Contraloría revisa extraño manejo de especies asignadas al director de la PDI
La Contraloría General de la República está analizando una denuncia por incongruencias en un difuso retiro de muebles y aparatos electrónicos fiscales destinados al uso del director general de Investigaciones, Héctor Espinosa.
La sospecha recae sobre la Resolución Exenta N° 193 del 18 de julio de 2019 –ver aquí-, donde se aprueba la «baja sin enajenación» de 138 especies, entre mesas, sillones, paneles divisorios, televisores, monitores, impresoras, microondas, lavadoras, licuadoras, reproductores DVD, un sistema de aire acondicionado y una licorera, con un avalúo total de $33.335.903.
El documento se sustenta en un certificado emitido por el entonces jefe de Gabinete de Espinosa, prefecto Juan Carlos Carrasco Ortiz, quien «acredita que las especies señaladas… se encuentran físicamente en su unidad y no aptas para su uso, resultando su reparación y/o mantención demasiado onerosa e inconveniente para el Fisco».
Según los antecedentes recabados por Verdad Ahora, la situación planteada por el oficial sería absolutamente falsa, ya que los artículos se encontraban en buen estado.
Es más, de acuerdo con lo señalado a este medio por una fuente de la PDI que conoció el caso, parte del mobiliario habría desaparecido «desde un container en el recinto del ex Aeropuerto Los Cerrillos, donde funciona una unidad policial muy bien resguardada, sin que al respecto se haya instruido un sumario administrativo o denunciado los hechos a la justicia».
«En las reparticiones públicas, las especies dadas de baja deben ser enajenadas mediante remates públicos, pero en esta ocasión se inventó que las especies estaban en tan pero en tan mal estado que no se podían enajenar», agregó.
SIN EFECTO
Con fecha 16 de enero, el autor de esta nota envió una solicitud vía Ley de Transparencia a la PDI con el fin de acceder a todos los «documentos que sustentan y/o fueron tenidos a la vista» al momento de confeccionarse la resolución cuestionada.
La presentación requirió detalles sobre «la ruta, custodia, traslado y detalles del transporte de las referidas especies… entre distintas unidades de la institución», además de la «identidad del o los funcionarios/as que estuvieron a cargo de los mismos».
En su respuesta, el prefecto jefe del área Jurídica de Investigaciones, Luis Silva Barrera, indicó que la información no podía ser entregada, ya que el tantas veces mencionado procedimiento de manejo de especies había sido «invalidado» a través de una nueva resolución emitida por la Subdirección de Administración, Logística e Innovación.
Silva planteó –ver aquí– que la decisión de dejar sin efecto el primer acto administrativo de los muebles fue adoptada el 24 de enero, es decir, ocho días después del ingreso de la solicitud de Verdad Ahora, añadiendo que se estaba elaborando una nueva resolución para «adecuarla a la reglamentación vigente sobre la materia… donde se subsanen los errores».
«FALTA DE PROLIJIDAD»
Contestando una posterior consulta de este medio, la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI confirmó que la Resolución Exenta N° 193 «presentaba errores administrativos» y que los antecedentes «se encuentran en poder de la Contraloría General de la República».
En cuanto al dudoso certificado emitido por el subalterno de Espinosa, Juan Carlos Carrasco, la policía señaló que, como «encargado del inventario de la Dirección General, se le representó por escrito su falta de prolijidad en la confección del referido documento y que fue dejado sin efecto posteriormente».
En cuanto a la ubicación actual del mobiliario, expresaron que las especies aún estarían siendo utilizadas con fines públicos y que, como si nada hubiera ocurrido, estarían «distribuidas en distintas unidades dependientes de la Dirección General».
El prefecto Carrasco, aludido en la denuncia que deberá ser resuelta por Contraloría, ejerce actualmente como jefe nacional de Delitos Contra los Derechos Humanos y las Personas.
Por Matías Rojas
