The Guardian: Estudiantes marchan por un Chile mejor
El gobierno chileno de Sebastián Piñera está enfrentando tiempos difíciles. Además de un índice de desaprobación ciudadana que llega al 56%, el presidente ahora tiene que lidiar con protestas estudiantiles masivas a una escala no vista en Chile desde el regreso a la democracia en 1990. La última protesta unió a cientos de miles de personas a lo largo del país, que exigían una mejor educación pública y justicia social en uno de los países con los niveles de inequidad más altos, según el índice Gini.
El reflejo más claro de esta inequidad en Chile puede ser visto en la educación. Como resultado de una serie de reformas neoliberales, Chile ha desarrollado uno de los sistemas educacionales más segregados del mundo, con participación estatal insuficiente. El gasto público en la educación representa el 4% del producto interno bruto (PIB), comparado con el 7% en países desarrollados. Esto se ha traducido en una tendencia a la privatización ascendente de la educación desde los 1980s.
La dictadura de Augusto Pinochet priorizó la libertad de la educación por sobre el derecho a la educación, abriendo ésta al mercado, como si fuese un producto para comprar y vender. La Concertación, una coalición socialdemócrata que gobernó desde 1990 a 2010, administró este modelo, introduciendo ciertas reformas que se enfocaron en el acceso, pero ignoraron calidad y equidad. Hoy, sólo el 10% de los estudiantes chilenos acceden a escuelas que les proveerán oportunidades reales para el futuro.
La mayoría de los estudiantes deambulan por escuelas públicas y escuelas deficientes subvencionadas o abonadas. El sistema universitario también fue reformado en los 1980s, permitiendo la proliferación de universidades privadas (muy pocas de las cuales son decentes) que, a pesar de ser calificadas como organizaciones sin fines de lucro, son muy rentables para sus propietarios gracias a una serie de subterfugios. El propio ministro de educación, Joaquín Lavín, poseía una universidad antes de llegar al cargo.
Por el contrario, las universidades públicas se han vuelto cada vez más débiles y hoy son apenas capaces de financiar muchas de sus operaciones básicas. Por ejemplo, la Universidad de Chile, la principal universidad del país y una de las mejores en Latinoamérica, solo recibe un 14% de su presupuesto del Estado. Tiene que ser costeada con honorarios, pasando la carga financiera a sus estudiantes. En realidad, las familias financian el 73% de la educación superior en Chile, una cifra que excede enormemente el promedio (16%) de los países de la OCDE. Esta es una de las principales demandas de los estudiantes que se están tomando las calles. Ellos cargan enormes deudas, que podrían alcanzar los $100,000 pesos (£62,000) dentro de 20 años.
El actual sistema educacional está fundado sobre el neoliberalismo, la privatización, un clima de sobre-expectación y promesas de movilidad social. Sin embargo, la sociedad chilena está estratificada, con un pequeño grupo que posee todos los privilegios. No hay ningún espacio real para la meritocracia o la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, el índice de desempleo entre la gente joven (15.2%) es más del doble del promedio nacional. La mayoría de los jóvenes están incrementando su frustración al ver cómo todas las esperanzas para su futuro chocan con la triste realidad.
Los primeros signos de este mal aparecieron en 2006, cuando miles de estudiantes de escuelas secundarias se tomaron las calles en lo que se conoció como la “revolución pingüina”. Lograron anular la LOCE, la ley orgánica de la educación establecida por la dictadura de Pinochet, que fue luego reemplazada por la Ley General de Educación (LGE) en un acuerdo firmado por todos los partidos políticos. No obstante, la ley fracasó en satisfacer tanto a los estudiantes como los profesores debido a que ninguna reforma real del sistema educacional público ha sido realizada.
Estudiantes y profesores entienden que fortalecer la educación pública contribuirá enormemente a construir una sociedad más justa y una mejor democracia. Las reformas neoliberales que promovieron la competencia y la privatización han fallado porque han sido incapaces de superar las divisiones sociales existentes y han perpetuado privilegios.
Algunos dicen que el sistema educacional chileno no está en crisis y recurren a cifras sobre el acceso para elaborar su argumento. Sin embargo, ellos no dicen nada sobre la inequidad o la calidad de la educación. Por suerte, estudiantes se están movilizando para recordarnos que una mejor educación pública significa un mejor país.
