Piden cabeza de Julio Ponce Lerou tras inédita condena en caso Cascadas
La Cuarta Sala Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia contra el ex gerente de las sociedades controladoras de SQM, Aldo Motta, en el marco del caso Cascadas.
El tribunal declaró culpable al ingeniero comercial por dos operaciones que buscaron manipular el mercado de valores entre los años 2010 y 2011, una de ellas en la arista Linzor, que implicó el traspaso ficticio de acciones a través de un «palo blanco».
Motta quedó inhabilitado por cinco años para desempeñarse en cargos directivos, como liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o propiedad sometida a fiscalización de la SVS, debiendo además cumplir una pena de cuatro años de libertad vigilada.
La fiscal Centro Norte Ximena Chong, quien estuvo al mando de la investigación, dijo estar satisfecha con «la decisión del tribunal, sin perjuicio que nuestra solicitud de pena era mayor (seis años de cárcel)… Creemos que es un fallo histórico en términos de la sanción a un gerente general de compañías que transan en bolsa».
La determinación también fue valorada por Fernando Coloma, el superintendente de Valores que en 2013 formuló cargos contra Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet y cabeza máxima de las cascadas, el cual también ha sido apuntado como financista en las sombras de diversas campañas políticas.
Coloma indicó a La Tercera que espera ver más formalizados y condenados: «me imagino que la Fiscalía está reuniendo antecedentes para ir contra las personas que participaron del esquema, entre ellas, el controlador, Julio Ponce. Eso sería lo más lógico».
Según comentó el abogado querellante del caso Cascadas, Mauricio Daza, en una entrevista realizada por El Ciudadano a fines de 2017, detrás de Ponce Lerou existiría «un equipo centralizado que coordina soterradamente la defensa de todos y cada uno de los imputados en los casos que involucran de alguna manera a SQM» y que tiene como fin prevenir «que se escale la investigación hacia los directores o dueños de la minera».
En este sentido, para Daza, resultó «hasta gracioso» escuchar a la defensa de Aldo Motta, a cargo del abogado Samuel Donoso, «solicitar la exclusión de la prueba de cargo (en el proceso Cascadas) alegando que se vulnerarían los derechos y garantías constitucionales de Julio Ponce Lerou».
«Se han revelado múltiples antecedentes que avalan la hipótesis de que SQM es una empresa que habría mantenido capturada a toda la clase política durante los últimos años, y que en este contexto nuestras instituciones se nieguen a aplicar todo el rigor de la ley en cada una de las aristas que involucran a la empresa», indicó.
El abogado explicó además que «la defensa de Ponce y los demás involucrados pretenden vender… que nada de esto le afectaría al ciudadano de a pie. Pero según la imputación eso no es así, porque las AFP son una de las principales entidades que han invertido en las sociedades Cascadas de Julio Ponce, y el mayor precio que se pagaba artificialmente era cubierto por accionistas minoritarios, entre los cuales se encontraban las AFP».
«De esa manera se lesionaba el interés de todos los trabajadores, quienes finalmente habrían terminado financiando este esquema fraudulento de ventas cruzadas, con el que Ponce habría ganado una enorme cantidad de dinero», puntualizó.
