Ex detective denuncia clases de tortura en la Escuela de Investigaciones

En 2015, el ex policía Ricardo Bopp Negrete decidió contar su historia a la justicia. Habló de hechos ocurridos en 1982, protagonizados por un profesor de la Escuela de Investigaciones que enseñaba a torturar y convertía a sus alumnos en verdaderos conejillos de indias.

La aplicación de corriente aparece retratada más de una vez en expedientes que recogen los horrores de la dictadura de Pinochet. Fue usada por agentes de la DINA pero también dentro de cuarteles policiales, no sólo para combatir a “subversivos”, sino a delincuentes comunes.

En el proceso de la Operación Colombo, el ex agente civil de inteligencia y otrora dirigente poblacional Osvaldo Romo, habla de un grupo integrado por cuatro detectives que se hacía llamar “Los Papis”. En la década de los ’70 dicha célula interrogó a presos políticos en una parrilla, conectada a un magneto con dos cables y dos llaves simples de casa en los extremos, distribuidas en el cuerpo de los detenidos.

“Yo la vi hasta en el culo”, dijo el ex policía Carlos Larrocau cerca de Chillán cuando El Ciudadano indagaba la querella presentada por el ex detective Ricardo Bopp al ministro Mario Carroza.

Ella sostiene que un instructor de la Escuela de Investigaciones de nombre Miguel Bravo Boado, tildado por sus estudiantes como “Loco Bravo”, sacaba una máquina denominada “Lora” envuelta en paños terciopelados y aplicaba electricidad a algunos aspirantes.

Ricardo es hijo de Raúl Bopp Blu, un ingeniero de la Dirección de Riego de Mulchén que fue interrogado en dictadura por agentes del Centro de Inteligencia Regional (CIRE). Cuando éste murió sumido en la depresión, Ricardo ingresó a la policía civil marcado por el fallecimiento de dicho sostén familiar, sin saber que allí, en la academia que posteriormente llevaría el nombre de Arturo Alessandri, encontraría a Osvaldo Harnisch Salazar, ex miembro del ente represor que había flagelado a su padre en la Región del Biobío.

Harnisch, quien participó en la desaparición forzada del militante del MIR Rudy Cárcamo, según estableció el ministro Carlos Aldana en 2010, era en ese tiempo jefe de la Segunda Compañía de la Escuela ubicada en Ñuñoa. Más abajo estaba el inspector Juan Saldías Valdés, ayudante de la CNI a cargo del curso de Bopp en la Sección “D”. Ambos superiores, y especialmente Miguel Bravo, tomaron atención cuando Bopp realizó una breve exposición de sus antecedentes personales, sin dejar de mencionar a su figura paterna.

Según relata Bopp, ese día marcó el inicio de los acosos. En público, Bravo lo humillaba con castigos de tres horas frente a un muro o con golpes de regla en sus nalgas, manos o pies. No le permitía comer y lo encerraba con llave en el pañol deportivo, obligándolo a trotar de madrugada con un pie descalzo.

Agrega que el maestro acostumbraba a poner en su sien, con la bala pasada, una pistola Browning de 9 milímetros y recitaba frente a todo el curso: “las armas las carga el diablo y se le disparan a los huevones”. Eso antes de enchufar la mentada “Lora” en su piel.

Cerrando heridas

“Creo que los alumnos destacados en el aprendizaje del correcto uso de la ‘Lora’ fueron víctimas de las malas prácticas y enseñanzas de un tipo sin apego a los valores. Pero hubo casos en que se aplicó tortura con electricidad e intencionalmente se llegó a la muerte”, destacó el ex detective Bopp en junio de 2016 cuando visitó Chile para velar a su fallecida madre.

La desaparición de un delincuente apodado “El Alano” y el deceso de un sujeto llamado Anderson García Bugueño son dos casos que Bopp menciona para explicar por qué solicitó su retiro temporal voluntario de la policía en 1984, lo cual hizo tras poner en conocimiento del entonces director Fernando Paredes la vinculación de esos detenidos con la aplicación excesiva de corriente por quienes fueron sus compañeros en Calama.

Ricardo vive hace más de 20 años en Estados Unidos. Cuando finalmente concedió una entrevista, la pena lo consumía tanto como la esperanza de encontrar a alguien que valore su historia.

Sabe que en el fondo muchos colegas activos y en retiro lo odiarán, y comprende que ese es el motivo por el cual muchos testigos no han querido aparecer. Aclara que no es un ataque a la institución: simplemente busca cerrar sus heridas y motivar un reconocimiento público sobre las clases de tortura impartidas en la Escuela de Investigaciones.

Dice que le ha costado entender lo que él llama un manto de protección sobre la figura del “Loco Bravo”. En 1989, siete años después del egreso de Bopp, la mano de la justicia cayó sobre el instructor, aunque suavemente, cuando en un confuso incidente facilitó el arma usada en la muerte del aspirante Alberto Villagra Tapia, según documentos sumariales que El Ciudadano revisó.

Quien disparó a Villagra en el tórax fue el ahijado de confirmación de Bravo, José Torres Garrido, mientras jugaba empuñando la misma Browning que es mencionada en el relato de Bopp. “Cuando le facilité el arma (guardada en una sobaquera) al aspirante Torres, yo salí de mi oficina hasta la antesala, y sin que se percatara el público que atendía procedí a sacármela del cuerpo para entregársela a él”, declaró Bravo al fiscal administrativo Renato Picero Salazar.

En el mismo testimonio reconoció que “en una o dos oportunidades” le prestó su pistola a dicho estudiante para que también la usara en el polígono de tiro.

La primera decisión del fiscal fue decretar varios días de permanencia en el cuartel para Bravo. Sin embargo, una supuesta anotación firmada por el director Paredes solicitó reabrir el expediente y hacer que la sanción propuesta fuera “significativamente menor”. Con ello, la carrera del controvertido tutor siguió adelante y en 1998, el subdirector de la Escuela bajo la administración que investigó el deceso del aspirante Villagra, Nelson Mery, colocó a Bravo en la Jefatura Nacional de Inteligencia, llegando éste al grado de prefecto inspector.

“En el desarrollo de las clases, (Bravo) pedía voluntarios entre los alumnos para hacer las veces de detenidos y torturadores, y en el caso que nadie quisiera participar, los obligaba… ante mi reticencia, me dijo que era un ‘comunista’, un ‘chueco’, que ‘atornillaba al revés’”, explicó Bopp en el libelo presentado al juez Carroza.

Afirma que con ocasión del rechazo indicado, un grupo de alumnos dirigido por Bravo lo redujo. “Me tiraron al suelo y mientras era sujetado fuertemente por ellos me levantaron las bastillas del pantalón para colocarme entre mis calcetines y tobillos las llaves envueltas en género, las que estaban mojadas, por lo que de inmediato sentí el golpe de electricidad en mis pies, percatándome que quien movía la manivela de la ‘Lora’ era el instructor Bravo’”, aseveró.

Las personas que identifica como supuestos agresores son: Hernán Urzúa Jil, Héctor Ulloa Valle, Jorge Loyola Maulén y Luis Sandoval Monteiro. Todos ellos están en retiro, aunque el último de la lista sigue trabajando para Investigaciones como “asesor”.

Juegos de guerra

En mayo de 1992, el detective Juan Barja Flores se convirtió en mártir. De acuerdo a la edición especial “Héroes” de la revista institucional de la PDI, dos antisociales dispararon a Barja a escasa distancia de su casa en Recoleta.

Bopp conoció a Barja como un buen policía cuando ambos eran compañeros de promoción. “Una víctima de Bravo”, enfatiza el ahora denunciante de torturas. Cuenta que poco antes de morir, Barja le confesó que la metodología usada por el instructor Miguel Bravo fue copiada por sus alumnos. Y citó un ejemplo concreto: los tormentos que él mismo infligió a un aspirante de primer año llamado Mauricio Flores Rodríguez.

Gracias a la Ley de Transparencia, El Ciudadano pudo acceder a la investigación interna del incidente ocurrido en abril de 1988 y descubrir los nombres de altos oficiales de la PDI que prestaron colaboración durante el secuestro.

Una noche cuatro alumnos sacaron a Flores de su dormitorio, taparon su boca con tela adhesiva, cubrieron sus ojos con una capucha y esposaron sus manos. Fue subido a un vehículo y cambiado a otro, de ahí amarrado a una silla en una habitación e interrogado. Lo llevaron a las duchas de la escuela, lo mojaron y lo devolvieron a la sala, exhibiéndole un papel con las iniciales “F.M.R.” (Frente Manuel Rodríguez), cuya autoría nunca se aclaró.

“Al llegar al lugar indicado, continúe amarrado a la misma silla y alguien me bajó los pantalones del pijama hasta la altura de los muslos, quedando al descubierto mis órganos genitales. En este sentido prosiguió el interrogatorio del mismo tenor que el anterior, recordando que alguien decía ‘habla cabro’. También escuché que alguien dijo ‘hay que traer la maquinita’”, relató Flores en su declaración.

Fue en ese instante cuando sintió “cuatro o cinco golpes de corriente eléctrica de regular intensidad en la región abdominal y antebrazo derecho”.

El detective Juan Barja reconoció lo ocurrido y habló de una “clase teórico práctica” enmarcada en una operación castrense que denominó “juego de guerra” para capturar de forma encubierta a un “extremista o delincuente (de) tipo político”. Negó en todo momento la responsabilidad de mandos superiores, alegando que el subdirector de la Escuela y posterior director de la institución, Nelson Mery, desconocía la planificación del secuestro, pese a estar presente en el edificio.

El alumno y ahora subprefecto Sandro Gaete, emblemático detective que realizó allanamientos en Colonia Dignidad, atestiguó en el proceso que el instructor le encargó a él “conseguir vendas, tela adhesiva y una sala con llave”.

“Fui designado como jefe del Grupo Rayo, por ser el más antiguo y estaría a cargo del material… Opté por retirarme, debido a que estimé que dicho interrogatorio nada aportaba al conocimiento de mi carrera”, señaló Gaete.

Otro que aparece en el expediente es Daniel Cancino Cornejo, hijo de un ex agente de la DINA y enlace con “La Oficina” que estuvo prófugo en 2015. Quien también fue vinculado sentimentalmente a una asesora del Ministerio del Interior de Bachelet dijo que “formé parte de un grupo de trabajo, cuya misión era evitar que aspirantes de otros cursos tomaran conocimiento (de la clase)”.

Participaron además los siguientes funcionarios activos: el jefe de la Prefectura Nueva Esperanza, José Cabrera, quien leyó un cuestionario a Flores pero abandonó la sala tras ver que el aspirante sufría con el contacto de los cables en su piel; el jefe de la Prefectura Metropolitana Sur, Iván Villanueva, quien rechazó ver a Flores con sus genitales expuestos en el interrogatorio; el jefe de la Bicrim San Bernando, Nelson Hermosilla, quien admitió haber mojado a Flores en el baño; y el jefe de la Prefectura de Arica, Claudio González, quien reconoció haber mentido en una cuenta escrita donde señaló que él, y no Flores, había sido el alumno torturado, ya que así Barja lo ordenó.

La tortura es un mensaje

Para el historiador Cristian Gutiérrez, “el uso de la tortura adquiere en dictadura un carácter más sistemático y forma parte de una maquinaria que está dispuesta racionalmente para la aniquilación de un enemigo”. Gutiérrez manifestó que esa lógica sigue presente en el actuar de Fuerzas Especiales de Carabineros.

“Se utiliza como un amplificador. La persona torturada transmite el miedo de la violencia, ya sea verbalmente o porque desaparece de su grupo social y comienza un trastorno de la personalidad y se sume en depresiones. El efecto social es lo paralizante del miedo”, explicó.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), lamentó que en el presente haya “poca investigación” para casos de tortura. Consultada su opinión acerca de los antecedentes ya relatados, la activista de DDHH señaló que la tortura “es condenable para todo ser humano, sea la víctima un común ciudadano o de un policía que se lo hace a otro”.

“Primero se discutió que la tortura, a estos años, era difícil de probar por daños corporales o físicos, pero los hechos hablan por sí mismos, las historias y la coincidencia de personas en su testimonio. Por lo tanto, ahora que hay muchas querellas, los jueces van a tener que aplicar con convicción lo que significa la tortura”, agregó Lira.

En la causa del ex policía Ricardo Bopp, la Brigada de DDHH de la PDI no empadronó a las personas acusadas en la querella y sólo entrevistó a dos testigos: los ex detectives Ricardo Cari y Víctor Troncoso. Ambos dijeron al subcomisario Roberto Gaete que Bopp era constantemente hostigado en la Escuela y que existía el comentario general de que el instructor Miguel Bravo solía cargar una máquina de tipo magneto.

Gaete luego devolvió la orden y el ministro Carroza, en base a un peritaje del SML, cerró la investigación. Dicho informe sostiene que no se pesquisaron “elementos sugerentes de daños emocional”, pero también precisó que eso “no descarta ni confirma la ocurrencia de los hechos denunciados”.

Bopp pretende reabrir su causa y ha puesto a los abogados Luis Toro y Rubén Jerez a trabajar en el caso. “Espero que el gobierno, a través de sus organismos especializados, tome mi mala experiencia vivida en la Policía de Investigaciones como una denuncia seria y que los detectives aprendan que los derechos humanos no sólo son parte de un protocolo de buenas intenciones, sino el pilar fundamental del respeto a todos los ciudadanos, sin importar su condición”, puntualizó.

El Ciudadano pidió una entrevista con el ministro Mario Carroza pero no hubo respuesta.