Nuevo director de Gendarmería estaría bloqueando investigación contra sí mismo
Hasta la Contraloría General de la República llegó este miércoles el abogado Javier Lermanda, funcionario a contrata en la unidad que lleva los sumarios abiertos por la Dirección Nacional de Gendarmería, con el propósito de informar supuestas irregularidades cometidas por el reemplazante de Claudia Bendeck a la cabeza de la institución: el coronel Christian Alveal.
A través de un escrito conocido en exclusiva por Verdad Ahora, Lermanda acusa al nuevo director -quien fue elegido en calidad de interino por el ministro de Justicia, Hernán Larraín- de obstaculizar un proceso en su contra por eventual conflicto de intereses y mal uso de vehículos fiscales que Bendeck inició dos días antes de ser desvinculada.
El caso se vincula a un Diplomado en Gestión de Seguridad dictado por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) en el año 2015, y que habría sido contratado por la Escuela de Gendarmería de Chile -estando Alveal como director del establecimiento-, «quien además, paralelamente habría impartido cátedras pagadas en el mismo Diplomado».
Lo anterior, añade el jurista en su denuncia, habría ocurrido mientras el oficial recibía un bono por «asignación crítica», pago que de acuerdo a la Ley N° 19.863 resulta incompatible con la percepción de cualquier emolumento o beneficio económico de origen privado o público, distinto a los que contemplan los respectivos regímenes de remuneraciones.
Lermanda cuenta que la ex directora Claudia Bendeck lo nombró a él como fiscal del sumario, teniendo en todo momento conocimiento de la denuncia realizada por la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales de Gendarmería (ANOPRO) contra Alveal y también respecto a la instrucción misma del expediente, «pues se me consultó mi opinión profesional antes de hacer dicha designación».
Cuando Bendeck renunció, «preocupado por la situación del sumario instruido y de que transcurriera el tiempo sin poder ejercer la función de Fiscal Administrativo (considerando los plazos de instrucción y de prescripción aplicables), comencé a indagar sobre el estado de la Resolución Exenta N° 5.890 y del porqué ésta no llegaba a mi poder, como normalmente ocurre con este tipo de resoluciones», plantea.
«La única respuesta que obtuve de parte de un funcionario que ante mi insistencia accedió a informarme de manera anónima, fue que dicha Resolución se encontraba ‘retenida’ en la Oficina Nacional de Gestión Documental (ex oficina de partes), por orden de la Oficina de Ayudantía de la Dirección Nacional, dependiente jerárquicamente del Gabinete de la misma Dirección y, consecuentemente, de la máxima autoridad institucional, en este caso, el Coronel Alveal», prosigue.
Luego, el propio Alveal dictó una nueva Resolución Exenta, la N° 6.219 del 3 de octubre de 2018, mediante la cual dejó sin efecto la orden emitida previamente por la ex directora Bendeck, «interviniendo de manera directa en un sumario ya instruido en el que él mismo se encuentra involucrado, entorpeciendo dicha investigación administrativa destinada a esclarecer los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades administrativas correspondientes».
Para el profesional del derecho, la conducta de Alveal estaría infringiendo la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración, la cual prohíbe a funcionarios públicos intervenir en asuntos «en que se tenga interés personal», debiendo abstenerse de participar en los mismos. Agrega que, según la jurisprudencia, «basta con que dicho conflicto de interés sea solo potencial para que opere el deber de abstención».
Asimismo Lermanda advierte que está «en una situación de temor a eventuales represalias» en su contra, puesto que ya fue «testigo de las gestiones al margen de la ley que se están realizando para evitar que se realice dicha investigación (por el diplomado de ANEPE), y de la persecución de que han sido víctimas otros colegas».
En concreto, cita el caso de la encargada de la Oficina de Responsabilidad Administrativa, Francisca Noll, quien estaría siendo objeto de un sumario por presuntas filtraciones al líder gremial de ANOPRO, Leandro Tegler, y que el pasado 9 de octubre habría sido «perseguida al interior del edificio administrativo de la institución por gendarmes armados con el pretexto de ‘suspenderla de funciones’, situación absolutamente antijurídica de la que fui testigo presencial y que, en mi opinión personal, no puede tener otro objetivo que el infundir temor en el resto de los funcionarios».
«Por lo anteriormente expresado, solicito respetuosamente al señor Contralor General de la República que acoja a tramitación la presente denuncia, con el objetivo que se investigue y determine la veracidad de lo expuesto y las responsabilidad que de ello puedan derivarse, por el bien de la institución y de las personas (civiles y uniformadas) que honestamente nos desempeñamos en ella», concluye.
LO QUE PIDIÓ EL INTERINO
Aunque Alveal intervino directamente para sacar al abogado Lermanda del proceso, cabe señalar que mediante el Oficio Reservado N° 330 del pasado 3 de octubre el coronel solicitó que la propia Contraloría General de la República sea la encargada de efectuar la indagatoria.
Ello por «la gravedad de los hechos denunciados y la afectación de la imagen institucional», indica la resolución que dejó sin efecto la anterior suscrita por Claudia Bendeck previo a su renuncia.
El hoy director subrogante, «junto con buscar que se cumpla con la debida imparcialidad en la instrucción del Sumario Administrativo» -reza el documento-, pide evitar «la duplicación o interferencia de funciones» entre Gendarmería y el organismo fiscalizador, justificando así la medida cuestionada por el abogado que llevaba el expediente y que hoy teme represalias.
Por Matías Rojas
Ver también: Carta de abogado Javier Lermanda a Verdad Ahora
