Futura base de datos de niños chilenos genera preocupación de expertos
Diversas críticas ha provocado el anuncio de un programa -cuyo plan piloto regirá a partir de este año en 12 comunas de Chile, incluyendo Santiago y La Florida- para detectar en forma temprana los riesgos de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes.
El sistema, a través de una gigantesca base de datos desarrollada por la Universidad Adolfo Ibañez con un costo de $159 millones, hará un mapeo de todos los menores de edad a lo largo del país, identificando las condiciones individuales y familiares que produzcan situaciones ‘no deseadas’, informó La Segunda.
«El mecanismo será utilizado como una herramienta de gestión en las nuevas oficinas locales de la niñez que se instalarán en cada comuna», refrenda el medio, precisando que una vez entregada la alerta el personal «acudirá a constatar el caso y tomará las acciones correspondientes, interviniendo al niño y su familia».
La computadora, cuya creación se enmarca en el Plan Nacional de Infancia 2018 del presidente Sebastián Piñera, se abastecerá de información proveniente del Registro Civil, el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Frente a la noticia, el abogado de la ONG Derechos Digital Pablo Viollier advirtió que es «sumamente delicado establecer una base de datos unificada» con datos sensibles de menores y sus características socioeconómicas y psicosociales, todo lo cual puede llevar a una estigmatización.
«Existe el riesgo de que se pierda, se vulnere, se filtre o incluso que se mal utilice para fines políticos», indicó el jurista, agregando que la experiencia de Nueva Zelada -país en el cual se inspira el modelo- no ha sido lo suficientemente exitosa ni ha justificado el gasto.
Jessica Matus, directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos, también cuestionó la política pública, afirmando que podría generar discriminación social. «Los errores en las decisiones automatizadas de los algoritmos contaminan los modelos predictivos… ¿quién los audita? ¿Se pueden evaluar de forma objetiva? ¿Son transparentes?», señaló.
En conversación con el vespertino, la subsecretaria de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, Carol Bown, desestimó la inquietud, subrayando que «hay todo un sistema de protección de datos y de consideraciones éticas que estamos desarrollando en esta materia… habrá protocolos súper estrictos de forma tal de que (la base de datos) no se haga pública».
