Detenidos desaparecidos: La ley de Obama que Chile ya vivió
Periodistas chilenos han descubierto ejecuciones políticas nunca antes reportadas bajo el reinado del terror del general Pinochet, incluyendo la posible ejecución del poeta ganador del Premio Nobel, Pablo Neruda.
Investigadores de Archivos Chile unieron expedientes del Servicio Médico Legal, el Cementerio General, el Registro Civil y la Justicia Militar. Así descubrieron 890 asesinatos políticos entre el 11 de septiembre y fines de diciembre de 1973, según el Santiago Times.
El sangriento golpe de estado fue planeado y orquestado por la CIA luego de que el pueblo chileno cometiera el error de elegir democráticamente a un socialista, Salvador Allende. Posteriormente se reveló que el entonces presidente Nixon había ordenado a la CIA “hacer chillar la economía” en Chile para “prevenir que Allende llegara al poder o para derrocarlo”.
Henry Kissinger, entonces Secretario de Estado, jugó un rol fundamental en el golpe. Encabezó el Comité de los 40, un grupo de alto nivel que ordenó a la CIA desestabilizar al país y planear un golpe militar instalando a un dictador que duró 17 años.
“Los problemas son demasiado importantes como para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos”, dijo en aquel momento. “No sé por qué necesitamos quedarnos quietos y ver a un país volverse comunista debido a la irresponsabilidad de su gente”.
Luego del golpe y la muerte de Allende, Pinochet y su ejército crearon la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional. La DINA sirvió como la principal policía secreta en ejercer la represión política en Chile bajo la dictadura militar.
La DINA no sólo torturó a oponentes políticos, sino que también los asesinó. En 1976, trabajando con la CIA, el OAS francés y el terrorista del fascismo italiano Stefanno Delle Chaia, la DINA asesinó al canciller chileno Orlando Letelier y al activista político estadounidense, Ronni Moffitt, en Washington DC.
El régimen de Pinochet también inició la Operación Cóndor, un programa de monitoreo y asesinato de disidentes en gran parte de Latinoamérica. La Operación Cóndor recibió la aprobación tácita de Estados Unidos y resultó en la matanza de miles de activistas, incluyendo a cerca de 30 mil socialistas, sindicalistas y activistas.
Estados Unidos ahora tiene su propia versión de la Operación Cóndor bajo el Acta de Autorización de Defensa Nacional, firmada el 31 de diciembre de 2011 por Obama. Además de emitir un cheque en blanco para detener indefinidamente a ciudadanos – que en Chile son aún llamados detenidos desaparecidos – la legislación restablece “técnicas mejoradas de interrogación”, en otras palabras, tortura. Complementa una decisión anterior de que los estadounidenses son objetivos militares legítimos y podrían ser asesinados – como presuntamente lo fue el clérigo Anwar al-Awlaki – bajo órdenes de un brazo ejecutivo que desde los años de Bush ha incrementado su semejanza con una presidencia imperial.
Los estadounidenses viven hoy en una dictadura militar no tan diferente de aquella que gobernó Chile. Hasta el momento, el ejército no ha decidido “desaparecer” a estadounidenses en grandes cantidades, llevándolos a estadios deportivos como ocurrió en Chile, donde 40 mil prisioneros políticos fueron detenidos en el Estadio Nacional de Santiago bajo el reinado del terror de Pinochet y la CIA.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que Estados Unidos establezca su propia Caravana de la Muerte – los escuadrones asesinos chilenos – o establezca copias de la Colonia Dignidad, la Esmeralda y otros numerosos centros de tortura y ejecución en Chile?
Estamos a un ataque más de bandera falsa para que Estados Unidos se convierta en un estado policial como el chileno. Los medios de establishment nos aseguran que el próximo ataque no vendrá de las cavernas de Al Qaeda, sino de “extremistas” domésticos y terroristas “solitarios”.
El Departamento de Homeland Security y los globalistas del Consejo de Relaciones Exteriores nos aseguran que el terrorismo próximo será semejante al atentado contra la Ciudad de Oklahoma de 1995 – en otras palabras, que será perpetuado por “extremistas de derecha”, definidos por el DHS, el MIAC y los “centros de fusión de datos” a lo largo del país, como veteranos, activistas por la Segunda Enmienda, constitucionalistas y partidarios de Ron Paul.
Luego de aquel acontecimiento, el aparato de estado policial que el gobierno ha construido meticulosamente durante los últimos veinte años, será puesto en funcionamiento y hará cualquier cosa por copiar lo que Pinochet y su ejército le hicieron al pueblo chileno.
