Cuestionan a Carabineros de Coyhaique por contrato que favoreció a esposa de teniente
La profesora de educación física Bárbara Soto presentó un recurso de protección contra Carabineros de la Región de Aysén por supuestas arbitrariedades en la contratación de personal.
Según el libelo, que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la docente prestó servicios entre 2017 y 2019 como trabajadora a honorarios para la toma de tests de capacidad física a uniformados de la zona.
En febrero de 2020, relata, Carabineros la contactó para informarle que esta relación se mantendría, pidiéndole concurrir a la Prefectura Aysén para firmar su contrato y aportar diversos documentos, tales como su título profesional, certificado de antecedentes, entre otros.
Agrega que el día 26 conversó con el teniente Mario Fritz «para organizar las evaluaciones», y que el 9 de marzo recibió un correo de Pedro Araya, encargado de la Oficina de Gestión Deportiva de Carabineros, para indicarle que la plataforma web de preparación física estaba lista para su uso y que el trabajo comenzaría en abril, debido a la contingencia sanitaria.
Sin embargo, fue en ese intertanto que algo cambió:
«El día 1 de abril recibo una llamada del señor Gory Duarte para informarme que otra persona realizará el proceso de evaluación, al pedirle explicaciones del por qué… me dice que no tiene mayor antecedente al respecto, me pide disculpas y me envía vía WhatsApp el teléfono celular del mayor Rafael Cares (subprefecto de Aysén), al cual llamo para solicitarle una explicación, respondiéndome de muy mala manera, de forma agresiva y prepotente, que este año no tomaré los tests», señala el recurso.
De acuerdo a los antecedentes recabados por Verdad Ahora y que coinciden con los informes que ya han sido entregados a la justicia por el general de la Dirección de Personal, Mauricio González, Carabineros optó finalmente por contratar a la profesional María Jesús Roa, cónyuge del teniente Carlos San Martín Hernández, quien pertenece a la Primera Comisaría de Coyhaique, bajo el mando de Cares.
Para la denunciante, los hechos son claros en cuanto a que «se ha puesto término en forma unilateral y sin justificación alguna a un contrato de prestación de servicios», vulnerando el derecho que le asiste a desarrollar una actividad económica, según lo establece el Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política.
Este portal leyó las respuestas y defensas de Carabineros, advirtiendo una gran contradicción: mientras que el mayor Cares ha pedido rechazar la acción bajo el argumento de que él no era la entidad competente para firmar el contrato, el general González indicó que fue la Prefectura Aysén la que «comunicó que desistía de perseverar en el proceso de contratación» de Soto.
Cabe recordar que dicha repartición ha estado envuelta en diversas polémicas durante el último tiempo, como la salida del coronel Pablo Capetillo, formalizado como presunto autor del delito de obstrucción a la investigación luego de excluir evidencias que mostraban la inocencia del universitario Martín Sanhueza (19 años), acusado de lanzar una piedra a Fuerzas Especiales.
A la Región de Aysén, para hacer reemplazo de este oficial, llegó el coronel Benjamín Piva, quien trabajó con el hermano del general director Mario Rozas en la ciudad de Concepción.
Por Matías Rojas
