Confirman irregularidades en millonaria compra bajo las narices del director de Gendarmería
Cerca de tres años ha durado la tramitación de un sumario interno de Gendarmería por diversas anomalías en el proceso de adquisición de máquinas de pavonado por un monto superior a los $64 millones.
La adjudicación y contrato de Mercado Público -efectuados en noviembre de 2014 bajo el código de licitación 2561-158-LP14- llevan la firma del actual director de la institución, Christian Alveal, coronel que encabezaba la Escuela de Gendarmería y que actuó representando al organismo contratante.
«La Escuela se reserva la facultad de realizar análisis técnicos del equipo entregado e instalado, a través de los organismos acreditados que estime pertinente, con el propósito de determinar si el equipo entregado cumple fielmente con la calidad técnica ofrecida», plantea el documento suscrito por Alveal y David Munizaga, gerente de la empresa Importaciones y Exportaciones DMR.
SECRETO BIEN GUARDADO
La investigación recién fue abierta en 2017 a raíz de un informe elaborado por un jefe entrante de la Sección de Armamento y Municiones (SAM) del Departamento de Seguridad de Gendarmería, quien detectó que los elementos adquiridos no habían sido instalados.
Aunque uno de los fiscales administrativos informó al director de la época, Jaime Rojas, que el propio Alveal podía tener responsabilidad en los hechos, el expediente solo ha dirigido imputación contra un mayor de nombre Miguel Martínez, encargado de la SAM durante el proceso de compra de la maquinaria.
Verdad Ahora solicitó conocer el expediente completo por Ley de Transparencia, sin embargo, la institución respondió que el sumario todavía era secreto, ya que existían diligencias pendientes.
Aun así, este medio accedió, por otras vías, a una resolución emitida recientemente que detalla los cargos disciplinarios que enfrenta el oficial Martínez, cuya defensa ha indicado que «todo el proceso de adjudicación, contrato de compra venta y resolución que aprueba el contrato, firma de la factura y pago (del pavón), estuvo a cargo del área de compras de la Escuela de Gendarmería«.
El documento de 15 páginas señala que «la actual Máxima Autoridad del Servicio (aludiendo a Christian Alveal)» solo «prestó declaración en el proceso como testigo», pese a lo cual Gendarmería envió el expediente al ministro de Justicia Hernán Larraín, quien resolvió aceptar la «imposibilidad» de Alveal «para dictaminar sanciones funcionarias», dejando todo en manos de su subalterno, el coronel Pablo Toro.
El texto solicita derechamente la destitución de Martínez. En la misma línea atribuye toda la fiscalización del contrato a la SAM, argumentando que Alveal solo habría efectuado «apoyo» en las bases del concurso y ejecución del mismo «por temas de rapidez en la gestión licitatoria».
EL DESVÍO
La vista fiscal sostiene que el inculpado «permitió que la empresa DMR Limitada entrara a trabajar a dependencias de la SAM con fecha 16 de diciembre de 2014, previamente a que se aprobara el contrato». Refiere además que los trabajos debieron paralizarse por un hallazgo de osamentas desconocidas en el lugar a intervenir, aunque tal circunstancia, achaca, no habría sido «informada» al área administrativa de la Escuela para detener los pagos.
Por otra parte, citando una declaración, se dice que «al consultar al Sr. Munizaga, representante legal de DMR Limitada, respecto a la culminación de los trabajos inconclusos y que ya se encontraban pagados, habría manifestado que con la autorización y aprobación suya (Martínez), los recursos económicos destinados para ese proyecto fueron redirigidos a la reparación e implementación del Taller Central de Armería, consistentes en trabajos ya entregados, y que por lo tanto la sala de pavón ya no sería intervenida por la disminución y extensión de los dineros comprometidos a la fecha«.
«La conversación habría sido en presencia del Subteniente Alexis Lillo Reveco. Por lo demás, según lo declarado por el funcionario Ramón Morales, efectivamente en ese tiempo se realizaron trabajos de mejoramiento en el Taller de la SAM, los cuales son apreciables, sin existir evidencia de algún proceso licitatorio que los haya regulado. Lo anterior se traduce en una irregularidad grave y contraria a toda normativa vigente«, concluye.
Verdad Ahora contactó al mayor Miguel Martínez para ampliar su versión de lo ocurrido, pero omitió hacer declaraciones.
Fuentes consultadas por este portal señalaron que el caso está siendo investigado por la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI.
Por Matías Rojas
