Caja de Pandora en licitaciones de Carabineros: Fiscal revisa archivos que se remontan a 2010

Una ampliación de diligencias en la investigación por la millonaria estafa que salpica a un general activo de Carabineros y a dos oficiales en retiro de la policía uniformada está desarrollando el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, quien solicitó antecedentes de otras empresas que habrían participado irregularmente en la construcción de cuarteles institucionales durante los últimos seis años.

El persecutor llegó el miércoles pasado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago cargando un abultado maletín que probablemente contenía diversos tomos del expediente con las declaraciones del ingeniero Francisco Pizarro Dasso, el teniente coronel (r) César Rojas Gaete, el coronel (r) Christian Bustos Morgado y el representante legal de la empresa CGM, Cristian Gutiérrez Martínez, a quienes debía formalizar por el supuesto delito de fraude al Fisco en presencia del Consejo de Defensa del Estado, ente que se ha hecho parte del proceso con dos querellas.

En la última, el CDE pidió que el actual jefe de Zona de la Región del Maule, ex encargado de la Guardia de Palacio de Bachelet y antiguo hombre al mando del Departamento de Cuarteles entre 2012 y 2013, Félix Flores Santis, declarara en calidad de imputado, cosa que hizo el 6 de junio por casi cuatro horas. También que la Fiscalía citara como testigo al general (r) Jorge Rojas Langer, cuestionado por la compra de vehículos deficientes de Mahindra para Fuerzas Especiales.

Ambos tenían directa supervisión de los papeleos que dieron como ganador a CGM para hacerse cargo de cuatro obras en la Región de Aysén y el posterior pago indebido de cifras cercanas a los cuatrocientos millones de pesos por trabajos que nunca se realizaron, dinero cancelado en base a estados de avance falsos que, de acuerdo al testimonio del ITO Francisco Pizarro, fueron emitidos de manera coordinada con el ex uniformado Rojas, el cual distribuiría el dinero con otros «inversionistas».

Así también se cruza el nombre del ahora subdirector de Carabineros Marcos Tello Salinas, director de Logística que entregó uno de los recintos a medio terminar por CGM en Villa Ortega. El Ministerio Público indaga si hubo gestiones para terminar el inmueble con recursos públicos, tapando así un escándalo que ya se había transformado en comentario obligado entre la oficialidad.

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La audiencia de formulación de cargos que había sido programada para este 6 de julio deberá esperar un par de meses. Esto luego de que la defensa del ITO Pizarro solicitara aplazar el importante trámite y los abogados de Rojas, Bustos y Gutiérrez, junto con el propio fiscal Villalobos, adhirieran a la moción. El tribunal postergó así la formalización para fines de septiembre, luego de fiestas patrias y en fechas cercanas a la designación del Alto Mando 2017 de Carabineros, confección de lista que podría dejar fuera al general Félix Flores si su mención dentro de la carpeta del «cuarteles-gate» sigue generando ronchas en el gobierno.

La pregunta que cae de cajón, apuntan fuentes policiales que conocen el caso desde el principio, es por qué el ex general director Gustavo González Jure y su jefe de Personal, Claudio Veloso, optaron por bajar el perfil a la responsabilidad administrativa que un sumario interno de Carabineros detectó en relación al papel que jugó Flores en Cuarteles durante el período en que se debían fiscalizar las obras. El mando de aquel entonces lo sacó de dicha repartición, colocándolo como director de la Escuela de Oficiales, recinto que debe impartir la educación y doctrina que regirá la conducta de los futuros hombres de verde oliva.

Respecto de Flores, el persecutor José Antonio Villalobos no descarta formalizarlo («oportunamente tenemos que tomar decisiones al respecto», precisa) y plantea que su eventual implicancia en los hechos «tiene la misma importancia que todas las otras aristas» que se deben aclarar.

En torno a la posible indagatoria contra otros funcionarios policiales que podrían aparecer en al caso, el fiscal manifestó a El Ciudadano que «por el momento es prematuro darle esa información, pero estamos requiriendo todos los antecedentes a Carabineros que tuvieren por objeto, en el fondo, el haber cometido algún ilícito. Necesitamos recabar gran parte de documentación, principalmente de proyectos que fueron adjudicados a partir del año 2010 y vamos a trabajar en eso para establecer nuevos imputados o nuevos ilícitos que pudieran aparecer en la investigación».

Villalobos dijo estar pidiendo archivos «de todas las empresas» que participaron en licitaciones de cuarteles. «La verdad es que lo que queremos hacer es una indagatoria general respecto de todos los trabajos que se hicieron y por tanto analizar, en concreto, lo que pudiera existir ahí», agregó el investigador de la Fiscalía Oriente.

En la misma línea confirmó que hay declaraciones que apuntan a que se habrían utilizado fondos públicos para terminar la construcción de a lo menos uno de los trabajos que CGM incumplió. «Funcionarios de Carabineros habrían participado en la utilización de esas herramientas, aportando su trabajo en la terminación de este retén, y por tanto es una de las artistas que tenemos que indagar», reconoció.

Fuentes policiales consultadas por El Ciudadano confirmaron que a Aysén viajó una comitiva de uniformados para concluir las faenas, grupo que se habría hospedado en el lujoso Hotel Dreams de Coyhaique. Asimismo, quien recibió conforme las dependencias de Villa Ortega fue el entonces prefecto Sergio Alarcón. Dicho coronel pasó a ocupar este año la jefatura del Departamento de Cuarteles previamente dirigido por Flores en Santiago.

¿QUIÉN ESTAFÓ A QUIÉN?

«Estamos seguros de que no hay ningún antecedente. No existe participación de mi representado en estos hechos», dijo el abogado del oficial (r) César Rojas, Omar Carrasco. Negó de esta manera la existencia de una coordinación para delinquir entre su cliente y el coronel (r) Bustos, admitiendo eso sí que «evidentemente eran personas que se conocían, que trabajaron en la institución, (pero) el Ministerio Público ha tomado eso como un elemento fundante de una acusación que, entendemos, no tiene mayor base».

Consultado respecto a la relación de Rojas (ex de Logística) con la Constructora Grossman S.A, que se adjudicó el término de las obras inconclusas de CGM en una operación también cuestionada, el jurista precisó que el oficial sólo asesoró a la firma «para hacer postulaciones, no solamente a Carabineros de Chile sino a otras instituciones públicas. Parte de la experticia de mi representado es justamente esa, pero no tiene participación en la empresa».

De parte del ex comandante Christian Bustos Morgado, quien presentó su renuncia a Carabineros luego de ser involucrado en el sumario interno de Cuarteles, habló el abogado Daniel Aimone. «La verdad es que hay una supremacía técnica de los informes que se entregaban por parte del ITO de Carabineros de que los estados de avance obedecían al estado real de las obras. Por lo tanto, está claro en toda normativa que la responsabilidad (de no fiscalizar los avances), es de la persona que tiene esas facultades técnicas», aseveró.

El ITO Pizarro ha declarado en la causa que Bustos le instruyó hacer vista gorda de lo que sucedía. Por lo demás, a la investigación se han adjuntado supuestas amenazas de muerte con fines de extorsión que afectaron al representante legal de CGM, Cristian Gutiérrez. El empresario dijo ser víctima de una estafa de Rojas y un aparente chivo expiatorio en este caso de enriquecimiento ilícito que parece incomodar cada vez más, en virtud de las nuevas aristas que surgen, a oficiales de alto rango de la policía uniformada.