Documentos demostrarían que ex ministra Williams mintió sobre tragedia minera en Chile Chico

En junio de 2017, la entonces titular de Minería Aurora Williams viajó a la Región de Aysén para supervisar la búsqueda de Enrique Ojeda (34) y Jorge Sánchez (26), dos trabajadores atrapados en la mina Delia 2 de Chile Chico, perteneciente a la compañía Cerro Bayo.

Williams aterrizó con Emerson Segovia, jefe de gabinete del anterior mandamás del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez, conocido también como un estrecho colaborador del senador PPD Guido Girardi.

Coincidiendo con su llegada, el alcalde criticó el papel del Comité Operativo de Emergencia y la decisión de rechazar el uso de maquinarias argentinas para el rescate.

Fue en ese contexto que el día 14, como publicó La Tercera, Williams respondió ágilmente a los cuestionamientos. Señaló que toda labor debía cumplir «un orden», que no había que «especular», y que en última instancia la responsabilidad del accidente recaía en la empresa «como cualquier accidente minero que se produzca en el país».

Además sostuvo que el proyecto de inversión canadiense estaba al día con sus autorizaciones. «Esta era una faena que estaba en su punto culmine, en tres o cuatro meses dejaba de operar, conforme a los permisos que tenía, otorgados por Sernageomin”, aseguró la ministra.

El Ciudadano investigó la veracidad de estas palabras -emitidas antes que el gobierno declarara oficialmente la muerte de Ojeda y Sánchez, y que nunca fueron desmentidas-, logrando establecer que Williams faltó a la verdad: Delia 2 contaba solo con un permiso del año 2011, el cual se encontraba vencido al momento de ocurrir el accidente.

En aguas profundas

Superando el límite reglamentario para contestar solicitudes por Ley de Transparencia, el director nacional de Sernageomin, Mario Pereira, proporcionó al medio antecedentes que echan por tierra lo señalado por la ministra Williams en el sur austral (ver aquí).

Mediante un oficio de fecha 20 de septiembre, Pereira entregó al diario la Resolución Exenta Nº 0644, del 22 de marzo de 2011, que aprobó la «Ampliación Proyecto Dagny» de Cerro Bayo Limitada, nombre técnico del yacimiento (ver aquí).

Según el documento, la empresa contaba solamente con ese permiso, que estableció una vida útil de cuatro años de exploración. Concretamente, el proyecto debía terminar en 2015, es decir, dos años antes de la tragedia en la Región de Aysén. Pereira admitió que no existen autorizaciones posteriores emitidas por Sernageomin.

«Rehabilitación del terreno, para llevar el sitio a las condiciones lo más parecidas a su estado natural, considerando que este sector se encuentra altamente intervenido», fue el compromiso que asumió la empresa en la resolución de 2011 que lleva la firma del director nacional de la época, Enrique Valdivieso.

La promesa incluyó «ejecutar y dar total y cabal cumplimiento, en cuanto a los diseños y acciones de todas las obras detalladas en el Proyecto» y «aplicar todos los procedimientos y medidas de seguridad» en la operación de Delia 2, últimas que no funcionaron para detener la inundación de la mina.

Negligencia

Fuentes de minería señalaron a El Ciudadano que, de haberse alertado por fiscalizadores del Sernageomin la no existencia de un permiso vigente, lo correcto habría sido paralizar la obra. Indicaron además que el servicio no cuenta con personal de ese tipo en la Región de Aysén, por lo que si alguien fiscalizó tuvo que hacerlo desde el Biobío.

También hablaron de posibles responsabilidades penales que podrían aflorar en el caso. En 2013, el Ministerio Público investigó como cuasidelito de homicidio negligencias de funcionarios del Sernageomin que impidieron prever el derrumbe de relaves pertenecientes a la minera Las Palmas, el cual dejó a una familia entera bajo el lodo en la Región del Maule.

El Ciudadano pidió aclarar al Ministerio de Minería en qué se basó la titular de esa cartera para decir que Cerro Bayo contaba con el visto bueno de Sernageomin para operar «tres o cuatro meses» después de la fecha en que los trabajadores Ojeda y Sánchez quedaron atascados en las profundidades de la mina.

Se escribió un correo electrónico a la ministra Williams pero no hubo respuesta. Se insistió en forma presencial con su periodista, Gabriela Novoa, quien señaló que la ministra no mintió en sus declaraciones a La Tercera, pero tampoco iba a referirse al tema por existir «una investigación en curso».

Las mismas preguntas fueron enviadas al director nacional de Sernageomin, Mario Pereira, pero en el edificio de Avenida Santa María en Santiago, contestaron de forma similar, negándose a entregar alguna versión y a conceder entrevista con el geólogo que encabeza la entidad.

Jefe de gabinete

Habiendo usado todos los canales formales con el área de prensa, El Ciudadano recurrió a la Ley de Transparencia para instar a ambos servicios públicos a absolver las dudas del caso.

Fue solo así que el medio logró obtener el oficio del 20 de septiembre de Sernageomin que explícitamente contradice a la ministra de Minería al indicar, como único permiso del proyecto de Cerro Bayo, la Resolución Exenta Nº 0644 del 22 de marzo de 2011. Pero hubo un detalle: pese a que se adjuntó la nota electrónica de La Tercera con las declaraciones de Williams para que informaran «el sustento» de las mismas, afirmaron que el enlace no podía ser abierto.

Pereira indicó que «no es posible acceder a la publicación que indica, pues luego de ingresar con el vínculo señalado aparece el siguiente mensaje: ‘Página no encontrada o de acceso restringido’«. El Ciudadano detectó que en la respuesta el enlace fue transcrito de forma distinta a aquella ingresada en la solicitud.

Desde el Ministerio de Minería, el jefe de la división jurídica Felipe Curia optó por derivar a Sernageomin la solicitud completa sobre los permisos de Delia 2. En una parte se exigió conocer las comunicaciones que tuvo la ministra Aurora Williams con dicho servicio antes de decir públicamente que la mina operaba de forma legal.

A través de un correo electrónico, el 14 de agosto, Karim Abdo, encargado de Transparencia del ministerio, solicitó «lineamientos» para contestar lo requerido al jefe de gabinete de Williams, Patricio Díaz.

«En lo que corresponde al artículo del diario La Tercera, nos parece que lo más adecuado es derivar la solicitud al Sernageomin, ya que dicho organismo tiene todos los antecedentes al respecto», resolvió la mano derecha de la ministra el 21 de agosto.

Las respuestas parciales de Minería y Sernageomin llevaron a El Ciudadano a interponer dos reclamos ante el Consejo para la Transparencia -organismo que se encuentra por encima de todas las oficinas de instituciones públicas sobre transparencia-, con los roles C3111-17 y C3112-17.

Dicho ente ya había acogido un amparo interpuesto por El Ciudadano en 2016, cuando el Ministerio de Minería se negó a proporcionar copia del sumario interno por facilidades entregadas al Grupo Luksic desde el gabinete de Aurora Williams, quien trabajó para una empresa de la familia en Antofagasta.