torturas cometidas al interior de la Escuela de Investigaciones, en el contexto de una clase donde enseñaban a aspirantes a aplicar electricidad a los detenidos en dictadura, entregó una carta a la presidenta Michelle Bachelet en Washington, cuando la mandataria encabezaba un homenaje al ex canciller Orlando Letelier, en el mes de septiembre.

En la misiva de cinco páginas, Bopp reiteró sus acusaciones contra el ex instructor de la PDI Miguel Bravo Boado, quien llegó al grado de prefecto inspector bajo la gestión del ex director Nelson Mery, y cuestionó la investigación realizada por el subcomisario de la Brigada de Derechos Humanos que tramitó la orden de investigar extendida por el juez Mario Carroza en virtud de los antecedentes que dicho magistrado conoció en marzo de 2015 sobre el caso.

De acuerdo con la querella, que más tarde fue archivada sin mayores resultados en el 34º Juzgado del Crimen de Santiago, Bopp fue reducido y obligado a sentir el contacto de una máquina de tipo magneto, denominada “Lora”, utilizada con fines de tortura, por cuatro aspirantes, Hernán Urzúa Jil, Héctor Ulloa Valle, Jorge Loyola Maulén y Luis Sandoval Monteiro, quien sigue trabajando en la policía.

“Me tiraron al suelo y mientras era sujetado fuertemente por ellos me levantaron las bastillas del pantalón para colocarme entre mis calcetines y tobillos las llaves envueltas en género, las que estaban mojadas, por lo que de inmediato sentí el golpe de electricidad en mis pies, percatándome que quien movía la manivela de la ‘Lora’ era el instructor Bravo”, dijo el ex investigador.

El Ciudadano tomó contacto con el ex funcionario, quien logró entregar su misiva a la jefa de Estado en el marco de su gira por EEUU, donde él reside hace más de 20 años gozando la nacionalidad chilena-estadounidense.

IMG-20160923-WA0004¿Por qué plantea que su denuncia no fue bien investigada?

Es evidente que la denuncia partió mal. La querella original que se le presentó a una organización de DDHH fue dilatada por aproximadamente seis meses. Me solicitaban detalles y me citaban a reuniones cada dos semanas, donde muchas veces no me abrieron la puerta. Por esta razón, muchos antecedentes quedaron fuera. Antes de todo me junté con un colega – cuya identidad no puedo revelar, porque está activo – para saber si es que había base jurídica para presentar una querella. Él se impresionó con los relatos, pero en definitiva terminaron por asustarlo ya que se encuentran involucrados jefes de alto rango, muchos de ellos en retiro o de avanzada edad.

¿Quién, por ejemplo?

En principio queríamos llevar a la justicia al ex director Nelson Mery, por la responsabilidad que le cabría en todo lo que pasó con la muerte de un aspirante, Alberto Villagra Tapia, asesinado con el arma del mismo instructor me torturó a mí y con la cual me amenazó varias veces. Esto porque Mery habría hecho arreglos financieros directos con la madre del aspirante para silenciar el caso. Mery también aparece mencionado en las torturas aplicadas a otro aspirante por el fallecido detective José Barja Flores. En ambos casos, Mery era subdirector de la Escuela de Investigaciones.

¿Cómo responde al informe del SML que descartó un daño emocional en su persona y lo trató de narcisista? Ese documento sirvió finalmente para sobreseer el caso, puesto que las torturas no habrían sido acreditadas de manera suficiente.

Recuerdo que el ministro Carroza el día de mi declaración se molestó porque me negué a firmarle mi declaración a una actuaria, la que no estaba acorde al relato de todas las cosas que vi al interior de la policía y que es mucho más extenso de lo que aparece en la querella original. Me pareció extraño que el primer abogado que llevó mi caso, solicitara exámenes al SML, y se comunicara con sus amistades en ese servicio para que me entrevistaran. Los dos profesionales que hicieron el informe me sentaron en una silla y me interrogaron por 45 minutos. Yo cuestiono eso porque uno sabe y conoce su propio dolor. Bajo el método amedrentador que se utilizó era imposible medir con profesionalismo si fui o no torturado.

Usted también le envió una carta al director Héctor Espinosa y no le respondió. ¿A qué atribuye eso?

Tengo una buena imagen de Espinosa. Lo conocí en la Escuela, pero ese tiempo ya pasó. Él fue y es parte de un alto mando que desde hace años ha formado una estructura al interior de otra, y al momento de enfrentarse a los compromisos de la camarilla no pueden resolver en consecuencia. En mi caso, el compromiso es mayor. Piensa que involucra una lealtad del mando que pretenden confundir con una lealtad hacia la institución y se pretende construir una imagen negativa de mi persona a través de pericias médicas.

¿Basa ello en que la PDI ni siquiera entrevistó a los ex funcionarios acusados en la querella?

Así es. Resulta evidente que hubo una manipulación del Alto Mando para que no se investigara la denuncia de acuerdo a los protocolos establecidos para este tipo de delitos tan delicados, como los de lesa humanidad. Le he solicitado al director Espinosa que ordene un sumario administrativo para establecer responsabilidades, pero ni siquiera ha tenido la deferencia de enviarme una nota acusando recibo. Lo que va a ganar es que el caso crezca. Yo justicia voy a encontrar, por la sencilla razón de que la verdad al final brota de la tierra. El director debiera ser leal con la Presidenta, quien lo nombró y confió en él sabiendo que en materias de DDHH ella tiene un compromiso con la ciudadanía, y él debiera responder como tal.

¿Estima importante que el Programa de DDHH revise más a fondo su denuncia?

Pienso que el Programa debe involucrarse, por tratarse de una denuncia seria, delicada e importante para el país y la institución. Ellos tienen experiencia para tratar este tipo de casos y estoy seguro que se van a involucrar si analizan cada uno de los hechos. No sólo yo fui torturado.

¿Qué decisión espera de parte de Bachelet cuando lea su carta?

La Presidenta es una jefa de Estado que sufrió en persona el terror de la dictadura y la muerte de su padre, tal como lo sufrí yo. Mi padre también falleció luego de ser vejado por la dictadura. Donde guardaba mis cosas en la Escuela yo tenía un casillero, con una carta que él me escribió, de recuerdo. Esa carta me la robaron mis torturadores cuando denuncié lo que ahí ocurría. Yo estoy seguro que la Presidenta ordenará hacer lo correcto y entenderá que este no es un ataque a la Policía de Investigaciones de Chile, sino que tratamos con responsabilidades individuales. Espinosa, en ese sentido, debe estar tranquilo.

¿Evaluará solicitar apoyo a la embajada de EEUU en Santiago?

Si esto no avanza, voy a hacer uso de todos los derechos que me otorga el país que me adoptó por elección. Me fui de Chile apenado, con muchas historias y heridas abiertas por mi padre, por los delitos e irregularidades que me tocó ver al interior de la policía en ese oscuro período. Antes de irme le mandé una carta al ex director Fernando Paredes y él prometió que investigaría todo, con los riesgos a mi vida que eso implicaba. Sin embargo, nada se hizo. Hoy los tiempos han cambiado y sólo espero ver un poco de justicia en Chile.