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Armas de militares a narcos: Comandante en Jefe admite que no informó al gobierno

Hasta la Comisión de Defensa del Senado llegó esta semana el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, para explicar el audio del discurso ante más de 900 funcionarios, donde reconoce la participación de «oficiales» en presuntas ventas de armamento a bandas de narcotraficantes y en el cual llama a defender el sistema previsional de las Fuerzas Armadas con «dientes y muelas».

El ministro de Defensa Alberto Espina, quien también concurrió a la instancia, calificó de «imprudentes» las declaraciones del jefe militar, pero valoró las disculpas de éste y el hecho de haber remitido, bajo instrucción explícita del gobierno, todos los antecedentes del caso por posible tráfico de armas a la justicia ordinaria, sede en la cual se abrió una causa penal que estará a cargo del fiscal Raúl Guzmán.

En la sesión, Martínez aclaró que la situación fue detectada en octubre de este año e involucraría a cinco cabos de la Escuela Militar que darían por extraviados pertrechos particulares, no existiendo uniformados de mayor grado -por ahora- en la lista de sospechosos, ni recursos propios de la institución.

El general se retractó así de lo dicho en el audio filtrado por The Clinic, donde habló directamente de oficiales que abastecían de recursos logísticos a delincuentes, afirmando que solo empleó el término en forma potencial con el objeto de «sensibilizar» a sus tropas.

Paralelamente, reconoció haber omitido informar los antecedentes al gobierno, justificándose en la compleja reestructuración que atravesaba el Ejército y que implicó el llamado a retiro de más de 20 generales, cambio que se dio en medio de la investigación del fraude ligado al Fondo de Ayuda Mutua (FAM), por la cual se indagan comisiones de servicio falsas.

En cuanto a la manera en que dieron a conocer sus dichos a la opinión pública, señaló que «los antecedentes que tenemos apuntan a un oficial que habría hecho la grabación y la habría entregado a un medio», sin mencionar quién, subrayando a su vez que el acto dañó el «honor militar» y que todo será denunciado a la Fiscalía.

«(…) esa grabación también es injusta, porque reproduce segmentos del audio, no reproduce segmentos anteriores o posteriores, que muchas veces entregan un contexto», agregó.

Por su parte, el director de Inteligencia castrense, general Guillermo Paiva, afirmó que no hay claridad sobre el destino de las armas desaparecidas, y que solo existe sospecha de que fueron a parar al mercado informal que utilizan criminales.

El momento más tenso se vivió cuando el senador PS Alfonso de Urresti pidió «más pudor» al general Martínez en cuanto a la parte de su discurso referente a proteger el sistema de previsión del Ejército. «No puede haber un sistema más exclusivo, salud, previsión, vivienda, casas de veraneo, destino. ¿Tienen eso los taxistas, los trabajadores agrícolas?», dijo el parlamentario.

Luego de señalar que Urresti «no conocía» a las FFAA, Martínez contestó, «yo no voy a entrar a una discusión sobre lo que me parece justo o injusto», a lo que el socialista replicó, «usted no conoce mi vida y mi trayectoria, le pido que sea respetuoso… no se pase de listo».

DENUNCIAN HACKEO Y MONTAJE

También por estos días, la diputada comunista Carmen Hertz denunció un presunto sabotaje a sus correos electrónicos, luego de acusarse a través de Twitter que el autor de la grabación oculta al comandante en Jefe habría sido el capitán Rafael Harvey, uniformado conocido por denunciar hechos de corrupción al interior de las filas.

En la publicación, que fue ampliamente difundida en cadenas de WhatsApp, aparece el nombre completo del oficial, a quien tildan de «traidor», y copia de un correo enviado por éste a Hertz, en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja e integrante de la comisión especial que indaga irregularidades en el Ejército, como si ello demostrara un afán de dañar a la institución.

«Es muy grave que mi correo personal haya sido hackeado, los perpetradores de seguro son herederos de la Dina y sus consecuencias criminales impredecibles,pero no me amedrentarán!», escribió la integrante de la bancada del PC en un tweet.

En declaraciones a The Clinic, Herz añadió que es «un intento de montaje muy burdo que tiene la misma impronta que el montaje que intentaron contra mí después de la interpelación al ministro (Hernán) Larraín, en el cual aparezco militando en el MIR y haciendo un llamado a matar personas».

Esta semana, precisamente a raíz de un recurso de protección presentado por Harvey donde alega estar siendo objeto de persecución como denunciante de actos irregulares, el Ejército admitió haber ascendido de rango a cuatro funcionarios que estaban procesados por fraude al Fisco, lo que no se aviene al Estatuto del Personal para las Fuerzas Armadas.

Harvey interpuso además una acción de igual índole -que se encuentra pendiente en la Corte de Apelaciones de San Miguel- contra el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, por no considerar a miembros del Ejército bajo la protección que la Ley 20.205 entrega a funcionarios públicos que denuncian a jefes corruptos, impidiendo que sean calificados por ellos mismos.

Por Matías Rojas

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